Durante los primeros cuatro meses del año, un total de 50,236 salvadoreños, hondureños y guatemaltecos fueron deportados principalmente desde Estados Unidos y México, según informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) el viernes pasado. Esta cifra representa una disminución del 27.8% en comparación con el mismo período del año 2022, donde se registraron 69,618 retornos.

En cuanto a la distribución por países, hubo 3,225 casos de repatriaciones a El Salvador, 18,975 a Honduras y 28,036 a Guatemala durante este período. De los retornos totales, 26,622 se originaron en Estados Unidos, 23,391 en México y 223 en otros países no especificados.

Los datos recopilados por la OIM provienen de fuentes gubernamentales de cada país, incluyendo la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de Guatemala, así como el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho).

Estos números revelan una reducción del 12.5% en las deportaciones de ciudadanos guatemaltecos, del 36% en el caso de El Salvador y del 41.7% en Honduras, según los datos proporcionados por la OIM.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la solicitud de imponer medidas cautelares respecto a las declaraciones realizadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina del 2 de junio, en plena veda electoral de las elecciones en los estados de México y Coahuila.

El INE argumentó que retirar el material denunciado resultaba inapropiado, ya que se trataba de actos consumados relacionados directamente con la jornada electoral que tuvo lugar el pasado 4 de junio de 2023. En consecuencia, consideraron que la adopción de medidas cautelares sería innecesaria.

La queja ante el INE fue presentada por el diputado del partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes argumentaron que las declaraciones del presidente vulneraban los principios de equidad e imparcialidad durante la veda electoral de las recientes elecciones celebradas el 4 de junio.

A pesar de la solicitud de retirar la conferencia matutina, las acciones fueron consideradas actos consumados, por lo tanto, no se emitieron medidas para su remoción.

Durante la conferencia de prensa, el presidente López Obrador hizo un llamado a su sucesor para que continúe con el gobierno y celebró que las personas que lideran las encuestas para las elecciones presidenciales de 2024 sean “individuos serios y responsables”.

Por otro lado, el INE también determinó como improcedente una queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en la que solicitaban la retirada de una entrevista al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por presuntos actos anticipados de campaña. El INE argumentó que la entrevista se amparaba en la libertad de expresión, ya que formaba parte de la labor periodística.

Además, el INE descartó tomar medidas cautelares contra los promocionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitadas por MC debido al supuesto uso indebido de la pauta publicitaria, alegando actos anticipados de precampaña y campaña. La Comisión consideró que los promocionales denunciados no constituyen calumnias, sino opiniones críticas amparadas por la libertad de expresión, ya que no se imputa ningún hecho o delito falso.

En resumen, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó imponer medidas cautelares tanto en el caso de las declaraciones del presidente López Obrador durante la veda electoral como en las denuncias presentadas por el PAN y MC respecto a entrevistas y promocionales, respectivamente, argumentando el respeto a la libertad de expresión y la consideración de los actos como consumados.

Durante su mandato como gobernador de Campeche, Alejandro “Alito” Moreno otorgó contratos por un valor de 27.6 millones de pesos a una empresa perteneciente a la familia de Rolando Elías Wismayer, exdiputado del Partido Verde y miembro clave dentro del círculo de influencia que controla dicho partido político.

Originalmente, la empresa se había establecido para ofrecer servicios turísticos relacionados con tours de buceo, viajes marítimos y eventos sociales, como bodas y celebraciones de 15 años. Sin embargo, una vez que “Alito” Moreno asumió la gubernatura de Campeche, la empresa cambió su enfoque y se transformó en una consultora financiera y proveedora de servicios de asesoría legal.

Para obtener los contratos gubernamentales, no solo ajustaron su objeto social, sino que también implementaron una estrategia de ocultamiento al cambiar el nombre de la empresa. De esta manera, utilizando dos denominaciones sociales distintas, lograron obtener tres adjudicaciones directas de la Administración Portuaria Integral de Campeche, que es propiedad del gobierno estatal, en los años 2016 y 2018.

Durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Rishi Sunak, en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió la independencia del Departamento de Justicia en respuesta a las informaciones de que la Fiscalía General está investigando al expresidente Donald Trump por retener documentos clasificados.

Biden afirmó enfáticamente: “Nunca, ni una sola vez, le he sugerido al Departamento de Justicia lo que debería hacer o no sobre presentar o no presentar un cargo. Soy sincero”, cuando se le preguntó sobre la investigación en curso contra Trump.

El presidente no hizo más comentarios sobre los informes de los medios locales que indican que el Departamento de Justicia notificó a los abogados de Trump sobre la investigación penal federal relacionada con los documentos clasificados encontrados por el FBI en agosto pasado en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Según CNN, el equipo legal de Trump se reunió con funcionarios del Departamento de Justicia, incluido el fiscal especial Jack Smith, quien está investigando el manejo de los documentos clasificados por parte del exmandatario.

La normativa del Departamento de Justicia permite a los fiscales informar a las personas que están siendo investigadas por un gran jurado antes de presentar cargos formales. Estas notificaciones se realizan para permitir que los individuos declaren ante el gran jurado antes de que se presente una acusación.

El fiscal especial Smith presentó pruebas ante un gran jurado en Miami, Florida, el miércoles, y escuchó el testimonio de Taylor Budowich, un exasistente de Trump.

Según CBS, que cita a fuentes conocedoras del caso, esto podría indicar que si se presentan cargos contra Trump, algunos podrían ser presentados en Florida por razones de jurisdicción.

Paralelamente, varios testigos, incluyendo empleados de Mar-a-Lago, exasistentes y abogados de Trump, han comparecido ante un gran jurado en Washington D.C. en el marco de la investigación sobre los documentos clasificados.

El fiscal especial Smith fue designado en noviembre por el fiscal general Merrick Garland para llevar este caso y también está llevando a cabo una investigación sobre el papel de Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La UNAM asegura que el fallo en el juicio sobre los derechos de autor de la tesis de Yasmín Esquivel no afecta la investigación por plagio en su trabajo de licenciatura.

En respuesta a la resolución judicial, la UNAM emitió un comunicado afirmando que no tenía conocimiento de otro juicio relacionado con Edgar Ulises Báez Gutiérrez y los derechos de autor en perjuicio de Yasmín Esquivel.

La universidad reclamó que no se incluyó a la institución como parte interesada en este juicio y no se le notificó en ningún momento. Además, señaló que el expediente se clasificó como “secreto” en el boletín judicial.

La UNAM dejó claro que los alcances de esta sentencia no afectan a la universidad ni comprometen sus funciones académicas sustantivas. Por lo tanto, continuarán defendiéndose en el juicio civil notificado el 27 de abril, el cual ha impedido el desarrollo del trabajo académico, incluyendo la entrega y publicidad del dictamen del Comité Universitario de Ética sobre la tesis de la ministra.

La universidad también destacó que aún hay dos juicios de amparo y dos juicios civiles promovidos por los abogados de la ministra Esquivel, lo que a su juicio busca obstaculizar y retrasar su labor.

Por último, la UNAM instó a la ministra a desistir de los otros juicios existentes y permitir que la universidad y su comité de ética concluyan su trabajo académico, en línea con lo argumentado por el vigésimo primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito del Poder Judicial Federal, instancia superior a la ministra.

Donald Trump confirma investigación por retener documentos clasificados tras dejar la presidencia

En una publicación en sus redes sociales, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que la administración del presidente Joe Biden informó a sus abogados sobre una acusación en su contra por retener documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca.

Trump declaró en su plataforma Truth Social: “La corrupta administración Biden ha informado a mis abogados de que he sido acusado, aparentemente por el engaño de las cajas”.

También mencionó que ha sido citado para comparecer en el tribunal federal de Miami este martes.

