29 de enero de 2024.- Mientras Luis Donaldo Colosio Riojas solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador indulto para Mario Aburto, asesino confeso de su padre Luis Donaldo Colosio, la Fiscalía General de la República (FGR) busca encarcelar a un segundo “tirador” relacionado con el magnicidio de 1994.

De acuerdo con el diario Reforma, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, estuvo orquestado por autoridades: desde la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari hasta agentes del Cisen.

La FGR apuntó que el segundo tirador es Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del Cisen y encargado de la seguridad del candidato presidencial del PRI.

Jorge Antonio Sánchez Ortega, el segundo tirador en el caso Colosio

Para solicitar la orden de captura en contra de Sánchez Ortega, la Fiscalía se basó en el testimonio de Leticia Ortiz, compañera de trabajo de Mario Aburto.

En 1998, la mujer dio la descripción para elaborar un retrato hablado de un sujeto que supuestamente visitó en tres ocasiones a Mario Aburto en la fábrica de plástico Camero Magnéticos.

Y el año pasado, la FGR volvió a citar a Leticia para una diligencia, en la cual le mostró dos fotografías, entre ellas la de Jorge Antonio Sánchez Ortega, y lo señaló como el sujeto que se reunió con Aburto en la Mesa de Otay, días antes del asesinato de Colosio.

Por lo anterior, la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión en contra del exagente del Cisen, pero el juez Jesús Alberto Chávez Hernández la desechó, al considerar no confiable la única prueba que culpaba a Sánchez Ortega, pues argumentó que Leticia cambió la versión de su testimonio.

Sin embargo esta no es la primera vez que señalan Jorge Antonio como segundo tirador. El exagente del Cisen fue detenido minutos después del magnicidio, aunque sólo estuvo preso por unas horas.

Autoridades arrestaron a Jorge Antonio debido a que su chamarra blanca estaba manchada de sangre y dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, utilizada para detectar trazas de plomo.

Sin embargo, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) no lo vinculó a proceso, debido a que no estaba armado al momento del homicidio y además nunca hallaron un arma diferente a la de Mario Aburto.

A casi 30 años del magnicidio, el alcalde de Monterrey pidió “dar vuelta a la página” del caso del magnicidio de su padre, por lo que solicitó al presidente de México indulto para Mario Aburto.

“Apelando a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que mi familia, tanto México, sanemos”, expresó Luis Donaldo Colosio Riojas, en entrevista para medios.

Con información de Reforma y Fórmula

Guanajuato, Gto., 29 de enero de 2024.– Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones radicaron dos propuestas de punto de acuerdo en materia de movilidad y transporte público.

La primera, busca exhortar a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato para que, a través de los inspectores de movilidad, inspeccionen, verifiquen y vigilen que el servicio público de transporte intermunicipal en su categoría Regular, que comprende las rutas de ida y vuelta o circular: León-Silao, Silao-Guanajuato, Silao-Irapuato y Silao-San Felipe, cumplan el porcentaje de pasajeros de pie que pueden llevar a bordo.

La segunda, pretende pedir al Ayuntamiento de Irapuato que inicie el procedimiento de plebiscito para preguntar a la ciudadanía de ese municipio sobre la aprobación o rechazo de su decisión sobre la implementación de la tarifa diferenciada de transporte público.

En el apartado de asuntos generales, el diputado Martín López Camacho recordó que en los próximos días se estarán llevando a cabo las consultas para personas con discapacidad y Pueblos y Comunidades Indígenas, sobre una serie de iniciativas relacionadas a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Martín López Camacho (presidente), Rolando Fortino Alcántar Rojas, Bricio Balderas Álvarez, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo y Gerardo Fernández González.

28 de enero de 2024.- El precandidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se unió al llamado para poner fin a los modelos no sostenibles de producción energética, específicamente señalando la termoeléctrica de Tula, Hidalgo, y la refinería de Cadereyta, Nuevo León.

Respaldando la batalla legal liderada por el gobernador de la entidad, Samuel García, Álvarez Máynez destaca la preocupación por la salud y la contaminación del aire, especialmente de niñas y niños.

Lucha contra el impacto ambiental

Frente a las acciones legales del gobierno de Nuevo León y la falta de respuesta de Petróleos Mexicanos (Pemex) para reducir las emisiones de la refinería de Cadereyta, que contribuye significativamente al dióxido de azufre en la Zona Metropolitana, se destaca la necesidad de considerar su reubicación como la única solución a largo plazo para mitigar su impacto ambiental.

Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es señalada por no abordar el impacto de la termoeléctrica de Tula, que afecta la salud de 20 millones de personas en la Zona Metropolitana del Valle de México y contribuye al incumplimiento de las normativas ambientales.

Visión de un México Nuevo

En el ámbito legislativo, la Bancada Naranja, liderada por Álvarez Máynez, reafirmó su compromiso ambiental al presentar la Carta por el Aire en 2022. Este documento insta a ciudades clave, como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, a comprometerse con la construcción de plantas de carbonización, la reducción de la compra de combustóleo y la implementación de acceso a energías limpias. Sin embargo, solo los alcaldes de Guadalajara y Monterrey firmaron, demostrando su compromiso con el derecho humano al aire limpio.

