La Fiscalía General de la República (FGR) ha generado una controversia creciente en relación al caso del reconocido periodista Ciro Gómez Leyva. A pesar de haber solicitado y obtenido una prórroga de cuatro meses para llevar a cabo investigaciones complementarias, la fiscalía aún no ha logrado presentar acusaciones formales contra las 12 personas detenidas en relación al fallido atentado contra la vida de Gómez Leyva.

Según las informaciones disponibles, solo una de las personas involucradas habría sido responsable directa del disparo y del homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, la fiscalía no ha determinado aún los cargos específicos que imputará a las otras 11 personas detenidas. Esta falta de claridad plantea la pregunta fundamental de qué delitos se les imputarán, generando incertidumbre tanto en el ámbito legal como en la opinión pública.

Resulta relevante destacar que Ciro Gómez Leyva ha recibido un respaldo significativo por parte de las autoridades, en especial de la Secretaría de Seguridad encabezada por Omar García Harfuch. Sin embargo, este apoyo contrasta con el desempeño de la Fiscalía General encabezada por la fiscal Ernestina Godoy, que ha sido objeto de críticas y sospechas debido a la falta de avances y la aparente falta de transparencia en la investigación.

La falta de resultados concretos después de seis meses del ataque resulta preocupante y genera interrogantes sobre la capacidad y compromiso de la fiscalía para esclarecer el caso. Las continuas solicitudes de ampliación de plazo por parte del Ministerio Público para presentar acusaciones específicas han generado escepticismo y han alimentado las dudas sobre la eficacia de la investigación.

Entre las tareas pendientes se encuentra la realización de una valoración psicológica de Ciro Gómez Leyva, que hasta el momento no se ha llevado a cabo debido a supuestas dificultades de agenda del periodista. Además, la fiscalía aún no ha obtenido la autorización necesaria para tomar muestras de voz de los imputados ni para extraer y analizar información de dispositivos electrónicos encontrados en diferentes lugares. Asimismo, se espera que se investiguen a fondo las redes de cruces y vínculos relacionados con el caso, y que se realice un análisis pericial exhaustivo de la identificación fisonómica basado en las fotografías de los imputados y los informes policiales correspondientes.

Además de estas tareas, la fiscalía tampoco ha logrado notificar a los propietarios de los domicilios que fueron cateados durante la investigación, y aún se aguardan respuestas por parte de las autoridades estatales, bancarias y de otras jurisdicciones involucradas en el caso.

Esta situación genera preocupación no solo en relación al caso de Ciro Gómez Leyva, sino también en cuanto a la eficiencia y diligencia de las autoridades en la resolución de otros casos de violencia y desapariciones en el país. La falta de avances concretos y la aparente demora en la impartición de justicia plantean interrogantes sobre el trato que reciben las víctimas y sus familias, así como sobre la capacidad del sistema de justicia para garantizar la seguridad y el acceso a la verdad.

En conclusión, resulta fundamental que la Fiscalía General de la República agilice las investigaciones, presente acusaciones claras y brinde transparencia en el proceso judicial. Solo así se podrá generar confianza en el sistema de justicia, brindar consuelo a las víctimas y enviar un mensaje contundente de que la impunidad no será tolerada en México. La sociedad exige respuestas y resultados concretos, tanto en el caso de Ciro Gómez Leyva como en otros casos pendientes. Solo a través de un esfuerzo conjunto de las autoridades, la sociedad y los medios de comunicación se podrá alcanzar la justicia que tanto se anhela.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado un importante avance en el caso Ayotzinapa al obtener 16 nuevas órdenes de captura contra militares presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala. Esta noticia ha generado un renovado interés y esperanza en la sociedad mexicana, que ansía el esclarecimiento de este doloroso episodio y la consecuente rendición de cuentas.

Según fuentes consultadas por los diarios nacionales Reforma y El Universal, la FGR ha solicitado y obtenido exitosamente estas órdenes de captura contra los militares señalados por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. Tres de los elementos castrenses ya han sido detenidos y remitidos a la prisión militar del Campo número 1-A en la Ciudad de México, según informa El Universal.

La jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, perteneciente al Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, ha girado estos mandamientos de aprehensión contra los militares involucrados, marcando un paso importante en la lucha por la justicia en este caso. Entre los militares señalados se encuentra el coronel Rafael Hernández Nieto, quien comandó el Batallón 41 de Infantería ubicado en Iguala de la Independencia, Guerrero.

Además del coronel Hernández Nieto, otros nombres destacados en las órdenes de captura son Omar Torres, Uri Reyes, Gustavo Rodríguez, Juan Sotelo, Santiago Muñoz, Francisco Pérez, Ramiro Manzanares, Eloy Estrada, Juan Flores, Óscar Cruz, Ezequiel Carrera, Joel Gálvez, Felipe González, Roberto de los Santos y Enrique Martínez. Todos ellos forman parte de los batallones 27 y 41 de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se les imputa su presunta participación en la desaparición de los jóvenes estudiantes.

Estos avances en la investigación del caso Ayotzinapa son especialmente significativos en un contexto en el que se busca esclarecer los hechos y responsabilidades en torno a uno de los casos más emblemáticos de desapariciones forzadas en México. La desaparición de los 43 normalistas en 2014 generó indignación y conmoción a nivel nacional e internacional, y desde entonces ha habido un clamor constante de justicia y verdad.

Cabe recordar que en septiembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Fiscalía General de la República de intentar obstaculizar la investigación al buscar implicar a más militares en la desaparición de los normalistas. Sin embargo, con la emisión de estas nuevas órdenes de captura, se reafirma el compromiso de la FGR de llevar a cabo una investigación rigurosa y exhaustiva, sin importar las implicaciones políticas que pueda acarrear.

Es importante destacar que estas 16 órdenes de captura son parte de un total de 83 que un juez autorizó contra exfuncionarios que intervinieron en los hechos relacionados con el caso Ayotzinapa. En agosto de 2022, la FGR notificó a la Sedena sobre estas órdenes de aprehensión dirigidas a militares pertenecientes a los batallones 27 y 41 de Infantería, acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada. Si bien la Fiscalía se desistió de 16 órdenes de aprehensión en ese momento, el avance actual demuestra el compromiso continuo de las autoridades por llevar a los responsables ante la justicia.

La obtención de estas órdenes de captura marca un paso significativo en la búsqueda de verdad y justicia en el caso Ayotzinapa. La sociedad mexicana sigue atenta a los avances de la investigación y espera que se realicen los procesos legales correspondientes para esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades y, finalmente, brindar consuelo y respuestas a las familias de los normalistas desaparecidos. El camino hacia la justicia puede ser largo y complejo, pero estos nuevos desarrollos son un motivo de esperanza para un país que anhela un sistema de justicia eficiente y equitativo.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destaca el papel del armamento nuclear ruso en el mantenimiento del equilibrio de poder a nivel global y resalta la importancia estratégica de la “triada nuclear”

En un reciente discurso, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha puesto de relieve la relevancia del armamento nuclear ruso, conocido como la “triada nuclear”, en la preservación del equilibrio de poder a nivel mundial. Según informes de la agencia de noticias TASS, Putin ha enfatizado el papel crucial que desempeñan los componentes terrestre, aéreo y naval de las fuerzas nucleares rusas para garantizar dicho equilibrio.

En medio de la actual invasión de Ucrania, Putin ha subrayado que la triada nuclear de Rusia juega un papel fundamental en la disuasión estratégica y contribuye a mantener el equilibrio global de fuerzas. Estas declaraciones no solo resaltan el compromiso de Rusia con su seguridad nacional, sino que también refuerzan su postura como actor clave en el escenario geopolítico.

El presidente ruso ha reiterado que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas sigue siendo una prioridad para Rusia. La seguridad duradera ha sido calificada por Putin como una “prioridad absoluta”, lo que subraya el compromiso de Rusia en mantener su capacidad defensiva y disuasoria. La inversión y el desarrollo continuo en el ámbito militar son una muestra clara de la determinación rusa por mantener un equilibrio estratégico.

