Migrantes en Tapachula piden apoyo a Sheinbaum para interceder ante Trump y permitirles llegar a EE. UU.

Cientos de migrantes varados en la frontera sur de México pidieron este martes al gobierno de Claudia Sheinbaum que intervenga con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para que permita la entrada de migrantes a su país. Los migrantes exigen que el gobierno mexicano dialogue con el futuro mandatario de EE. UU. para que los acepte como migrantes y les brinde la oportunidad de trabajar y sacar adelante a sus familias.

La situación de los migrantes en Tapachula

Gabriel Arroyo Aponte, migrante colombiano, expresó que, a pesar de que Trump ha afirmado que los migrantes son delincuentes, muchos de ellos solo buscan una oportunidad para mejorar la vida de sus familias. “Lo que pedimos al gobierno mexicano es que hable con el presidente Donald Trump y podamos ser aceptados como migrantes”, indicó a EFE.

Arroyo también destacó que la situación en Tapachula, Chiapas, es crítica, pues no hay trabajos disponibles y la ciudad está saturada con familias que viven en condiciones inhumanas sin que se respeten sus derechos humanos. Por ello, los migrantes piden garantías de seguridad para poder llegar a la Ciudad de México.

Cancelación de la marcha y solicitud de seguridad

Una marcha que los migrantes habían planeado para el Día Internacional del Migrante fue cancelada debido a las fuertes lluvias en la región. No obstante, el objetivo de la movilización era alzar la voz por la falta de apoyo y seguridad en la frontera sur.

Carlos Larios, migrante venezolano, comentó que los migrantes ilegales no son criminales, sino que buscan trabajar para mejorar las condiciones de sus familias. “Queremos ayudar a nuestras familias y lo haríamos mejor de manera legal”, afirmó Larios, quien espera poder llegar a Estados Unidos antes de que el próximo gobierno de Trump implemente nuevas políticas migratorias.

Petición de alimentos y seguridad en la frontera sur

Bryan Douglas Velázquez, migrante guatemalteco, insistió en que los migrantes necesitan apoyo con seguridad y alimentos mientras se encuentran en la frontera sur, que se ha convertido en una de las zonas más peligrosas de México. “Nos han robado, golpeado, y muchas mujeres han sido violadas. Pedimos al gobierno de México que nos brinde protección, como la Guardia Nacional y la Policía estatal”, exigió Velázquez.

La inseguridad en la frontera sur

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, la frontera sur de México es considerada la zona más insegura del país, con casi el 92% de sus habitantes percibiendo altos niveles de inseguridad debido a la violencia del crimen organizado.

Aumento en el número de migrantes irregulares

Aunque las detenciones de migrantes indocumentados han disminuido, México ha registrado un aumento significativo en el número de migrantes que atraviesan su territorio. En el primer semestre de 2024, más de 712 mil migrantes irregulares fueron registrados, lo que representa un incremento del 193% en comparación con el año anterior.

Nueva caravana de migrantes

A pesar de las condiciones climáticas adversas, miles de migrantes planean salir desde Tapachula hacia la Ciudad de México en una nueva caravana. Muchos llevan meses esperando una cita o trámite del sistema CBP One, que ha sufrido retrasos significativos, lo que ha generado más frustración entre la comunidad migrante.

Contratista de Pemex vinculado a políticos de Morena solicita amparo contra órdenes de aprehensión

Gerardo Sánchez Zumaya, un empresario potosino vinculado al partido Morena, ha solicitado la protección de la justicia federal ante posibles órdenes de aprehensión. El 16 de octubre, Sánchez Zumaya presentó un amparo tras la publicación de que obtuvo contratos con Pemex, a través de su empresa Petro Gesa, por más de 520 millones de pesos entre 2021 y 2024.

La relación con Morena y los contratos con Pemex

Sánchez Zumaya, junto con su padre, Hilario Sánchez Lara, es conocido por su cercanía a figuras políticas de Morena. En sus redes sociales, el empresario muestra su apoyo a líderes como Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena en el Senado; y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Estos vínculos se han convertido en un tema de interés, especialmente después de que Latinus revelara los contratos millonarios obtenidos por su empresa con la petrolera estatal.

Denuncias de irregularidades y lavado de dinero

El 13 de octubre, se conoció que Sánchez Zumaya enfrenta denuncias por operaciones irregulares. El diario Reforma informó que fue acusado de participar en una presunta red de lavado de dinero mediante transacciones con Pemex, que involucran alrededor de 15 mil millones de pesos. La denuncia fue presentada ante la fiscalía de Tabasco, por un grupo empresarial que acusa competencia desleal en sus transacciones.

Los amparos presentados por Gerardo Sánchez Zumaya

Luego de la publicación del reportaje, Gerardo Sánchez Zumaya solicitó el amparo ante un juez de San Luis Potosí. En su solicitud, señaló como responsables al juez de control del Centro de Justicia Penal Regional de la entidad y a la Fiscalía General del Estado. Este amparo fue recibido por el Juzgado Octavo de Distrito, que decidió remitir el expediente al Juzgado Primero del Estado, ya que el empresario había interpuesto previamente otros amparos, en abril, para evitar una posible detención.

