Ciudad de México, 19 de enero de 2024.- La diputada Mariana Mancillas Cabrera (PAN) impulsa una iniciativa que reforma la Ley General de Salud para considerar ilícita la disposición de órganos, tejidos, células y gametos que se utilicen en procedimientos de subrogación de vientres o cualquiera de las modalidades vinculadas con la práctica de alquiler de vientres, cadáveres de seres humanos y aquellas que se efectúen sin estar autorizada por la ley.
Asimismo, se impondrá de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, al que comercie o realice actos jurídicos que tengan por objeto la intermediación de células, embriones, incluyendo los gametos que se utilicen en procedimientos de subrogación de vientres.
El documento, suscrito por integrantes del grupo parlamentario del PAN y turnado a la Comisión de Salud para su análisis, propone reformar el artículo 319 y adicionar la fracción VIII al artículo 462 de dicha ley.
Define la gestación subrogada como un contrato donde una mujer accede a gestar a través de técnicas de reproducción asistidas, para otras personas quienes serían padres o madres de la niña o niño nacido del embarazo previamente pactado.
Expone que diversos países han intentado regular esta práctica, en algunos se ha prohibido, en otros se acepta con restricciones, diversos presentan lagunas en sus legislaciones y en la mayoría no se ha legislado en la materia.
Menciona que en América Latina sólo tres países permiten la maternidad subrogada: Brasil, Uruguay y Puerto Rico; sin embargo, “existen muchos vacíos en sus legislaciones, códigos y reglamentos”.
Mancillas Cabrera precisa que en México la maternidad subrogada no se encuentra regulada a nivel federal y únicamente se puede encontrar en cuatro entidades, en dos de ellas se prohíbe: San Luis Potosí y Querétaro, mientras que en Tabasco y Sinaloa está permitida.
Agrega que la Ciudad de México, Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora, Tamaulipas Y Zacatecas, dentro de sus códigos familiares se encuentra el reconocimiento de los efectos de parentesco derivados de las técnicas de reproducción asistida, sin hacer referencia expresa a la gestación subrogada.
Indica que no existen cifras oficiales de cuantas personas han llevado a cabo esta práctica y “no tenemos una forma de consultar el número de personas que han realizado la maternidad subrogada ni el costo de los procedimientos”; tampoco se conoce a detalle el número de clínicas, hospitales o centros de salud que la ofrecen.
Señala que se han dado a conocer testimonios de esta práctica “que dan cuenta de un arreglo entre particulares para establecer la prestación del vientre, lo que se ha interpretado como un negocio”.
“Lo que está ocurriendo es lucrar con la vida de las personas, con el vientre de las mujeres y, sobre todo, se podría generar un mercado de préstamo o renta de vientres por catálogo, una situación preocupante que generaría muchísimos problemas a futuro”, añade.
Refiere que lejos de ser una buena práctica es algo preocupante, porque se comienza a negociar con la necesidad de las personas.
La legisladora subraya el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes a contar con el nombre y apellidos que les correspondan, tener una nacionalidad, conocer a ambos progenitores(as) y su origen, en la medida de lo posible, preservar su identidad incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.
En este sentido, manifiesta que es indispensable considerar que acceder a la maternidad subrogada no condescendería garantizar de manera plena el derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes.
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