El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado de forma continua a Xóchitl Gálvez, aspirante opositora, durante sus conferencias matutinas con el objetivo de desacreditarla, destaca un artículo publicado en el Wall Street Journal. La periodista Mary Anastasia O’Grady también señala que el presidente se ha negado a recibir a Xóchitl Gálvez para ejercer su derecho de réplica, a pesar de la orden de un juez.

“AMLO no respeta la ley cuando pretende destruir a un oponente (…). Cuando no está abusando de su poder en su contra, Xóchitl Gálvez, lo está insultando descaradamente”, se menciona en el texto. La articulista afirma que López Obrador considera a Xóchitl Gálvez como una amenaza de cara al próximo proceso electoral.

“El presidente tiene razón al estar preocupado (…). Morena parecía invencible hace apenas un mes”, se lee en la publicación del WSJ. Es importante mencionar que Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México, ya ha presentado una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por violencia política de género y violaciones a la equidad electoral.

“Xóchitl Gálvez es la peor pesadilla del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador”, añade Mary Anastasia O’Grady en su publicación. El pasado 4 de julio, Xóchitl Gálvez se registró para participar en el proceso interno del Frente Amplio, que actualmente se encuentra en la fase de recolección de firmas. Los 13 aspirantes deberán obtener el respaldo de 150,000 personas en al menos 17 estados del país para continuar en la contienda. La senadora del PAN anunció el pasado 27 de junio su intención de buscar la candidatura presidencial para el próximo año, asegurando que será la próxima presidenta del país a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.

Han pasado dos semanas desde el trágico asesinato de Hipólito Mora, el valiente agricultor de limón que en 2013 se levantó en armas para enfrentar a la delincuencia organizada en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Latinus tuvo la oportunidad de entrevistar a Hipólito Mora en el comedor de su casa en el poblado de La Ruana, municipio de Buenavista, un mes y 13 días antes de su fatídico asesinato. Durante la entrevista, Mora expresó su orgullo por haber organizado a los ciudadanos para vigilar y denunciar a los delincuentes que han tomado el control de Tierra Caliente a través de extorsiones, cobros de piso, asesinatos y desapariciones.

Consciente del peligro que enfrentaba, Hipólito Mora sabía que su vida estaba en riesgo debido a las críticas que dirigía hacia los gobiernos estatal y federal, así como hacia el grupo conocido como “Los Viagras”, que actualmente controla el territorio de Tierra Caliente.

Lamentablemente, esta entrevista resultó ser una de las últimas, ya que el 29 de junio un comando armado atacó su camioneta blindada con granadas, balas y fuego. El vehículo en el que Hipólito Mora perdió la vida fue objeto de más de mil balazos y finalmente fue incendiado.

La valentía y determinación de Hipólito Mora para enfrentar a la delincuencia y defender a su comunidad dejaron una huella imborrable. Su trágico asesinato es un recordatorio escalofriante de los peligros que enfrentan aquellos que luchan por la justicia y la seguridad en nuestro país.

La extradición de Rafael Caro Quintero, conocido como el “narco de narcos” y previamente uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA, ha sido utilizada por México como una herramienta de negociación en materia de seguridad con Estados Unidos, según expertos. A pesar de haber sido detenido por segunda vez en la sierra de Sinaloa hace un año, Caro Quintero se encuentra a la espera de ser entregado a la justicia estadounidense.

Sin embargo, analistas plantean que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estaría alargando el proceso de extradición con el objetivo de ejercer presión sobre Estados Unidos en temas relacionados con el tráfico de armas y fentanilo. Según David Saucedo, especialista en seguridad pública, parece ser que el gobierno mexicano está permitiendo que Caro Quintero agote todos los recursos disponibles para retrasar su extradición hasta llegar a una negociación.

Aunque la extradición del narcotraficante podría formar parte de un amplio paquete de medidas de seguridad entre ambos países, Javier Oliva, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostiene que no resolverá asuntos específicos, descartando la posibilidad de un acuerdo relacionado con el fentanilo, pero considerando una opción viable dentro de un acuerdo más amplio.

El prolongado proceso de extradición de Caro Quintero refleja las complejidades y los intereses en juego en las negociaciones de seguridad entre México y Estados Unidos, y se espera que esta situación continúe generando debate y especulaciones en el futuro cercano.

Aunque la ley prohíbe las campañas anticipadas que algunos políticos han iniciado, como los aspirantes de Morena y del Frente Amplio por México, expertos en derecho electoral han afirmado que ninguno de ellos perdería el registro como candidato presidencial debido a la permisibilidad de la ley electoral para estos casos.

Jorge Aljovín Navarro, experto en temas electorales y constitucionales, junto con Eric Guerrero Luna, abogado especializado en derecho electoral, han explicado que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece sanciones, como la pérdida de registro, para los aspirantes que cometan actos anticipados de precampaña, obtengan ventajas indebidas, realicen llamados al voto, encabecen reuniones públicas, aparezcan en espectaculares o promocionales en radio y televisión, o reciban apoyo de grupos fuera de los tiempos estipulados por la ley. Sin embargo, ambos expertos coinciden en que estas sanciones no se aplican en la práctica.

Eric Guerrero advierte enfáticamente que, a pesar de las violaciones evidentes a la ley al realizar giras o asambleas informativas, ninguno de los aspirantes presidenciales perdería su registro en caso de convertirse en candidatos de sus coaliciones para la presidencia. Argumenta que el derecho a ser votado es un derecho humano y no puede ser eliminado si está expresamente garantizado por la ley.

Otro motivo que señala es que, aunque la ley exige que los partidos y precandidatos presenten un informe de gastos de campaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE), este informe puede presentarse en ceros, incluso si se han realizado gastos.

En conclusión, los aspirantes que resulten elegidos como candidatos presidenciales de sus respectivos partidos podrían enfrentar sanciones económicas o amonestaciones, pero no perderían su registro como candidatos. Esta situación plantea un debate en torno a la aplicación efectiva de las sanciones establecidas por la ley electoral.