Michoacán, 25 de enero de 2024.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla en un acto de corrupción, repartió millones de pesos a los 25 legisladores locales para que aprobarán, fast track, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, debido a que tiene diversos intereses económicos en la construcción de un teleférico en Uruapan y un Metrobús en la ciudad de Morelia, acusa José Trinidad Martínez Pasalagua, presidente de la Comisión reguladora del Transporte de Michoacán.
La Ley de Movilidad, que fue votada sin cambiarle una coma, tiene grandes beneficios económicos para Ramírez Bedolla, por lo que repartió millones de pesos para que fuera aprobada, dice Martínez Pasalagua.
“La simple situación del hecho de aprobar una ley, al vapor, una ley que les ordenó el Gobernador que la tiene que aprobar de inmediato, pisoteando los derechos de los transportistas y que han aceptado diputados que hubo dinero, que les pagaron dinero, como una diputada de Uruapan”.
La ley aprobada en junio del 2023 en el Congreso de Michoacán, hasta el momento tiene 247 suspensiones otorgadas por jueces federales, lo que la hace qué no sea funcional en estos momentos, aun así, se le otorgó un presupuesto, violando los amparos interpuestos.
“La ley está suspendida de acuerdo con los amparos definitivos que se nos dieron y que dice que la ley se quedara en las condiciones que estaba y aún así han violado la ley porque le asignaron recursos, el Gobernador acaba de crear el Instituto de Transporte, y acaba de hacerle su reglamento”.
El líder del transporte urbano del estado calificó de soberbio, arbitrario y represor a Ramírez Bedolla, quien sabe que está violando la ley y los amparos que han obsequiado los jueces al gremio de transportistas.
“Obviamente, nos estamos amparando por violaciones al amparo de esto que te comento, o sea, no podía ser creada ni asignar recursos, hasta que no se resuelve el procedimiento, pero bueno, es, es una situación de la gente, como el gobernador, que es un hombre soberbio, arbitrario y represor”.
Martínez Pasalagua, resaltó que los legisladores de Michoacán han violado los informes justificados de la Ley, poniendo documentación alterada, lo que ya fue informado a los juzgados para que se inicie una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía del Estado.
“Ellos (los diputados) han metido en los informes justificados documentos que alteran, documentos que son totalmente diferente a lo que nos entregó el Congreso del Estado. Obviamente, todo está certificado por el Congreso del Estado, lo que nos fue entregado, entonces no podemos nosotros alterar ningún documento. Ellos lo han alterado y obviamente ya hemos presentado la solicitud al juzgado de que dé parte del Ministerio público federal.
Hasta el momento la ley debería estar congelada para evitar su funcionamiento con más de 400 amparos interpuestos, de los cuales solo se han concedido 247, suficientes para que se pueda aplicar en el estado; sin embargo, esto no sucede por órdenes de Alfredo Ramírez Bedolla, según Martínez Pasalagua.
Con información de Excélsior
