El plan del gobierno de México de aumentar el déficit público para 2024 a su nivel más alto en más de tres décadas ha generado preocupación entre los analistas. Este incremento podría ejercer presión sobre las finanzas públicas de la segunda economía más grande de Latinoamérica y, en última instancia, amenazar su solvencia crediticia.
En su proyecto de presupuesto presentado recientemente, el gobierno pronosticó que el déficit se ampliaría el próximo año al 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB), en comparación con el 3.3% de este año. Este aumento en el déficit coincide con la elección del sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Gran parte de este gasto adicional se destinará a programas sociales y financiamiento para proyectos de infraestructura emblemáticos del mandatario, como el Tren Maya. Aunque López Obrador ha mantenido un control estricto del gasto en el pasado, está relajando estas restricciones de cara a las elecciones de 2024.
La panista Patricia Terrazas, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, calificó este presupuesto como “muy electoral”. Los datos históricos revelan que el déficit proyectado será el más alto desde 1988.
La subida en los rendimientos de los bonos mexicanos ya muestra las consecuencias de este anuncio. El rendimiento del bono a 10 años de México aumentó 17 puntos base, alcanzando el 9.79%, mientras que el bono a 20 años aumentó 18 puntos base, llegando al 9.80%.
A pesar de este aumento en los rendimientos de los bonos, el peso mexicano se fortaleció más del 1.6% frente al dólar, poniendo fin a una racha de siete jornadas de pérdidas.
El gobierno mexicano ya está pagando tasas más altas para emitir deuda debido a la tasa de interés de referencia del banco central en 11.25%. Además, la inflación sigue siendo alta, lo que podría mantener las tasas altas por más tiempo.
A pesar de que los mayores planes de gasto gubernamental podrían impulsar la economía, también podrían aumentar la inflación y llevar a rebajas en la calificación crediticia si el crecimiento se desacelera considerablemente.
Aunque algunos economistas son más optimistas y argumentan que México tiene margen fiscal debido a su control de gasto durante la pandemia de COVID-19, la sostenibilidad del gasto público a largo plazo sigue siendo una preocupación importante que podría requerir una reforma fiscal en el próximo gobierno.
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