Se ha revelado que la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud, con conexiones políticas a Carlos Lomelí y Erika Pérez García, prominentes figuras de Morena, obtuvo contratos gubernamentales por más de 400 millones de pesos durante el periodo en que estaba sancionada por la Secretaría de la Función Pública debido a irregularidades en una licitación.
Entre los meses de agosto de 2020 y diciembre de 2022, mientras persistía su sanción, la empresa recibió asignaciones de organismos como Petróleos Mexicanos, el ISSSTE, el Seguro Social y la Secretaría de la Defensa Nacional, sin considerar su suspensión. Estas entidades aceptaron los amparos presentados por la empresa sin cuestionar su historial de faltas graves.
La situación se repitió también en la Ciudad de México, donde Abastecedora de Insumos para la Salud obtuvo contratos por más de 165 millones de pesos para suministrar productos hospitalarios y medicamentos, incluyendo fentanilo.
Carlos Lomelí, quien además de ser presidente del consejo estatal de Morena en Jalisco, es un empresario cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, Erika Pérez García actúa como operadora política de Lomelí en Morena y es la esposa de Juan Carlos Tadeo Martínez Ramírez, administrador único de Abisalud. Martínez Ramírez representó previamente a cuatro compañías propiedad de Lomelí.
Estos vínculos políticos han suscitado interrogantes sobre la transparencia en la asignación de contratos gubernamentales y el cumplimiento de sanciones. La empresa involucrada, Abastecedora de Insumos para la Salud, ha estado en el centro de la controversia debido a su relación con figuras políticas y a la venta de medicamentos, incluyendo fentanilo, al gobierno federal y a la Ciudad de México.
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