Guanajuato, Guanajuato. El conglomerado de tiendas de autoservicio que incluye Walmart, Bodega Aurrera, Sam’s Club y Superama ha incurrido repetidamente en violaciones a las normativas ambientales en el estado de Guanajuato, acumulando un total de 43 multas por más de 2 millones de pesos en los últimos cinco años.
La reincidencia en estas infracciones, junto con las sanciones impuestas, evidencia que el grupo empresarial parece optar por pagar las multas aplicadas por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) en lugar de cumplir con la legislación ambiental.
Durante 2024, las sanciones más altas emitidas por la PAOT en todo el estado fueron dirigidas a establecimientos de este consorcio, operando bajo las razones sociales Arrendadora de Centros Comerciales, S. de R.L. de C.V.; Inmobiliaria Carpir, S. de R.L. de C.V. y Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.
Las sanciones acumuladas por el consorcio entre 2020 y 2024 corresponden a obras realizadas en 20 municipios de Guanajuato para la construcción de tiendas Walmart, Bodega Aurrera y Sam’s Club, ya que las sucursales de Superama dejaron de operar en la región.
En marzo de 2024, la tienda Sam’s Club, operando bajo la razón social Inmobiliaria Carpir, recibió dos sanciones que sumaron 87,941 pesos. Estas multas fueron impuestas debido al incumplimiento de las condicionantes establecidas por el gobierno estatal en Celaya y a la falta de autorización en materia de impacto ambiental para una construcción en Salamanca.
No obstante, estas infracciones no fueron las únicas. A lo largo de 2024, el consorcio acumuló multas por un total de 327,881 pesos debido a diversas irregularidades medioambientales en Guanajuato. A estos incumplimientos se sumó la participación de la filial Arrendadora de Centros Comerciales, perteneciente a Grupo Walmart de México y dedicada al arrendamiento de locales comerciales y oficinas, que también violó repetidamente las disposiciones estatales en materia ambiental.
A pesar de haber sido notificado sobre las multas, el consorcio ha optado por continuar operando al margen de la normativa, encabezando año tras año las sanciones más altas impuestas por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT).
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