Morena y aliados celebran la aprobación de la primera reforma del “Plan C” de Andrés Manuel López Obrador: los cambios constitucionales en el Poder Judicial. Sin embargo, expertos critican que se olviden reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la intención de mejorar a las Policías (estatales y municipales), así como a los Ministerios Públicos. El objetivo es mejorar la justicia en México.
“Tan sólo en el ámbito del derecho penal, uno de los asuntos más preocupantes es el de la inmensa impunidad”, refiere el estudio “El sistema de justicia en México: la tentación de una reforma equivocada”, elaborado por la UNAM. El rezago es elocuente: no se denuncia el 94% de los delitos y menos del 1% son resueltos.
“Necesitamos mejorar la capacitación de las Policías y la depuración en los Ministerios Públicos para mejorar el sistema de justicia”, indica Anuar García, presidente de la organización SOS Jalisco, quien destaca que la iniciativa para modificar el Poder Judicial debió comenzar por ambos puntos.
“Si hablamos de Ministerios Públicos, ahí está el grave problema: hay una gran corrupción a nivel nacional”, afirmó.
La desconfianza de los ciudadanos en las instituciones de justicia es reveladora. El informe “Justicia Cotidiana”, del CIDE, acentúa que la percepción de confianza de los mexicanos en los sistemas de justicia y en los tribunales es del 44%, debajo del promedio de los países de la OCDE (52%). Dinamarca, Suiza y Noruega alcanzan cifras del 81% al 86 por ciento.
Rogelio Barba Álvarez, investigador de la UdeG, dice que los policías y los Ministerios Públicos deben ser independientes de cualquier otro Poder para cumplir sus funciones; la reforma judicial elimina esa autonomía. “La cadena de custodia, los elementos de prueba y la formación de los jueces son otros pendientes”.
Para Luis Campos, profesor de Derecho de la Universidad Panamericana, los actores que conforman el sistema de justicia deben estar más preparados para impedir lagunas legales con las que los presuntos delincuentes quedan en libertad (una de las principales críticas dirigidas al Poder Judicial).
Recomendó implementar estas capacitaciones obligatorias para fortalecer el sistema de justicia, en lugar de modificarlo totalmente como lo propone la reforma.
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