Aunque la ley prohíbe las campañas anticipadas que algunos políticos han iniciado, como los aspirantes de Morena y del Frente Amplio por México, expertos en derecho electoral han afirmado que ninguno de ellos perdería el registro como candidato presidencial debido a la permisibilidad de la ley electoral para estos casos.
Jorge Aljovín Navarro, experto en temas electorales y constitucionales, junto con Eric Guerrero Luna, abogado especializado en derecho electoral, han explicado que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece sanciones, como la pérdida de registro, para los aspirantes que cometan actos anticipados de precampaña, obtengan ventajas indebidas, realicen llamados al voto, encabecen reuniones públicas, aparezcan en espectaculares o promocionales en radio y televisión, o reciban apoyo de grupos fuera de los tiempos estipulados por la ley. Sin embargo, ambos expertos coinciden en que estas sanciones no se aplican en la práctica.
Eric Guerrero advierte enfáticamente que, a pesar de las violaciones evidentes a la ley al realizar giras o asambleas informativas, ninguno de los aspirantes presidenciales perdería su registro en caso de convertirse en candidatos de sus coaliciones para la presidencia. Argumenta que el derecho a ser votado es un derecho humano y no puede ser eliminado si está expresamente garantizado por la ley.
Otro motivo que señala es que, aunque la ley exige que los partidos y precandidatos presenten un informe de gastos de campaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE), este informe puede presentarse en ceros, incluso si se han realizado gastos.
En conclusión, los aspirantes que resulten elegidos como candidatos presidenciales de sus respectivos partidos podrían enfrentar sanciones económicas o amonestaciones, pero no perderían su registro como candidatos. Esta situación plantea un debate en torno a la aplicación efectiva de las sanciones establecidas por la ley electoral.
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