La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Claudia Zavala, enfatizó la importancia de que los aspirantes a la Presidencia se adhieran estrictamente a la ley para evitar incurrir en actos anticipados de campaña. En caso de confirmarse dichos actos, podrían perder el registro de su candidatura.

Durante la sesión celebrada este viernes, se rechazaron las medidas en contra de Claudia Sheinbaum, senadora del PRI, Beatriz Paredes, diputado del PAN, Santiago Creel, y Movimiento Ciudadano, quienes fueron señalados por presuntos actos anticipados de campaña.

“Actuar al límite de las normas a menudo implica actos que constituyen simulación. Estos adelantos tienen una sanción establecida en la propia ley, una consecuencia severa. Cuando se emite una sentencia firme por un acto anticipado, la consecuencia es que no se puede registrar como precandidato o candidata”, afirmó Zavala.

La consejera electoral advirtió que no es momento para manifestar aspiraciones a cargos de elección popular a través de los medios de comunicación ni para que los actores políticos hablen sobre propuestas de gobierno, dado que el proceso electoral no comienza hasta septiembre.

“Es sumamente importante, tanto para México como para la democracia, que todos los actores políticos se ajusten a la ley, especialmente aquellos que aspiran a gobernar o representar a ciertos niveles. De lo contrario, ¿qué ejemplo estamos dando?”, cuestionó la consejera electoral.

En uno de los casos analizados, legisladores de Movimiento Ciudadano denunciaron a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por presuntos actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y vulneración del principio de imparcialidad, debido a un evento realizado en el Monumento a la Revolución el 15 de junio.

La comisión determinó que las medidas cautelares eran improcedentes, ya que los actos ya se habían consumado y eran irreparables. Además, la funcionaria se había separado del cargo desde el 16 de junio.

Respecto a este caso, la consejera Claudia Zavala señaló que corresponderá a la Sala Especializada del Tribunal Electoral analizar los elementos para determinar si hubo una campaña anticipada durante el mitin de la exjefa de Gobierno.

Por otro lado, Morena presentó una denuncia contra la senadora del PRI, Beatriz Paredes, por supuesta campaña anticipada debido a sus manifestaciones sobre sus aspiraciones a la Presidencia en diversos medios de comunicación.

Sin embargo, la comisión decidió no implementar medidas cautelares, pero instó a la senadora a actuar de acuerdo con los principios de “legalidad y equidad”.

En otro acontecimiento, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia ante el INE contra los aspirantes presidenciales de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. La denuncia alega el uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de precampaña y campaña en sus eventos promocionales, que dieron inicio en distintas partes del país el pasado 19 de junio.

La denuncia incluye a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco, Morena y aquellos que resulten responsables.

Álvarez Máynez afirmó: “Si ellos no se cansan de violar la ley, nosotros no nos cansaremos de defender la democracia. Hoy presentamos una denuncia por los eventos de campaña en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Sinaloa y Estado de México”.

La creciente violencia perpetrada por la delincuencia está provocando un aumento significativo en el número de familias desplazadas en México, alcanzando niveles no vistos en más de siete años. Esta situación se convierte en una clara evidencia del fracaso de la política de seguridad pública implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El impacto de la violencia en las comunidades mexicanas es desgarrador. En el año 2021, cerca de 29,000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido al temor constante de convertirse en víctimas, incluso de perder la vida, a manos del crimen organizado que ha atacado implacablemente sus localidades. Estas familias, en busca de seguridad y protección, se ven forzadas a dejar atrás todo lo que conocen y aman, enfrentando el doloroso proceso de desplazamiento interno.

Recientemente, el equipo de Latinus realizó una visita a la Tierra Caliente de Michoacán, una región que ha sido profundamente afectada por la violencia y el control ejercido por el Cártel Jalisco Nueva Generación. En esta zona, algunos habitantes han intentado regresar a sus hogares después de haber abandonado todo hace casi dos años. Sin embargo, la sombra del miedo y la incertidumbre persisten, recordándoles los peligros que acechan en cada esquina.

El exilio forzado de estas familias es un testimonio conmovedor de las deficiencias en la estrategia de seguridad implementada por el gobierno actual. A pesar de los lemas y promesas de “abrazos, no balazos”, la realidad es que el asedio criminal continúa cobrando un precio humano devastador. La falta de una respuesta eficaz y contundente ante la violencia ha dejado a miles de personas vulnerables y desprotegidas, en constante peligro y sin opciones viables para reconstruir sus vidas en un entorno seguro.

