La coalición Va por México en la Cámara de Diputados anunció su intención de presentar una acción de inconstitucionalidad por violación al artículo tercero de la Constitución en contra de los recientes libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El artículo tercero establece que el material educativo debe estar en consonancia con los avances científicos más recientes y contribuir a combatir la ignorancia y el fanatismo. Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó que estos libros contienen errores científicos y van en contra de esos principios.

Representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Revolución Democrática (PRD) compartieron en rueda de prensa que, más allá del “adoctrinamiento ideológico”, los libros presentan imprecisiones científicas que podrían perjudicar a la educación de los niños.

Durante la conferencia en San Lázaro, Carolina Viggiano, diputada del PRI, mencionó: “El presidente de la República está obsesionado con la adulación. Quiere narrar la historia a su manera, alterando hechos históricos en detrimento de la educación de millones de niñas y niños”.

Además, se informó que Va por México tiene la intención de ofrecer “amparos colectivos” para detener la distribución de los libros y llevar a cabo foros con expertos científicos y padres de familia en la Cámara de Diputados. Jorge Romero, coordinador del PAN, enfatizó que más allá de la preferencia por el contenido de los libros, se trata de que el gobierno está desobedeciendo una sentencia.

Ayer, la senadora del PAN, Lilly Téllez, anunció que solicitará la comparecencia de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, para que brinde información detallada sobre el proceso de elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos.

Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó duras críticas contra las autoridades electorales después de que el Instituto Nacional Electoral (INE), por mandato del Tribunal Electoral, determinara que incurrió en violencia política de género contra Xóchitl Gálvez. El presidente acusó a los magistrados del Tribunal Electoral de mentir y de manipular sus expresiones sobre la aspirante presidencial.

En su conferencia matutina, López Obrador manifestó su descontento con la resolución y señaló que los integrantes del Tribunal Electoral actúan de manera falsaria y son capaces de alterar sus palabras. Calificó la situación como grave y cuestionó la imparcialidad de los jueces y árbitros en dicho tribunal.

Aunque los organismos electorales tomaron medidas contra el presidente, López Obrador insistió en criticar a Xóchitl Gálvez, refiriéndose a ella como “Xóchitl Gálvez es (Vicente) Fox”, aunque posteriormente afirmó que no volvería a mencionar a la senadora.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó una medida cautelar de tutela preventiva contra el presidente por ejercer violencia política de género contra la aspirante presidencial de la oposición. Además, se ordenó a la Presidencia de la República retirar menciones específicas de las conferencias matutinas en las que se aludió a la dependencia y sometimiento de Gálvez a un grupo de hombres, entre los que mencionó a Claudio X. González, Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari.

Ante esta situación, la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Claudia Zavala, subrayó que frente a cualquier acción que viole a una mujer, no se tolerará ni se aguantará nada. El caso ha generado una amplia repercusión y se espera que las reacciones continúen en los próximos días.

El escándalo por la supuesta financiación ilegal de la campaña del presidente colombiano, Gustavo Petro, ha generado gran controversia y ahora podría salpicar a otros políticos no mencionados previamente en la audiencia en la que el hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro Burgos, fue imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Uno de los políticos que podría verse afectado por esta situación es Álex Char, miembro destacado de un influyente clan político en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Según un informe de la revista Cambio, en una conversación entre Nicolás Petro Burgos y su exesposa, este hace referencia a solicitar regalos a “A. CH.”, y se sugiere que se trata de Álex Char, a pesar de que este último es opositor de los Petro.

Los investigadores también han descubierto conversaciones entre Daysuris Vásquez y Álex Char, donde este último menciona el envío de una suma de dinero. Sin embargo, el abogado de Álex Char ha negado esta información, y se investigará la veracidad de los registros telefónicos.

El escándalo se ha centrado en el presunto dinero recibido por Nicolás Petro Burgos de narcotraficantes y empresarios controvertidos, lo que ha desatado una gran polémica en el gobierno de Gustavo Petro. El presidente ha negado cualquier conocimiento de estas actividades ilegales y afirma que se enteró de la situación recientemente a través de su exesposa.

Este caso sigue en desarrollo y ha generado gran interés y controversia en la política colombiana. La investigación continúa para esclarecer la posible implicación de otros políticos en la supuesta financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México anunció este domingo que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ha sido vinculado a proceso y se le ha impuesto la medida de prisión preventiva justificada debido a su presunta participación en el delito de retardo de justicia.

En un comunicado en redes sociales, la fiscalía señaló que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público llevaron a obtener la vinculación a proceso con prisión preventiva justificada para Uriel “N”, acusado por delitos contra la procuración y administración de justicia en relación al caso de feminicidio de Ariadna Fernanda López.

La detención de Uriel Carmona ocurrió el pasado viernes, durante un operativo ejecutado por las Fuerzas Armadas en las afueras de su residencia. La fiscalía de la Ciudad de México alega que el funcionario pudo haber entorpecido la procuración de justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en una carretera de Morelos.

Previamente a su arresto, Uriel Carmona se describió como “víctima de la dictadura que estamos viviendo”, haciendo referencia al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado sábado se llevó a cabo la audiencia inicial del titular de la fiscalía de Morelos. Aunque la defensa de Carmona esperaba su liberación después de que un juez le otorgara un amparo en la entidad, las autoridades capitalinas informaron hoy sobre la medida de prisión preventiva impuesta al funcionario. La situación sigue en desarrollo, y se espera que nuevos detalles salgan a la luz en los próximos días.

