El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado de forma continua a Xóchitl Gálvez, aspirante opositora, durante sus conferencias matutinas con el objetivo de desacreditarla, destaca un artículo publicado en el Wall Street Journal. La periodista Mary Anastasia O’Grady también señala que el presidente se ha negado a recibir a Xóchitl Gálvez para ejercer su derecho de réplica, a pesar de la orden de un juez.

“AMLO no respeta la ley cuando pretende destruir a un oponente (…). Cuando no está abusando de su poder en su contra, Xóchitl Gálvez, lo está insultando descaradamente”, se menciona en el texto. La articulista afirma que López Obrador considera a Xóchitl Gálvez como una amenaza de cara al próximo proceso electoral.

“El presidente tiene razón al estar preocupado (…). Morena parecía invencible hace apenas un mes”, se lee en la publicación del WSJ. Es importante mencionar que Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México, ya ha presentado una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por violencia política de género y violaciones a la equidad electoral.

“Xóchitl Gálvez es la peor pesadilla del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador”, añade Mary Anastasia O’Grady en su publicación. El pasado 4 de julio, Xóchitl Gálvez se registró para participar en el proceso interno del Frente Amplio, que actualmente se encuentra en la fase de recolección de firmas. Los 13 aspirantes deberán obtener el respaldo de 150,000 personas en al menos 17 estados del país para continuar en la contienda. La senadora del PAN anunció el pasado 27 de junio su intención de buscar la candidatura presidencial para el próximo año, asegurando que será la próxima presidenta del país a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.

Han pasado dos semanas desde el trágico asesinato de Hipólito Mora, el valiente agricultor de limón que en 2013 se levantó en armas para enfrentar a la delincuencia organizada en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Latinus tuvo la oportunidad de entrevistar a Hipólito Mora en el comedor de su casa en el poblado de La Ruana, municipio de Buenavista, un mes y 13 días antes de su fatídico asesinato. Durante la entrevista, Mora expresó su orgullo por haber organizado a los ciudadanos para vigilar y denunciar a los delincuentes que han tomado el control de Tierra Caliente a través de extorsiones, cobros de piso, asesinatos y desapariciones.

Consciente del peligro que enfrentaba, Hipólito Mora sabía que su vida estaba en riesgo debido a las críticas que dirigía hacia los gobiernos estatal y federal, así como hacia el grupo conocido como “Los Viagras”, que actualmente controla el territorio de Tierra Caliente.

Lamentablemente, esta entrevista resultó ser una de las últimas, ya que el 29 de junio un comando armado atacó su camioneta blindada con granadas, balas y fuego. El vehículo en el que Hipólito Mora perdió la vida fue objeto de más de mil balazos y finalmente fue incendiado.

La valentía y determinación de Hipólito Mora para enfrentar a la delincuencia y defender a su comunidad dejaron una huella imborrable. Su trágico asesinato es un recordatorio escalofriante de los peligros que enfrentan aquellos que luchan por la justicia y la seguridad en nuestro país.

La extradición de Rafael Caro Quintero, conocido como el “narco de narcos” y previamente uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA, ha sido utilizada por México como una herramienta de negociación en materia de seguridad con Estados Unidos, según expertos. A pesar de haber sido detenido por segunda vez en la sierra de Sinaloa hace un año, Caro Quintero se encuentra a la espera de ser entregado a la justicia estadounidense.

Sin embargo, analistas plantean que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estaría alargando el proceso de extradición con el objetivo de ejercer presión sobre Estados Unidos en temas relacionados con el tráfico de armas y fentanilo. Según David Saucedo, especialista en seguridad pública, parece ser que el gobierno mexicano está permitiendo que Caro Quintero agote todos los recursos disponibles para retrasar su extradición hasta llegar a una negociación.

Aunque la extradición del narcotraficante podría formar parte de un amplio paquete de medidas de seguridad entre ambos países, Javier Oliva, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostiene que no resolverá asuntos específicos, descartando la posibilidad de un acuerdo relacionado con el fentanilo, pero considerando una opción viable dentro de un acuerdo más amplio.

El prolongado proceso de extradición de Caro Quintero refleja las complejidades y los intereses en juego en las negociaciones de seguridad entre México y Estados Unidos, y se espera que esta situación continúe generando debate y especulaciones en el futuro cercano.

Aunque la ley prohíbe las campañas anticipadas que algunos políticos han iniciado, como los aspirantes de Morena y del Frente Amplio por México, expertos en derecho electoral han afirmado que ninguno de ellos perdería el registro como candidato presidencial debido a la permisibilidad de la ley electoral para estos casos.