Álvarez Máynez sostiene que la visión de un México Nuevo implica reconsiderar las necesidades sociales y ambientales, priorizando inversiones en empresas sostenibles para beneficiar a las generaciones futuras. La reflexión se centra en la importancia de pensar con justicia intergeneracional para lograr un equilibrio entre las necesidades actuales y la preservación del medio ambiente.

Ciudad de México, 27 de enero de 2024.- El gobierno de México, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador le prestó a crédito 150 millones de pesos a la empresa de Epigmenio Ibarra, sin embargo, le extendieron el plazo y las últimas 10 mensualidades no se las han cobrado.

Así lo reveló el periodista Carlos Loret de Mola, quien tras presentar un reportaje para Latinus sentenció: “es el privilegio de ser Epigmenio Ibarra”.

Fue en 2021 cuando el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) le entregó el préstamo que vencía en 2024. Pero se cambiaron las condiciones para Argos Televisión: de 48 meses pasó a 89, con lo que podrá pagar hasta 2027, esto de acuerdo a documentos consultados por ese medio.

“El presidente dice que ya se acabaron los privilegios, pero para Epigmenio Ibarra, propagandista estrella de López Obrador, los privilegios no se han acabado […] aunque el presidente aseguró que no iba a dar apoyos económicos a empresas del cineasta, le dio 150 millones de pesos a crédito “, aseguró el periodista.

De acuerdo a la información publicada en Latinus, sin ningún tipo de sanción el cinesasta sigue sin saldar las 10 mensualidades que debió entregar este 2023. De los 150 mdp, sólo ha pagado unos 30 millones, por lo que adeuda 120 mdp.

Esto a pesar de que Epigmenio Ibarra no logró demostrar que tenía el capital para poder realizar el pago del préstamo. Además, Loret de Mola reveló que se le han condonado más de 14 mdp por el SAT.

Michoacán, 25 de enero de 2024.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla en un acto de corrupción, repartió millones de pesos a los 25 legisladores locales para que aprobarán, fast track, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, debido a que tiene diversos intereses económicos en la construcción de un teleférico en Uruapan y un Metrobús en la ciudad de Morelia, acusa José Trinidad Martínez Pasalagua, presidente de la Comisión reguladora del Transporte de Michoacán.

La Ley de Movilidad, que fue votada sin cambiarle una coma, tiene grandes beneficios económicos para Ramírez Bedolla, por lo que repartió millones de pesos para que fuera aprobada, dice Martínez Pasalagua.

“La simple situación del hecho de aprobar una ley, al vapor, una ley que les ordenó el Gobernador que la tiene que aprobar de inmediato, pisoteando los derechos de los transportistas y que han aceptado diputados que hubo dinero, que les pagaron dinero, como una diputada de Uruapan”.

La ley aprobada en junio del 2023 en el Congreso de Michoacán, hasta el momento tiene 247 suspensiones otorgadas por jueces federales, lo que la hace qué no sea funcional en estos momentos, aun así, se le otorgó un presupuesto, violando los amparos interpuestos.

“La ley está suspendida de acuerdo con los amparos definitivos que se nos dieron y que dice que la ley se quedara en las condiciones que estaba y aún así han violado la ley porque le asignaron recursos, el Gobernador acaba de crear el Instituto de Transporte, y acaba de hacerle su reglamento”.

El líder del transporte urbano del estado calificó de soberbio, arbitrario y represor a Ramírez Bedolla, quien sabe que está violando la ley y los amparos que han obsequiado los jueces al gremio de transportistas.

“Obviamente, nos estamos amparando por violaciones al amparo de esto que te comento, o sea, no podía ser creada ni asignar recursos, hasta que no se resuelve el procedimiento, pero bueno, es, es una situación de la gente, como el gobernador, que es un hombre soberbio, arbitrario y represor”.

Martínez Pasalagua, resaltó que los legisladores de Michoacán han violado los informes justificados de la Ley, poniendo documentación alterada, lo que ya fue informado a los juzgados para que se inicie una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía del Estado.

“Ellos (los diputados) han metido en los informes justificados documentos que alteran, documentos que son totalmente diferente a lo que nos entregó el Congreso del Estado. Obviamente, todo está certificado por el Congreso del Estado, lo que nos fue entregado, entonces no podemos nosotros alterar ningún documento. Ellos lo han alterado y obviamente ya hemos presentado la solicitud al juzgado de que dé parte del Ministerio público federal.

Hasta el momento la ley debería estar congelada para evitar su funcionamiento con más de 400 amparos interpuestos, de los cuales solo se han concedido 247, suficientes para que se pueda aplicar en el estado; sin embargo, esto no sucede por órdenes de Alfredo Ramírez Bedolla, según Martínez Pasalagua.

Con información de Excélsior