La Cámara de Diputados notificó ayer a los 500 legisladores federales que las siguientes discusiones en el pleno son la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos (18 de septiembre) y los cambios para que la Guardia Nacional pase al mando del Ejército (19 de septiembre). La anterior es una de las reformas constitucionales que no pasaron en la anterior Legislatura, pero ahora que Morena y aliados tienen mayoría calificada en el Congreso de la Unión será cuestión de trámite para aprobarse y entrar en vigor.
Tras avalar la reforma judicial, la siguiente polémica está relacionada con la operación de la Guardia Nacional. Hay críticas de organismos civiles —como “México unido contra la delincuencia”—, quienes afirman que la propuesta significa la militarización total y permanente de la seguridad pública, al dotar a la Guardia Nacional de un carácter militar en su mando, composición, entrenamiento y régimen disciplinario.
La iniciativa se presentó desde el 5 de febrero pasado. El Gobierno federal presentó un dictamen que modifica 12 artículos de la Constitución, con los objetivos de poner a la Guardia Nacional bajo el mando y control total de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para reconocerla formalmente como una nueva corporación de la Fuerza Armada Permanente, para facultar al Presidente de la República y disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad de manera ordinaria, para conceder la posibilidad del fuero militar a los guardias nacionales que cometan delitos y violaciones a derechos humanos. Y para eliminar a los últimos elementos civiles de la corporación: los policías federales.
En términos de empoderamiento, la reforma aumentaría a más de 118 mil elementos nuevos bajo su control. Y contempla que los recursos presupuestarios, financieros y materiales de la Guardia Nacional sean transferidos a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La iniciativa se pretende avalar esta semana en la Cámara de Diputados y podría aprobarse también en el Senado, para luego pasar a los Congresos estatales, en un procedimiento similar a la reforma judicial.
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