Jorge Aljovín Navarro, experto en temas electorales y constitucionales, junto con Eric Guerrero Luna, abogado especializado en derecho electoral, han explicado que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece sanciones, como la pérdida de registro, para los aspirantes que cometan actos anticipados de precampaña, obtengan ventajas indebidas, realicen llamados al voto, encabecen reuniones públicas, aparezcan en espectaculares o promocionales en radio y televisión, o reciban apoyo de grupos fuera de los tiempos estipulados por la ley. Sin embargo, ambos expertos coinciden en que estas sanciones no se aplican en la práctica.

Eric Guerrero advierte enfáticamente que, a pesar de las violaciones evidentes a la ley al realizar giras o asambleas informativas, ninguno de los aspirantes presidenciales perdería su registro en caso de convertirse en candidatos de sus coaliciones para la presidencia. Argumenta que el derecho a ser votado es un derecho humano y no puede ser eliminado si está expresamente garantizado por la ley.

Otro motivo que señala es que, aunque la ley exige que los partidos y precandidatos presenten un informe de gastos de campaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE), este informe puede presentarse en ceros, incluso si se han realizado gastos.

En conclusión, los aspirantes que resulten elegidos como candidatos presidenciales de sus respectivos partidos podrían enfrentar sanciones económicas o amonestaciones, pero no perderían su registro como candidatos. Esta situación plantea un debate en torno a la aplicación efectiva de las sanciones establecidas por la ley electoral.

En una importante reunión del Consejo Nacional y Asamblea Ciudadana de Movimiento Ciudadano (MC), celebrada recientemente, el partido político ha dado luz verde al proyecto “Movimiento Escucha”. Esta iniciativa tiene como objetivo principal abrir espacios de diálogo en distintas sedes universitarias a lo largo del país.

Durante el evento, Dante Delgado, coordinador de MC, encomendó al senador Clemente Castañeda la tarea de organizar una reunión en septiembre con los gobernadores de Jalisco y Nuevo León. El propósito de este encuentro será establecer la ruta del partido de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

“Es fundamental que, al regresar de nuestras vacaciones, iniciemos un diálogo constructivo. Esto tendrá un impacto significativo en la vida democrática de Movimiento Ciudadano”, afirmó Delgado.

Asimismo, se aprobó el proyecto “Movimiento Escucha”, el cual se llevará a cabo en diferentes universidades de todo el país. Este proyecto busca involucrar a diversos sectores de la sociedad, con especial énfasis en mujeres y jóvenes.

Cabe recordar que, el pasado 7 de julio, el gobernador de Jalisco anunció que no buscará ser el candidato presidencial de MC y criticó al partido por optar por el aislamiento, una estrategia que él no comprende. Delgado expresó su desacuerdo con la falta de diálogo mencionada por el mandatario estatal en ese momento, resaltando la importancia de escuchar todas las voces dentro del partido.

Con estas decisiones y acciones, Movimiento Ciudadano muestra su compromiso con la apertura al diálogo y la inclusión de diversos sectores de la sociedad en su camino hacia las elecciones del 2024.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, rechaza de manera contundente la resolución emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), argumentando que no hay ningún proceso electoral en curso. Según un comunicado emitido por Delgado, tanto el Tribunal Electoral como el INE han afirmado que no existe una etapa de precampaña o campaña en este momento, por lo que los señalamientos hacia la senadora Xóchitl Gálvez se deben considerar en el contexto de su posición como servidora pública.

Delgado asegura que los comentarios realizados por el presidente López Obrador respecto a las acciones y omisiones de la senadora no deben ser calificados como generadores de inequidad en una contienda electoral, lo que respalda la postura del mandatario.

El 14 de julio, el INE emitió una orden al presidente López Obrador para abstenerse de hacer comentarios sobre Xóchitl Gálvez durante sus conferencias matutinas, en respuesta a una queja presentada por la propia senadora. La Comisión de Quejas del INE consideró que los comentarios del presidente violan los principios de neutralidad y equidad.

Mario Delgado hace hincapié en que la misma Comisión de Quejas y Denuncias ha resuelto en múltiples ocasiones que los servidores públicos están sujetos al escrutinio público, y que los señalamientos y cuestionamientos hacia ellos son prerrogativas respaldadas por la Constitución.

Delgado insiste en que los comentarios del presidente se enmarcan en su pleno ejercicio de la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de temas de la agenda pública nacional que son de interés para el pueblo mexicano. Por lo tanto, rechaza la resolución emitida por la Comisión del INE.

El líder de Morena resalta que en una democracia, la vida pública debe ser cada vez más transparente, y nadie, especialmente las figuras públicas, debería temer el debate y el contraste de opiniones. El pueblo tiene derecho a estar informado, concluye Delgado.

