Xóchitl Gálvez, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, ha presentado un amparo este miércoles contra un funcionario de la Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México. En su demanda, acusa a este funcionario de no cumplir con las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar su derecho a la presunción de inocencia.
Inicialmente, la demanda fue presentada en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Sin embargo, este juzgado ha declinado su competencia al considerar que los actos reclamados están relacionados con asuntos penales.
La senadora Gálvez ha alegado que un asesor de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, identificado como “B”, ha sido omiso al emitir declaraciones públicas que la exhiben como culpable de varios delitos, como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción. Estos señalamientos se han realizado en redes sociales y en medios de comunicación, sin que se haya demostrado su culpabilidad de manera definitiva en un juicio.
Posteriormente, la demanda de amparo fue remitida al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Sin embargo, este juzgado también ha declinado su competencia al considerar que los actos en cuestión no se relacionan con una autoridad penal, sino con una omisión en el ámbito administrativo.
La situación ahora está en manos del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que deberá determinar si persiste en su decisión de declinar la competencia del caso.
Cabe recordar que en julio, Víctor Hugo Romo, exalcalde de la Miguel Hidalgo y miembro de Morena, denunció a Xóchitl Gálvez ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por diversos delitos, incluyendo enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Romo acusó que las empresas vinculadas a Gálvez obtuvieron contratos millonarios con inmobiliarias durante su mandato como jefa delegacional de la alcaldía Miguel Hidalgo entre 2015 y 2018. Esta situación ha desencadenado un proceso legal en curso y una intensa controversia pública.
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