Las autoridades de Colombia responsabilizan al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) de diversas acciones violentas antes del inicio de un cese al fuego acordado con el gobierno del presidente Gustavo Petro. El Ejército denunció el secuestro de la sargento Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos en Arauca, una ciudad fronteriza con Venezuela. En un comunicado, se señaló al Frente de Guerra Oriental del ELN como responsable de la vida e integridad de la oficial y los menores.
Por otra parte, el gobernador del departamento de Norte de Santander, Silvano Serrano, atribuyó a la guerrilla dos ataques ocurridos en la región. Uno de ellos tuvo lugar en una mina de Cúcuta, donde se colocaron explosivos que hirieron a dos personas. Además, se reportaron los asesinatos de tres oficiales de policía, uno en el municipio de Tibú y los otros dos en Zulia, crímenes que también se atribuyen al ELN.
Las autoridades colombianas consideran que estas acciones violentas muestran una actitud incoherente por parte de los líderes del ELN. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hizo un llamado a la guerrilla para que reconozca el secuestro de la sargento y sus hijos y los libere de inmediato.
A pesar de que el grupo insurgente había ordenado el cese de las acciones ofensivas, las recientes acciones del ELN generan preocupación y desafían el acuerdo de paz. El proceso de paz entre el gobierno colombiano y el ELN ha tenido varias mesas de diálogo en países como Venezuela, México y Cuba. El ELN, fundado en 1964, opera en numerosos municipios de Colombia y se estima que cuenta con miles de integrantes, además de ser señalado por su vínculo con el narcotráfico.
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