La reforma constitucional al Poder Judicial, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, tiene el respaldo de tres de cada cuatro mexicanos, de acuerdo con los resultados de una encuesta impulsada por el partido oficial, Morena.
Entre los resultados del sondeo nacional, se destacó que el 80% de los ciudadanos “considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial”, contra 13% que opinó lo contrario. Además, siete de cada 10 personas afirmaron que los jueces deben ser elegidos “por el pueblo de México”.
“Nosotros ganamos la elección con el 59 por ciento. Más del 59% considera que es necesaria una reforma y más del 59% están de acuerdo con que haya una elección directa”, afirmó Sheinbaum Pardo al repasar la encuesta en rueda de prensa.
Añadió que este ejercicio se considerará en la discusión que la reforma tendrá en el Congreso de la Unión, con miras a aprobarla a partir del 1 de septiembre, cuando entre en funciones el nuevo Poder Legislativo con mayoría morenista, un mes antes de que el Presidente López Obrador acabe su sexenio.
Las preguntas sobre la reforma judicial fueron elaboradas por tres casas encuestadoras: María De las Heras, Enkoll y la Comisión de Encuestas de Morena. Cada una elaboró entre mil 200 y mil 450 entrevistas, que constaron de seis reactivos sobre el tema.
El sentido de las interrogantes, así como la metodología de la encuesta, fue criticado por miembros de la oposición como el ex candidato a la Presidencia, Jorge Máynez , de MC.
“Las decisiones de Estado, como reformar al Poder Judicial, no pueden tomarse con criterios y órganos partidistas. Si se quiere consultar a la sociedad, el Estado cuenta con el Instituto Nacional Electoral (INE) e incluso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para hacerlo”.
La reforma judicial propone, entre otras cuestiones, que casi mil 700 cargos del Poder Judicial de la Federación, incluyendo magistrados, consejeros electorales, jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sean elegidos por el voto popular, a partir de candidaturas seleccionadas previamente por los tres Poderes de la Unión: Presidente, Congreso de la Unión (con mayoría morenista) y Poder Judicial.
Actualmente, los cargos judiciales son nombrados por organismos como el Senado, que elige a los integrantes de la SCJN y del Tribunal Electoral; o el Consejo de la Judicatura Federal, que tiene la facultad de nombrar a los magistrados de circuito y jueces de distrito.
La iniciativa, que pretende modificar la Constitución para lograr sus propósitos, ha provocado incertidumbre en los mercados y caídas en el valor del peso mexicano. Ayer el peso cerró en $18.46 por dólar, una ligera depreciación de 0.44% respecto al viernes.
Los organismos empresariales siguen manifestando temores y objeciones a estos cambios. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que su aprobación provocará un “daño irreparable” a la confianza de los inversionistas en colocar su dinero en el país, debido a que “restaría independencia” al Poder Judicial y debilitará el Estado de derecho.
“Ningún país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tiene un esquema de elección popular de jueces, magistrados y ministros”, enfatizó la agrupación.
Ahora la iniciativa se pondrá a discusión mediante parlamentos abiertos en el Congreso de la Unión. Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, adelantó que se efectuarán bajo un esquema similar a los Foros de Diálogo Nacional celebrados en febrero para debatir las reformas del “Plan C” de López Obrador, con el fin de integrar un dictamen con los puntos de vista de quienes serán afectados por la reforma, por ejemplo, los trabajadores del Poder Judicial.