Es imperativo que las autoridades mexicanas tomen medidas enérgicas para abordar esta crisis humanitaria que se está gestando en el país. Se requiere una estrategia integral que no solo se enfoque en la represión de los grupos delictivos, sino que también priorice la protección y el apoyo a las comunidades afectadas. La implementación de programas de prevención del delito, la mejora de las condiciones de vida en zonas vulnerables y el fortalecimiento del sistema de justicia son algunas de las medidas necesarias para brindar un ambiente seguro y pacífico para todas las familias mexicanas.

El exilio y la desesperanza no pueden ser el destino de aquellos que buscan una vida digna y tranquila en su propio país. Es hora de un cambio real y efectivo que garantice la seguridad y el bienestar de todas las personas en México. La protección de los derechos civiles y la construcción de una sociedad libre de violencia deben ser prioridades fundamentales para el gobierno y para la sociedad en su conjunto. Solo a través de un enfoque integral y comprometido se podrá superar esta crisis y ofrecer un futuro prometedor a las familias afectadas por el asedio criminal en México.”

Un grupo de activistas dedicados a la defensa de los derechos civiles ha presentado una demanda este viernes contra las autoridades de Estados Unidos con el objetivo de invalidar las recientes reglas migratorias implementadas tras el fin del Título 42.

En su demanda, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) critica al gobierno estadounidense por “restringir el acceso al asilo en la frontera sur para la mayoría de las personas sujetas a procesos de expulsión acelerada”.

Después de la finalización del Título 42, una normativa sanitaria que permitía la expulsión inmediata de migrantes debido a la pandemia, a mediados de mayo las autoridades establecieron nuevas reglas para los solicitantes de asilo y aplicaron castigos más severos para aquellos migrantes que ingresan de manera irregular.

Estas regulaciones clasifican como “no aptos” para solicitar asilo a los migrantes que cruzan la frontera de manera irregular y no han solicitado protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos.

La principal opción legal para solicitar asilo en el país, disponible para las personas que llegan a la frontera, es a través de la aplicación móvil CBP One, que permite a los migrantes programar citas con las autoridades para presentar sus casos.

Además, Estados Unidos ha aumentado el número de vuelos de deportación a países de la región y ha llegado a un acuerdo con México para que el país vecino reciba hasta 30,000 migrantes deportados al mes procedentes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba.

Como resultado, las detenciones en la frontera han disminuido considerablemente desde que se levantó la normativa sanitaria y se implementaron las nuevas restricciones migratorias.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), las detenciones de migrantes entre puntos de entrada en la frontera sur disminuyeron un 25% en mayo en comparación con el mismo mes del año pasado, y más de la mitad de estas detenciones ocurrieron antes de que se dejara de aplicar el Título 42 el 12 de mayo.

Esta semana también se reveló que menos de la mitad de los migrantes adultos que fueron detenidos al cruzar la frontera de manera irregular en el último mes lograron solicitar asilo, según datos presentados por el gobierno ante un tribunal federal en California.

En contraste, antes de la pandemia (entre 2014 y 2019), el 83% de los adultos detenidos en cruces irregulares lograban solicitar esta protección.

En su demanda, la ACLU solicita la eliminación de todas estas medidas migratorias y que a los migrantes que han sido expulsados se les permita regresar a Estados Unidos mientras se procesan sus solicitudes de asilo.”

En la 53ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hizo un llamado a los países miembros para unirse a la coalición internacional liderada por Washington en la lucha contra el tráfico de fentanilo.

Durante el evento celebrado en Washington, Blinken anunció el lanzamiento de una nueva coalición global destinada a abordar las amenazas a la seguridad y la salud pública derivadas de la producción y el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas. El secretario de Estado alentó a los países de la región a unirse a este esfuerzo conjunto.

Blinken destacó que Estados Unidos ha sido el país más afectado por el consumo de fentanilo, pero advirtió que este problema se está extendiendo, especialmente en el continente americano.

Con el objetivo de frenar el tráfico de fentanilo, un opioide sintético fabricado en México con precursores provenientes de Asia y que causa miles de muertes por sobredosis cada año, Estados Unidos está presionando para tomar medidas.

El secretario de Estado mencionó que en 2022, 110,000 personas perdieron la vida en Estados Unidos debido al consumo de drogas, la gran mayoría de ellas por opioides sintéticos, lo cual ha causado un sufrimiento devastador a miles de familias.

Blinken enfatizó que ningún país del continente quedará exento de los efectos de esta lacra ni de los grupos del crimen organizado transnacional que se benefician de ella, y que la única forma de enfrentar este desafío es uniendo esfuerzos.

En el mismo evento, Blinken anunció la convocatoria de una reunión virtual de ministros de todo el mundo para el 7 de julio, con el propósito de establecer una coalición internacional contra los opioides.

El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene como objetivo reunir nuevamente a esta coalición en el marco de la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin de compartir políticas y avances en la lucha contra el fentanilo.

