Un extenso análisis llevado a cabo por el gobierno de México ha expuesto una serie de situaciones de corrupción que han tenido lugar en contratos y pensiones en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante los últimos doce años.
Los hallazgos de irregularidades involucran a figuras destacadas como funcionarios, políticos, intermediarios y empleados del instituto. Estas conductas han generado contratos irregulares por un total de 88 mil millones de pesos y un fraude en el ámbito de las pensiones que asciende a 15 mil millones de pesos.
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, comunicó durante una conferencia matutina junto al presidente Andrés Manuel López Obrador: “Por medio de actos de corrupción, ciertas partes se beneficiaron con contratos que sumaron alrededor de 254 mil millones de pesos en el sector de la salud en su totalidad. De este monto, más de 88 mil millones de pesos correspondieron a contratos celebrados con el ISSSTE”.
Los descubrimientos de irregularidades en los contratos incluyen la escasez de medicamentos, robos en farmacias, carencia de mantenimiento en hospitales y equipo médico deficiente. Rodríguez expresó su preocupación por la identificación de “empresas cuyos propietarios eran funcionarios, políticos y representantes, además de la falta de suministro de medicamentos como resultado de la corrupción. Junto con esto, las empresas privadas se beneficiaban ampliamente mientras que el inventario y la gestión de las farmacias eran manejados de manera inadecuada”.
“Adicionalmente, el robo menor de medicamentos también contribuía a que los ciudadanos no recibieran su tratamiento completo. Además de esto, las instalaciones médicas sufrían un deterioro considerable debido a que no se había llevado a cabo mantenimiento básico indispensable en más de dos décadas”, agregó.
En lo que respecta al equipo médico, Rodríguez señaló que se habían pasado doce años sin adquirir elementos esenciales como rayos X portátiles y equipo para ecocardiogramas.
Respecto al tema de las pensiones, Félix Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, reveló que las pensiones que se cobraron de manera irregular habían ocasionado un fraude por 15 mil millones de pesos en perjuicio del instituto.
Medina Padilla explicó: “Este es un modelo de corrupción en el que antiguos empleados del instituto, en colaboración con intermediarios, abogados privados y empleados de los tribunales laborales, presentaron miles de demandas ante las juntas de conciliación y arbitraje del norte del país. El objetivo era obtener pensiones más sustanciosas y beneficios contrarios a la ley”.
“Los beneficiarios de estas sentencias ilegales sobornaban a los funcionarios del instituto, a los empleados de las juntas laborales, y entregaban generosos honorarios a los bufetes de abogados y otros intermediarios que formaban parte de este fraude”, continuó.
Las autoridades identificaron más de 100 casos en los que los pagos de pensiones superaban los 270 mil pesos mensuales.
La Procuraduría Fiscal, en cooperación con la Fiscalía General de la República, ha logrado llevar a juicio a 22 individuos relacionados con este asunto, de los cuales ocho han sido formalmente imputados.
Medina Padilla añadió: “Además, como parte de nuestros esfuerzos por detener el deterioro del patrimonio del instituto, la Procuraduría Fiscal de la Federación, en colaboración con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría del Trabajo y el propio instituto, hemos presentado 31 denuncias ante la Fiscalía General de la República. En la actualidad, estas denuncias están siendo gestionadas en 25 carpetas de investigación”.
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