En este contexto, Putin ha destacado el próximo despliegue de los misiles balísticos intercontinentales ‘Sarmat’, también conocidos como ‘Satán II’. Estos misiles, capaces de portar múltiples cabezas nucleares, están diseñados para fortalecer aún más la capacidad disuasoria de Rusia. Según el mandatario ruso, los primeros lanzamisiles del complejo Sarmat estarán disponibles en un corto plazo y podrán ser utilizados.

La divulgación de esta información sobre los misiles Sarmat demuestra el continuo compromiso de Rusia con la modernización y el desarrollo de sus capacidades nucleares. Esto resalta la importancia estratégica que Rusia asigna a su arsenal nuclear y su voluntad de mantenerse a la vanguardia en este ámbito. Asimismo, envía un mensaje claro sobre la capacidad de Rusia para salvaguardar sus intereses y mantener su posición como una potencia nuclear.

Las declaraciones de Putin no solo tienen implicaciones en el ámbito de la seguridad nacional de Rusia, sino que también generan repercusiones a nivel global. El equilibrio de poder nuclear sigue siendo un tema central en las relaciones internacionales, y las palabras de los líderes mundiales sobre esta cuestión tienen un impacto significativo en el panorama geopolítico.

Es importante tener en cuenta que estas afirmaciones se realizan en un momento de tensión y conflictos geopolíticos, por lo que deben ser analizadas dentro de ese contexto. La estabilidad global y la seguridad internacional son temas de preocupación para la comunidad internacional, y el debate en torno al armamento nuclear despierta múltiples opiniones y perspectivas.

En conclusión, las palabras de Vladimir Putin sobre el armamento nuclear ruso y su contribución al equilibrio de poder global refuerzan la posición de Rusia como una potencia nuclear y su determinación de mantener su capacidad disuasoria. Estas declaraciones destacan la importancia estratégica de la triada nuclear y subrayan el papel fundamental que desempeña en la política de seguridad nacional rusa.

En una medida contundente, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia formal este martes ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra las seis “corcholatas” presidenciables de Morena. La denuncia está fundamentada en la realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así como en el presunto uso indebido de recursos públicos por parte de los aspirantes.

A través de sus redes sociales, el líder de Movimiento Ciudadano compartió el oficio que presentó ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, evidenciando su acción legal en defensa de la legalidad y el proceso electoral.

Álvarez Máynez señaló en su mensaje que lo que Morena está llevando a cabo se denomina precampaña y es considerado ilegal según la normativa electoral vigente. Además, indicó que los actos anticipados por los que presentó la denuncia ocurrieron en diversos estados de la República, como Nuevo León, Oaxaca, Ciudad de México y Estado de México.

La denuncia también involucra acusaciones de uso indebido de recursos públicos en contra de destacados miembros de Morena. Entre ellos se encuentran la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el excanciller Marcelo Ebrard; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el senador con licencia Ricardo Monreal.

Asimismo, la denuncia menciona al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y al Partido del Trabajo (PT), así como a los legisladores con licencia Manuel Velasco Coello y Gerardo Fernández Noroña, quienes también habrían incurrido en el supuesto uso indebido de recursos públicos.

Cabe destacar que la semana pasada, los seis aspirantes a la candidatura presidencial por Morena para el proceso electoral de 2024 se registraron oficialmente ante la Comisión Nacional de Elecciones del partido. Este hecho marcó el inicio de su participación en la contienda interna, dando paso a una serie de actividades de promoción y posicionamiento en distintas regiones del país.

Inicialmente, Morena había anunciado que no proporcionaría apoyo económico a sus aspirantes para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Sin embargo, el último día de registro para el proceso interno, el líder nacional del partido, Mario Delgado, sorprendió al anunciar la asignación de 20 millones de pesos para los gastos de viáticos de los cuatro militantes inscritos.

En relación a este tema, durante el registro de su candidatura, Gerardo Fernández Noroña reveló que Alberto Anaya, dirigente del PT, le comunicó que también recibiría cinco millones de pesos como apoyo para contar con “piso parejo” en la contienda.

