El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado un ultimátum a la empresa estadounidense Vulcan Materials con respecto a sus terrenos en Quintana Roo. El mandatario declaró que si la compañía no acepta la indemnización ofrecida por el gobierno, se decretará por ley que la zona se convierta en un área natural protegida.
López Obrador manifestó su determinación al afirmar que “si no hay respuesta de parte de ellos, esa va a ser el plan. Vamos a esperar, nada más que antes de que yo me vaya, ya se les va a depositar en un juzgado los 6 mil o 7 mil millones de pesos y vamos a emitir el decreto para destinar toda el área a la protección del medio ambiente.”
La empresa Vulcan Materials ha estado operando en México durante más de tres décadas, pero recientemente ha enfrentado controversias con la administración de López Obrador, que en mayo cerró sus instalaciones argumentando daños medioambientales que la empresa ha negado. Los terrenos en cuestión, que abarcan aproximadamente 2,400 hectáreas, se convertirían en una zona de preservación. El presidente enfatizó que no se pagará más a la empresa, ya que la indemnización se hará conforme a las valoraciones gubernamentales. López Obrador subrayó: “¿Cómo vamos a pagar más? Caeríamos en un acto de corrupción. Ellos lo que quieren es que se termine este gobierno para volver a explotar.”
El presidente de México destacó que, aunque la empresa presente recursos y busque ampararse en el marco del T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá), su gobierno tiene el derecho a defenderse legalmente. López Obrador reiteró que México no es una colonia de Estados Unidos y que defenderá su territorio, no permitiendo la destrucción impune.
Este anuncio llega después de que el presidente mencionara previamente que la indemnización requerida por la empresa según las valoraciones gubernamentales debía ser de entre seis y ocho mil millones de pesos, en contraste con los mil 500 millones de dólares solicitados por Vulcan Materials.
El conflicto ha llegado a un punto donde Vulcan Materials ha buscado la protección del gobierno de Estados Unidos y ha acusado que la tasación realizada por el gobierno mexicano está infravalorada. Además, la empresa ha denunciado que el gobierno mexicano ha amenazado con declarar la zona como un área natural protegida para confiscarla en caso de que no acepten su oferta. La situación actual plantea un importante desafío tanto para la empresa como para el gobierno mexicano y tiene el potencial de tener un impacto significativo en la región y en las relaciones entre México y Estados Unidos.