En el contexto de las elecciones de 2024, una figura que ha cobrado relevancia en la contienda política es Claudio X. González Guajardo. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo señala constantemente como su principal opositor, pero ¿quién es realmente y cuál es su relación con la política mexicana?

Trayectoria de Claudio X. González Nacido en 1963, Claudio Xavier González Guajardo es hijo del reconocido empresario Claudio Xavier González Laporte, quien preside el consejo de Kimberly-Clark de México, una empresa dedicada a la fabricación de productos de higiene personal. Claudio X. González se graduó como abogado en la Escuela Libre de Derecho y posteriormente obtuvo una maestría y un doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales.

En el ámbito político, González ha participado en diversas campañas presidenciales desde 1988, ocupando cargos públicos en la presidencia de la República y en las secretarías de Agricultura y del Trabajo. Además, ha estado involucrado en organizaciones civiles como Mexicanos Primero, Bécalos y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), esta última dedicada al periodismo y litigio relacionado con casos de corrupción.

El enfrentamiento con AMLO Desde la llegada de López Obrador a la presidencia en 2018, Claudio X. González se ha convertido en uno de los principales opositores de su gobierno. En 2020, fundó la organización política “Sí por México”, con el objetivo de unir a los partidos de oposición y generar un contrapeso al gobierno de AMLO. Esta postura lo ha colocado en el centro de las críticas y acusaciones por parte del presidente.

En diversas ocasiones, AMLO ha señalado a González de mover a políticos opositores y corruptos, incluso de operar para Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México. Ha utilizado términos como “cínico” y “cretino” para referirse a él. Recientemente, los ataques se intensificaron luego de la presentación del método de elección del candidato presidencial de la oposición, donde AMLO aseguró que él decidiría quién sería el candidato. Claudio X. González hijo también ha criticado a López Obrador desde el inicio de su mandato, calificándolo de populista y comparándolo con otros líderes latinoamericanos.

La confrontación entre ambos personajes continúa, y en el contexto de las elecciones de 2024, la figura de Claudio X. González seguirá siendo relevante en el panorama político mexicano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha compartido un documento en el que exhibe los contratos firmados por las empresas de Xóchitl Gálvez con distintas dependencias del Gobierno de México y del sector privado durante los últimos nueve años. A través de sus redes sociales, el mandatario mexicano invitó a Claudio X. González, de Mexicanos Contra la Corrupción, a realizar una investigación sobre el tema y presentar una denuncia legal.

Los documentos detallan los ingresos obtenidos por las empresas High Tech Services y OMEI (Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes) a través de contratos con dependencias gubernamentales durante parte del sexenio de Enrique Peña Nieto y durante el sexenio del propio AMLO. Según la información proporcionada, los contratos de Xóchitl Gálvez suman alrededor de mil 400 millones de pesos en nueve años.

High Tech Services, dedicada a la consultoría de ingeniería, ha recibido más de medio millón de pesos del Gobierno de López Obrador a través de contratos con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes ha recibido más de 5 millones de pesos del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) desde 2019.

Otras dependencias que han contratado los servicios de las empresas de Xóchitl Gálvez incluyen el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Banobras, la Secretaría de Salud y Pemex. Estos contratos se llevaron a cabo durante el gobierno de AMLO.

Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio Por México, ha retado al presidente Andrés Manuel López Obrador a que presente pruebas públicas de que su empresa ha recibido contratos por casi mil 500 millones de pesos. En caso de que se demuestre dicha acusación, Gálvez renunciará a su aspiración de ser presidenta, pero si no se acredita, reta a López Obrador a que renuncie a su cargo.

En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Gálvez dejó claro que está siendo confundida con Felipa Obrador, prima del presidente, quien sí ha recibido contratos millonarios. La panista desafía a López Obrador a que pruebe sus afirmaciones sobre los contratos por mil 400 millones de pesos, asegurando que factura de manera legal y que el presidente no podrá respaldar sus declaraciones.

Gálvez también hace un llamado a los mexicanos para que confíen en ella, ya que está dispuesta a someter sus empresas a una auditoría pública. Afirma que el presidente no respeta la ley y pide transparencia en el proceso.

Estos comentarios de Gálvez se producen después de que el presidente López Obrador criticara nuevamente a la aspirante presidencial y la urgiera a explicar la adquisición de contratos millonarios por parte de su empresa en los últimos nueve años. Además, López Obrador ha cuestionado las resoluciones del Tribunal Electoral y del INE que buscan limitar sus comentarios sobre los aspirantes a la presidencia del 2024, afirmando que estas instancias intentan silenciarlo y restringir su derecho a la libertad de expresión y réplica.