La denuncia presentada por Movimiento Ciudadano ante el INE destaca la importancia de respetar los lineamientos legales y los tiempos establecidos para la realización de campañas electorales. Además, subraya la necesidad de garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos y evitar cualquier tipo de ventaja indebida que pueda afectar la equidad en la contienda política.

La instancia electoral deberá analizar cuidadosamente esta acusación, recopilando las pruebas pertinentes y llevando a cabo las investigaciones correspondientes. La resolución que emita el INE será fundamental para preservar la integridad del proceso electoral y asegurar la equidad entre los contendientes.

La sociedad mexicana estará atenta a los resultados de esta denuncia, ya que de confirmarse las irregularidades señaladas, se estaría enviando un mensaje claro sobre la importancia de la legalidad y la transparencia en el ámbito político. Además, se estaría sentando un precedente en la defensa del Estado de derecho y la imparcialidad en los procesos electorales, fortaleciendo así la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por la democracia en el país.

El ministro Javier Laynez Potisek presentará una propuesta contundente y fundamentada ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se solicitará la invalidez total de la segunda parte del ‘Plan B’ de la Reforma Electoral. Esta medida se basa en diversas violaciones al proceso legislativo que han sido identificadas y que afectan la integridad y legalidad de dicha parte de la reforma.

De ser aprobado el proyecto, la sentencia tendría efectos inmediatos y se mantendría en vigor la ley anterior a la promulgación del decreto invalidado. Esto significa que las disposiciones legales vigentes antes de la implementación de la reforma continuarían aplicándose, y cualquier modificación a dichas leyes solo sería posible una vez concluido el proceso electoral 2023-2024.

La propuesta presentada por el ministro Laynez Potisek se basa en sólidos argumentos legales y señala diversas violaciones al procedimiento legislativo en la aprobación del ‘Plan B’ de la Reforma Electoral. Se destaca especialmente la falta de consulta tanto a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, como a las personas con discapacidad, lo cual contraviene los principios de participación y consulta establecidos en la Constitución.

Entre las irregularidades identificadas, el ministro resalta el hecho de que se haya publicado una versión del ‘Plan B’ en la Gaceta Parlamentaria que difiere de la que fue discutida en la Cámara de Diputados, sin que se haya notificado debidamente acerca de las modificaciones realizadas. Esta falta de transparencia y congruencia en el proceso legislativo afecta la certeza jurídica y la confianza en las instituciones.

Además, se hace hincapié en que el Congreso de la Unión realizó modificaciones a artículos que ya habían sido aprobados en sesiones anteriores, a pesar de que la Constitución prohíbe expresamente dicha práctica. Esta actuación contraviene los principios básicos de estabilidad y coherencia normativa que deben regir cualquier proceso legislativo.

La discusión de este proyecto presentado por el ministro Laynez Potisek se llevará a cabo en el Pleno de la Suprema Corte este próximo jueves 22 de junio. En esta instancia, los jueces y magistrados tendrán la oportunidad de analizar detenidamente los argumentos expuestos y tomar una decisión trascendental que afectará el rumbo de la Reforma Electoral y el sistema político de nuestro país.

La invalidez de la segunda parte del ‘Plan B’ de la Reforma Electoral no solo tendría un impacto inmediato en el marco legal vigente, sino que también enviaría un claro mensaje sobre la importancia de respetar y seguir los procesos legislativos adecuados. Asimismo, reafirmaría la necesidad de garantizar la participación y consulta de los diferentes sectores de la sociedad en la toma de decisiones que afectan a todos los ciudadanos.

El resultado de esta discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación marcará un precedente relevante en la defensa del Estado de derecho y la legalidad en México. La sociedad estará atenta a la resolución final, la cual será determinante para la estabilidad política y jurídica del país en los próximos años.

En una sorpresiva y trascendental reunión llevada a cabo este martes 20 de junio, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Hidalgo anunciaron oficialmente su renuncia al partido, generando un fuerte impacto en el ámbito político estatal y nacional. El dirigente estatal del PRI, Julio Manuel Valera Piedras, acompañado de los diputados locales del partido y secretarios del Comité Directivo Estatal, tomaron la decisión de separarse de la militancia priista.