Cabe destacar que el tráfico de esta sustancia fue uno de los temas abordados por Blinken durante su reciente visita a China, país que niega tener responsabilidad en la exportación de opioides.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también ha negado la existencia de un problema de fentanilo en su país y ha acusado a Estados Unidos de no hacer lo suficiente para frenar el consumo dentro de su propio territorio.

En un encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo, Marcelo Ebrard Casaubón destacó la importancia de explorar nuevos mercados internacionales, incluido el Medio Oriente. Durante su intervención, planteó la meta de atraer inversiones de Estados Unidos hacia China.

“Estamos considerando que si logramos captar solo el 11% de la inversión total que Estados Unidos tiene en China, México podría eliminar la pobreza extrema en nuestro país en un plazo de 10 años, tal vez incluso menos”, afirmó Ebrard.

El ex canciller también recordó los objetivos de México para el año 2030 en términos de sostenibilidad ambiental, como la reducción del 22% de las emisiones de efecto invernadero. En este sentido, propuso alcanzar una disminución del 35% al producir el doble de energías limpias para ese mismo año.

Durante la presentación de sus planes de desarrollo de infraestructura en Hidalgo, Ebrard negó que se tratara de propuestas de campaña, asegurando que eran ideas recopiladas durante sus recorridos. Esta aclaración buscaba evitar posibles sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Previamente, en un mitin en Pachuca, mujeres expresaron sus preocupaciones a Ebrard sobre la falta de medicamentos, bajos salarios y la necesidad de un mayor apoyo a las organizaciones civiles de mujeres productoras del campo.

En respuesta, Ebrard, utilizando un altavoz, habló sobre la importancia de la igualdad de oportunidades y salarios como medio para avanzar en el país. Aseguró que estos recorridos tenían como objetivo escuchar las demandas y propuestas de la ciudadanía para posteriormente darles seguimiento.

“Independientemente de las diferentes denominaciones, lo que buscan en esencia es sentirse seguras, que nadie les arrebatará su trabajo, que nadie abusará de ellas, que puedan emprender y proteger a sus hijos. Eso es lo que desean y lo que entiendo, y así deberían trabajar todos los organismos gubernamentales”, afirmó Ebrard.

Asimismo, hizo hincapié en que se considera un feminista y resaltó la importancia de brindar seguridad, empleo y respeto.

“Si queremos construir un mundo mejor, necesitamos igualdad, y la igualdad se construye a través de la igualdad de género”, concluyó.

Olga Sánchez Cordero, exministra y actual presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, ha admitido que el proceso legislativo utilizado por Morena y sus aliados para aprobar el denominado plan B electoral fue “atropellado”. En este sentido, ha señalado la importancia de una reflexión interna entre los legisladores para mejorar su trabajo y los procesos legislativos, evitando enfrentar invalidaciones y la intervención de la Suprema Corte.

“Es lamentable que debido a un proceso legislativo apresurado, muy apresurado, tengamos que hacer una reflexión personal sobre cómo mejorar nuestro trabajo legislativo y nuestros procesos, para evitar enfrentar situaciones de invalidez y para que la Suprema Corte pueda intervenir, lo cual sería de vital importancia”, destacó la legisladora.

El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementeria, hizo público su comentario: “Tomen eso. La SCJN le dice ‘quieto’ a los deseos dictatoriales de Morena. Rechazan el plan B por violar la Constitución. Felicidades a los ministros que recuerdan al Presidente y su movimiento de destrucción nacional que la ley se respeta. ¡Viva la democracia!”.

“Ya se lo advertimos en el Senado y hoy la SCJN lo confirma: atropellar los procesos legislativos tiene consecuencias. Hoy el plan B con el que Morena buscaba debilitar nuestra democracia pasa a la historia como un intento fallido de este gobierno. Es un gran día para la democracia y para México”, destacó Claudia Ruiz Massieu, del PRI.

Clemente Castañeda, líder de los senadores de Movimiento Ciudadano, celebró la decisión de la SCJN “de sepultar de una vez por todas el intento de fracturar el sistema electoral mexicano que implicaba el plan B del gobierno federal. Vuelve a quedar claro que los procedimientos parlamentarios son fundamentales en el Estado de derecho”.

Nancy de la Sierra, del Grupo Plural, afirmó que “nos congratulamos con la decisión de la SCJN, ya que, con nueve de los 11 votos, se invalida por completo el plan B electoral, que generó tanta controversia debido al procedimiento utilizado… Esperemos que se entienda que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial representan al Estado mexicano y cada uno tiene sus atribuciones. Ojalá los senadores comprendan la importancia de llevar a cabo los procedimientos adecuadamente para evitar recurrir a impugnaciones”.