La Fiscalía General del Estado de Morelos anunció que Carlos Andrés Montes Tello, fiscal Regional de la Zona Metropolitana, asumirá la dirección de la dependencia en sustitución de Uriel Carmona Gándara, quien fue detenido el viernes en Cuernavaca por autoridades de la Ciudad de México.

A través de un comunicado, la fiscalía estatal informó que esta designación se realiza conforme a lo establecido en la Constitución Política de Morelos en su artículo 79 Bis, y en cumplimiento del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

El comunicado destaca que la institución del Ministerio Público continuará desarrollando su trabajo administrativo y operativo, brindando servicios a la sociedad, a los justiciables y a las víctimas.

Asimismo, la dependencia reafirma su compromiso de trabajar en coordinación con los tres órdenes de gobierno, siempre priorizando el interés público y el beneficio de quienes se acercan a la institución.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en caso de ausencia temporal del fiscal general, esta persona será suplida por el titular de la Fiscalía Regional Metropolitana.

Por otro lado, la Constitución Política de Morelos en su artículo 79 Bis estipula que en caso de ausencia definitiva del fiscal, se contará con 20 días para que el Ejecutivo estatal envíe una terna y el Congreso del estado designe al nuevo fiscal.

La designación del nuevo fiscal requerirá el voto de dos terceras partes de los miembros del Congreso local, pudiendo llevarse a cabo en un periodo extraordinario si el Congreso se encuentra en receso.

Cabe recordar que la detención de Uriel Carmona, fiscal general de Morelos, fue realizada por delitos relacionados con las irregularidades en la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda, ocurrido a finales del 2022, según informaron autoridades de la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que Carmona “probablemente entorpeció la procuración de justicia” y que sus declaraciones durante la investigación implicaron discriminación de género y revictimización de la familia.

Actualmente, la Fiscalía General de la República tiene una carpeta de investigación sobre denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que involucran a familiares de Cuauhtémoc Blanco, incluyendo a sus medios hermanos Ulises y Ricardo Bravo, así como amigos y colaboradores del mandatario. Además, el Ejército reporta presuntos nexos entre Carmona y la delincuencia organizada.

El fiscal Uriel Carmona ha sido arrestado y enviado a prisión la tarde de este viernes en un operativo realizado por la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Los cargos contra el fiscal están relacionados con la obstrucción de la justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López, la joven cuyo cuerpo fue encontrado en la autopista de Cuernavaca en octubre del año pasado.

La Fiscalía de Morelos tomó inicialmente el caso y concluyó que la joven había muerto por una intoxicación etílica, lo cual generó fuertes críticas por culpar a la víctima de su propia muerte. Sin embargo, la Fiscalía de Ciudad de México se hizo cargo del caso y determinó que Ariadna fue asesinada por un golpe en la cabeza. Esta diferencia de conclusiones desató un conflicto entre las autoridades capitalinas y el fiscal de Morelos.

Carmona ha declarado que su detención es resultado de una guerra política con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien habría solicitado al presidente de la República su remoción debido a las investigaciones en su contra por delitos graves. Desde la llegada de Blanco al poder, los choques políticos con el fiscal han sido constantes.

La Fiscalía de Ciudad de México ha señalado que Carmona será puesto a disposición del juez por su probable participación en delitos contra la procuración y administración de justicia, relacionados con el retardo en la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda López.

Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó recientemente que el fiscal cuenta con fuero constitucional y no puede ser procesado por ningún delito. Ante su ausencia, un fiscal interino asumirá el cargo mientras el Congreso del Estado decide si remueve al actual fiscal y nombra a un nuevo titular.

El caso de Ariadna ha sido objeto de gran atención y polémica, ya que ha generado debate sobre la importancia de garantizar el acceso a la justicia en casos de feminicidio y la necesidad de resolver disputas políticas para alcanzar la verdad y la justicia en este tipo de casos.

En un inusual operativo, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la policía de Morelos y la Guardia Nacional rodearon este viernes la casa del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ubicada en el poblado de Amatitlán, a unas calles del centro de Cuernavaca, con el objetivo de detenerlo.

La situación ha generado tensiones entre Carmona y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ya que este último ha acusado al fiscal de no avanzar en las investigaciones contra Graco Ramírez y sus colaboradores. Cabe destacar que Carmona fue nombrado en la época de Graco Ramírez y se le asocia con el grupo político del exgobernador.

Uriel Carmona ha declarado sentirse “víctima de la dictadura que estamos viviendo”, haciendo referencia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien previamente se había manifestado en su contra. El presidente había afirmado que, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que solo se puede detener al fiscal mediante juicio político por tener fuero constitucional, esto no es cierto según Carmona.

El operativo ha llevado al cierre de varias vialidades, en particular la calle donde se encuentra el domicilio del fiscal, pero hasta el momento no se ha proporcionado información oficial sobre la situación ni sobre una posible detención.

Cabe mencionar que en noviembre del año pasado, Cuauhtémoc Blanco solicitó a los diputados locales considerar la permanencia de Uriel Carmona como fiscal general estatal debido a acusaciones de obstaculizar la investigación de un feminicidio en Tepoztlán.

La situación sigue siendo incierta y el conflicto entre el gobernador y el fiscal añade tensión a la situación política en Morelos.