En otro amparo presentado por Sánchez Zumaya, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito, el recurso fue sobreseído debido a que no se había emitido una orden de aprehensión en su contra.

Amparo presentado por Hilario Sánchez Lara

Por su parte, Hilario Sánchez Lara, padre de Gerardo, también promovió un amparo contra una posible detención, pocos días después de la publicación de Latinus. Este amparo, interpuesto el 15 de noviembre, fue sobreseído debido a que las autoridades rechazaron que existiera una orden de aprehensión en su contra.

En una movida que podría redefinir el panorama institucional en México, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados planean la desaparición de siete organismos autónomos en una sesión que se extenderá durante dos días. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó que la discusión de estos cambios comience este miércoles 20 de noviembre, con la intención de concluir el jueves 21.

¿Qué organismos serán eliminados?

El dictamen que se discutirá prevé la desaparición de entidades clave como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), junto con otros seis organismos autónomos. Estos son:

• INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales)
• Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica)
• IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones)
• CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social)
• CNH (Comisión Nacional de Hidrocarburos)
• CRE (Comisión Reguladora de Energía)
• MEJOREDU (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación)

Detalles del proceso legislativo

El proceso legislativo comenzará con la discusión general del dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución en materia de simplificación orgánica. Los coordinadores de la Cuarta Transformación (4T) esperan que la reforma sea discutida y aprobada en el pleno el jueves.

A pesar de las polémicas que genera esta medida, el gobierno sigue adelante con la iniciativa, que ya tiene el respaldo de la mayoría legislativa. El miércoles 20 también se tiene programada la comparecencia del Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para discutir el Paquete Económico.

Un paso importante en la reestructuración del gobierno

Con esta serie de reformas, el gobierno busca simplificar la estructura gubernamental y reducir el número de instancias que supervisan los asuntos públicos, en línea con las promesas de campaña de la administración actual. No obstante, la medida ha generado opiniones divididas, con críticos que sostienen que la eliminación de estos organismos podría restar autonomía a instituciones clave para la democracia y la transparencia en el país.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó un conjunto de iniciativas ante el Congreso local para iniciar el proceso legal que permitiría al estado salir del Pacto Fiscal. Esta decisión busca cambiar la forma en que se distribuyen los recursos federales entre los estados del país. Según Alfaro, Jalisco ha sido víctima de un trato injusto en términos de presupuesto y exige una revisión profunda del modelo de cooperación fiscal.

Jalisco exige un trato justo en el reparto de recursos

Alfaro argumentó que Jalisco merece un trato más digno en la asignación de recursos y subrayó que el estado tiene “la obligación moral” de exigir un modelo fiscal más justo y solidario. Insistió en que esta lucha no tiene un tinte político, sino que es una defensa del modelo federal construido con el esfuerzo de miles de mexicanos para crear la República moderna.

Durante su presentación, el mandatario hizo un llamado a Claudia Sheinbaum, presidenta de la Ciudad de México, para que comprenda que no se trata de un conflicto, sino de la necesidad urgente de revisar el Pacto Fiscal que, según Alfaro, ha condenado a los estados a depender de la voluntad de la Federación.

El proceso para la salida del Pacto Fiscal

El gobernador explicó que el actual convenio de Coordinación Fiscal no establece un mecanismo claro para que los estados puedan optar por salir del pacto. De acuerdo con Alfaro, la estructura jurídica fue diseñada para mantener a los estados bajo el control de la Federación sin posibilidad de negociación.

Alfaro propone una nueva fórmula de distribución de los recursos, basada en convenios voluntarios, con reglas claras tanto para las entidades que decidan seguir dentro del Pacto Fiscal como para aquellas que opten por salir. Esto, según el mandatario, garantizaría una distribución más equitativa de la riqueza y respetaría la soberanía de los estados.

Reacciones a la propuesta

El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, expresó su apoyo a la iniciativa y destacó la relevancia de discutir cuánto dinero aporta Jalisco y cuánto recibe a cambio. En su cuenta de X (antes Twitter), Lemus señaló que la Federación no incluyó proyectos estratégicos para Jalisco en el presupuesto para 2025, lo que refuerza la necesidad de revisar el modelo fiscal actual.

El impacto del Pacto Fiscal en los estados

Actualmente, la distribución de recursos desde la Federación hacia los estados y municipios se basa en criterios como la recaudación, la población y el nivel de marginación. Este modelo favorece a los estados más pobres, pero limita el margen de maniobra de las autoridades locales para destinar fondos a proyectos propios, ya que la mayoría de los recursos están etiquetados para fines específicos.

Alfaro espera que su propuesta impulse una discusión nacional sobre la justicia fiscal y que, finalmente, se logre un modelo de cooperación fiscal que beneficie a todos los estados de manera equitativa.