El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó ataques verbales en materia de género en contra de Xóchitl Gálvez.
Ante esto, el mandatario se defendió durante su conferencia matutina, alegando que el organismo no tiene las pruebas suficientes para sostener tal acusación.
A pesar de que López Obrador acentúa su inocencia, la Sala Especializada del TEPJF apuntó que en al menos 11 conferencias “mañaneras” arremetió en contra de la excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México con actos de violencia política de género.
“Qué hice para ofenderla” cuestionó Obrador este 12 de julio. Se refirió, además, a los magistrados como “mentirosos y corruptos” en un intento de desestimar las acusaciones en su contra. “A la gente le consta que eso nunca pasó”, subrayó.
TEPJF, por mayoría de votos, concluyó: López Obrador realizó expresiones, las cuales menoscabaron los derechos políticos de Gálvez en las mañaneras del 3, 5, 10, 11 y 14 de julio, así como el 3, 7 y 18 de agosto de 2023.
Según el tribunal, las declaraciones del Presidente sugirieron que Gálvez obtuvo su candidatura por decisión de un grupo de poder político.
Asimismo, aseguró que su imagen se utilizó para atraer simpatía entre los votantes. Estas afirmaciones fueron consideradas como violencia simbólica, pues refuerzan estereotipos de inferioridad y dependencia basados en género y origen étnico.
Estos funcionarios serán inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género durante un año y medio. Además, se dio vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República para que determine las acciones correspondientes.
La determinación del TEPJF ha generado un debate significativo sobre el papel de las declaraciones públicas y la responsabilidad de los funcionarios en la promoción de un discurso libre de violencia de género. Mientras tanto, López Obrador mantiene su postura de inocencia, insistiendo en la falta de pruebas concretas para respaldar las acusaciones en su contra.
López Obrador comparó esta situación con las acusaciones hechas en su contra por los periodistas Anabel Hernández y Tim Golden, enfatizando que en ambos casos se carece de pruebas. “Dónde están las pruebas“, insistió el Presidente, defendiendo su postura de que nunca presionó a la gente para votar a favor de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
A pesar de la resolución del TEPJF, el mandatario no puede ser sancionado por infracciones de índole electoral, conforme a los criterios establecidos por la Sala Superior del tribunal. Sin embargo, se determinó la responsabilidad de varios funcionarios de la Presidencia en la difusión del contenido señalado como infractor.
Entre ellos Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social y vocero de la Presidencia; Jessica Ramírez González, directora general de Comunicación Digital; Pedro Daniel Ramírez Pérez, jefe de departamento; Sigfrido Barjau de la Rosa, director del Cepropie; y Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional.
Estos funcionarios serán inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género durante un año y medio. Además, se dio vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República para que determine las acciones correspondientes.
La determinación del TEPJF ha generado un debate significativo sobre el papel de las declaraciones públicas y la responsabilidad de los funcionarios en la promoción de un discurso libre de violencia de género. Mientras tanto, López Obrador mantiene su postura de inocencia, insistiendo en la falta de pruebas concretas para respaldar las acusaciones en su contra.
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