Aunque Trump proporcionó pruebas, Reuters no pudo verificar los detalles de inmediato y los abogados de Trump no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Según informes de ABC News, los fiscales federales notificaron al expresidente Trump que está siendo investigado por su manejo de material clasificado después de dejar el cargo. Es común que el Departamento de Justicia notifique a las personas cuando se convierten en objeto de una investigación para permitirles presentar su propia evidencia ante un gran jurado. Sin embargo, esto no implica necesariamente que Trump vaya a ser acusado.

Las autoridades estadounidenses han estado investigando si Trump manipuló indebidamente documentos clasificados que retuvo después de abandonar la Casa Blanca en 2021. Hace casi un año, se confiscaron alrededor de 13,000 documentos de la finca Mar-a-Lago del expresidente en Palm Beach, Florida. De estos, cien estaban marcados como clasificados, a pesar de que uno de los abogados de Trump había afirmado previamente que todos los registros clasificados habían sido devueltos al gobierno.

Trump ha defendido anteriormente la retención de documentos, sugiriendo que los desclasificó mientras era presidente. Sin embargo, no ha presentado pruebas al respecto y sus abogados se han negado a utilizar ese argumento en los documentos presentados ante el tribunal.

El diputado Gerardo Fernández Noroña presenta solicitud de licencia como precandidato presidencial.

En el marco de la definición del candidato presidencial de Morena para 2024, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, envió este jueves su solicitud de licencia por tiempo indefinido.

En una misiva dirigida al presidente de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta, Noroña anunció que su licencia será efectiva a partir del jueves 15 de junio. Además, expresó su intención de competir para representar a la coalición “Juntos Hacemos Historia”, conformada por Morena, el PT y el PVEM, en el proceso electoral de 2024.

En el documento difundido en sus redes sociales, Noroña solicitó que la petición sea sometida a consideración del pleno de la Comisión Permanente. Esta decisión se produjo después de su reunión del miércoles con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a pesar de que no fue invitado al encuentro del presidente Andrés Manuel López Obrador con los aspirantes a la candidatura de Morena esta semana.

Cabe destacar que la licencia de Fernández Noroña se suma al anuncio de la renuncia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que será efectiva a partir del lunes 12 de junio.

A pesar de no haber sido invitado a la cena con el presidente López Obrador, el diputado Noroña aseguró que esta situación no es un impedimento para su participación ni su posible victoria en la contienda por la candidatura en 2024.

El Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) 2023, elaborado por la organización internacional World Justice Project (WJP), reveló que el Estado de derecho en México está estancado.

En su quinta edición, presentada en el Museo Memoria y Tolerancia, el índice otorga una calificación promedio de 0.42 al país en una escala del 0 al 1, y también califica a cada una de las 32 entidades.

En la presentación del índice, Eréndira González, líder del proyecto en México, señaló que existe una brecha relevante para tener un Estado de derecho fuerte y que no se han observado cambios significativos. La tendencia general indica que México está estancado en este aspecto.

El índice evalúa ocho aspectos diferentes, como los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, la justicia civil y penal, el orden y la seguridad, el gobierno abierto, los derechos fundamentales y el cumplimiento regulatorio.

Los datos recopilados para este informe incluyen los resultados de una encuesta realizada a 400 mexicanos por cada estado, así como cuestionarios a especialistas y fuentes terciarias.

En su primera edición en 2018, el índice otorgó un puntaje de 0.39 a las 32 demarcaciones del territorio mexicano, lo que muestra un avance marginal en los últimos años.

Entre las tendencias más importantes, destaca la mejora en seis estados, siendo Querétaro el más destacado al pasar del quinto al primer lugar en estas cinco ediciones. Guanajuato subió de la posición 12 a la segunda, mientras que Sinaloa mejoró de la posición 11 a la quinta.

