La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha validado la acción extrajudicial realizada por militares de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en la cual cinco civiles perdieron la vida en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 18 de mayo. Esta revelación se suma a la preocupante realidad de que los perpetradores no han enfrentado investigación alguna por parte de las autoridades.
En su recomendación 119VG/2023 emitida recientemente, la CNDH ha comprobado que los militares llevaron a cabo la privación arbitraria de la vida de los civiles mediante el uso inadecuado de armas de fuego, resultando en la transgresión de varios derechos humanos fundamentales de las víctimas.
La CNDH ha resaltado que esta actuación dejó a las víctimas y a sus familias en una situación de vulnerabilidad, ya que sus derechos a la seguridad jurídica, integridad y vida se vieron gravemente vulnerados debido al uso excesivo de la fuerza.
De acuerdo con la investigación de la CNDH, las víctimas se encontraban esposadas y completamente sometidas, sin acceso a armas, cuando fueron ejecutadas por los militares. La falta de una investigación adecuada del delito y la negación de un proceso de indagación exhaustivo por parte de las autoridades han sido factores determinantes en este caso.
La CNDH ha exigido a la Sedena que realice una reparación integral del daño a las víctimas, ofreciendo atención médica, psicológica y legal de manera continua y gratuita. Además, se espera la colaboración de la Sedena con la Fiscalía General de la República (FGR) en la creación de un expediente de investigación contra los militares y en el procedimiento penal que está en curso dentro del fuero militar.
En consecuencia, la CNDH ha instado a la Sedena a implementar un plan de acción holístico, incluyendo capacitaciones acerca del manual de uso de la fuerza y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. A su vez, la FGR debe cooperar en la investigación en curso. Es fundamental señalar que estas conclusiones han emergido después de que un video de los trágicos sucesos se difundiera en diversos medios el 7 de junio, lo que llevó a la Sedena a abrir una indagación oficial.
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