El gobierno de México aún no ha proporcionado detalles sobre el uso dado a los ahorros generados por su plan de austeridad durante el año 2021, que acumuló al menos 5,980 millones de pesos, declaró Annel Vázquez Anderson, secretaria ejecutiva del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el día de hoy.
Durante la presentación del segundo “Informe sobre el combate a la corrupción: El país y las entidades federativas 2021”, en Guadalajara, la experta mencionó su preocupación por la falta de transparencia en cuanto al destino de estos recursos por parte del Ejecutivo federal.
“Los ahorros nos preocupan especialmente porque no hay información sobre su destino y no hay un adecuado análisis en la reducción de las partidas (presupuestales) y hay un ahorro al menos de 5,980 millones de pesos, la mayoría provenientes de gastos operativos y servicios personales”, destacó.
Este informe se configura como una investigación exhaustiva que compila el alcance de los mandatos de las instituciones anticorrupción en México, además de analizar el desarrollo de los sistemas anticorrupción en los estados del país, junto con el manejo de sus presupuestos.
Vázquez Anderson explicó que los especialistas evaluaron minuciosamente la cuenta pública de 2021 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para entender las prácticas de discrecionalidad y la forma en que las dependencias emplearon los recursos. Se enfocaron en variables como las adecuaciones presupuestales, gastos directos, fideicomisos, ahorros y contrataciones públicas, entre otras.
Resaltó que de los 4,253 millones de pesos asignados a gastos indirectos en 2021, 2,824 millones estuvieron destinados al ramo de bienestar, de los cuales el 80.7% se etiquetaron para el programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores.
En cuanto a los fideicomisos del gobierno federal, se descubrió que 25 de ellos concentraron 482,773 millones de pesos, de los cuales 20 estuvieron bajo la coordinación de la SHCP y los otros cinco fueron coordinados entre la Secretaría de Salud y la Defensa Nacional (Sedean). Estas entidades fueron las que recibieron la mayor asignación presupuestaria.
En relación a las contrataciones públicas, Vázquez Anderson resaltó que el 80% fueron por adjudicación directa y el 10% por licitación pública, siendo el Instituto Nacional de Seguridad Social (IMSS) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) las instituciones con mayor cantidad de contrataciones.
Las conclusiones del informe resaltan la falta de coordinación y resultados conjuntos entre las instituciones públicas y la carencia de políticas estatales en materia anticorrupción, las cuales a menudo reflejan el sistema nacional.
El análisis de los datos involucró la revisión de 426 solicitudes de información y 31 bases de datos públicas de ocho instituciones públicas federales, con un total de más de un millón 880 mil datos abiertos.
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