Por otro lado, Baja California Sur pasó del penúltimo lugar a la sexta posición, Tamaulipas subió del lugar 19 al 12 y Sonora del 29 al 20.

En contraste, Quintana Roo es la entidad identificada con el menor apego al Estado de derecho, seguida de la Ciudad de México.

La Cámara de Comercio Americana (AmCham) en México presentó este miércoles una agenda estratégica y líneas de acción para ser impulsadas por los candidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2024.

En su documento titulado “Ruta 2024-2030”, AmCham México propone seis ejes temáticos y recopila 22 propuestas concretas. Estos ejes incluyen seguridad y Estado de derecho, economía y finanzas públicas, comercio exterior en la era de Norteamérica, atracción de inversión, bienestar y crecimiento sostenible, e innovación y economía digital.

El objetivo de esta organización empresarial, que representa una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB), es impulsar las relaciones comerciales, la competitividad y el desarrollo social, económico y sostenible en Norteamérica.

El presidente de AmCham México, Daniel Baima, enfatizó que el objetivo de este documento es velar por los intereses de sus más de mil 300 socios, promover la prosperidad del país y fomentar el comercio entre México y Estados Unidos. Además, señaló que la propuesta surge en un momento de mayor integración regional en Norteamérica y del fenómeno de la relocalización de empresas.

Baima también mencionó tres sectores clave para aprovechar esta oportunidad: la electro movilidad, los dispositivos médicos y los chips en general. Además, destacó la importancia de habilitadores como el agua, la energía, el transporte, los recursos humanos, la capacitación y la logística para atraer mayores flujos de inversión.

Por su parte, Pedro Casas, director general y vicepresidente ejecutivo de AmCham México, destacó la importancia de presentar estas propuestas y recomendaciones en un momento de cambios políticos, para aprovechar y materializar ese momento histórico.

En cuanto a la propuesta sobre comercio exterior, AmCham identifica a Norteamérica como la región con mayor potencial para convertirse en la más competitiva a nivel mundial. El documento promueve la facilitación del comercio para alcanzar este máximo potencial, proponiendo un modelo de “un solo gobierno en la frontera”, donde el despacho aduanero se realice una sola vez con validez legal en ambos países. También se impulsa el uso de mecanismos automáticos de análisis de riesgos y la homologación de requisitos y normativas clave para eliminar transbordos en los pasos fronterizos, entre otras medidas.

El miércoles, Todd Robinson, el subsecretario de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley de Estados Unidos, destacó la necesidad de que el gobierno mexicano, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, destine más recursos a sus sistemas de seguridad y justicia.

Durante una audiencia en el Subcomité para América Latina de la Cámara Baja, Robinson enfatizó que Estados Unidos ha invertido en tecnología e investigaciones para hacer frente al narcotráfico en la frontera.

“Uno de los mayores desafíos, sinceramente, es que en este momento México no está invirtiendo lo suficiente en su aparato de seguridad y procuración de justicia, como lo estamos haciendo nosotros en Estados Unidos”, expresó ante los legisladores.

Además, aseguró que una de las tareas de Estados Unidos es persuadir a México para que “haga más en este ámbito”.

Robinson insistió en que las autoridades estadounidenses consideran que han invertido lo suficiente para aumentar las capacidades, la tecnología y los caninos detectores de narcóticos, y agregó: “Necesitamos que los mexicanos hagan más”.

El funcionario mencionó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos también colabora con la Fiscalía General de la República para fortalecer las investigaciones y los procesos en la lucha contra los narcóticos.

En mayo, Robinson se reunió con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, como parte de los acuerdos de la estrategia binacional “Entendimiento Bicentenario”.

Durante la reunión, se abordó principalmente la urgencia de implementar medidas para combatir el tráfico de fentanilo y otros narcóticos.

Posteriormente, el funcionario asistió a un foro en Tijuana, donde participó el embajador Ken Salazar, y se anunció la modernización de los puertos de entrada en la frontera binacional para impulsar el crecimiento económico.