Julio Manuel Valera Piedras, quien fungió como dirigente estatal del Revolucionario Institucional, expresó que la renuncia se debe a las prácticas, acciones e imposiciones que han prevalecido desde la dirigencia nacional del partido, las cuales han generado descontento y discrepancias significativas dentro de la agrupación.

“Nos encontramos ante una situación en la cual no podemos ser cómplices de simulaciones e imposiciones. No estamos dispuestos a seguir luchando en vano y dejando pasar grandes oportunidades para el bienestar de nuestra comunidad”, señaló Valera Piedras durante el anuncio.

El exdirigente priista hizo énfasis en la necesidad de un cambio y de un replanteamiento profundo en las políticas y dirección del partido, a fin de recuperar la confianza de los ciudadanos y adaptarse a los nuevos desafíos que enfrenta la sociedad. Esta renuncia representa un llamado de atención y una muestra de inconformidad frente a las decisiones y enfoques adoptados por la dirigencia nacional.

Por su parte, los diputados locales que renunciaron junto a Valera Piedras no tienen planes inmediatos de unirse a algún otro partido político. En cambio, han anunciado su intención de conformar un grupo plural e independiente, centrado en representar los intereses y necesidades de la ciudadanía hidalguense de manera más efectiva y transparente.

En medio de esta transición, Valera Piedras afirmó que se irán del PRI con la frente en alto y que los presidentes municipales del partido tomarán sus propias decisiones respecto a su permanencia en la agrupación. Además, hizo hincapié en que este momento será utilizado para reflexionar y definir cómo pueden seguir aportando al desarrollo y bienestar del estado de Hidalgo.

La renuncia de los diputados del PRI en Hidalgo ha generado un revuelo en el panorama político estatal, así como en los círculos de poder a nivel nacional. Se espera que esta decisión marque un punto de inflexión y promueva cambios significativos dentro del PRI, impulsando un proceso de introspección y renovación partidista.

La noticia ha captado la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública, quienes esperan con expectación los siguientes movimientos de los diputados renunciantes y las repercusiones que esto podría tener en el panorama político estatal de Hidalgo.

El diputado del PAN, Santiago Creel, critica la propuesta de Marcelo Ebrard de crear una Secretaría de la Cuarta Transformación encabezada por Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO.

En su cuenta de Twitter, Santiago Creel describe a Ebrard como una “mala copia” del presidente Andrés Manuel López Obrador y expresa su indignación ante la idea de crear una Secretaría de la 4T para complacer al presidente y su familia.

“Hoy se retrató de cuerpo entero. ¿Moderado? ¿El menos peor? ¡Es una mala copia de López Obrador! ¿Crear una Secretaría para darle gusto al Presidente y además dejarla en manos de uno de sus hijos? Lo que hay que ver. Y vendrán cosas peores dicen”, advierte el panista.

La propuesta de Ebrard, que ha desatado la indignación de Creel, fue lanzada durante su campaña como aspirante de Morena para “coordinador de defensa de la 4T”. En ella, Ebrard considera a Andrés Manuel López Beltrán como la persona ideal para encabezar una nueva Secretaría de Estado encargada de dar continuidad a las obras del gobierno actual, como el Tren Maya, el AIFA y la refinería Dos Bocas.

Además, esta dependencia promovería la ampliación de los programas sociales creados durante el gobierno actual, como la pensión a adultos mayores, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y la beca Benito Juárez.

Por su parte, Andrés López Beltrán rechaza la propuesta en una carta donde agradece el gesto pero declina la invitación, ya que no desea involucrarse a favor o en contra de ningún miembro de Morena rumbo a 2024.

“Aunque agradezco su generosa oferta, prefiero mantenerme al margen y rechazarla para que no pueda ser utilizada a favor o en contra de ninguno de nuestros compañeros que, de manera legítima, también trabajan por liderar la defensa de la cuarta transformación del país”, responde.

López Beltrán subraya que, como político, siempre seguirá a su padre en su lucha y mantendrá el compromiso familiar de no intervenir ni participar en política, especialmente en el proceso de sucesión presidencial.