El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anunció este lunes la suspensión de los resultados de las primarias presidenciales de la oposición, que tuvieron lugar hace poco más de una semana. Esta decisión se produce a pesar de un acuerdo electoral previo que permitía a ambas partes, el gobierno y la oposición, elegir a sus candidatos según reglas internas.

La medida podría generar tensiones, especialmente con Estados Unidos, que recientemente revisó ciertas sanciones en el contexto de este acuerdo electoral. El Departamento de Estado de EE. UU. había declarado que restablecería las sanciones si el gobierno de Nicolás Maduro no levantaba las inhabilitaciones a candidatos opositores y liberaba a presos políticos y estadounidenses detenidos injustamente para fines de noviembre.

El fiscal general de Venezuela había anunciado previamente una investigación sobre la Comisión de Primarias, acusándola de presuntos delitos como fraude, usurpación de funciones electorales y legitimación de capitales. El presidente de la Comisión de Primaria, Jesús María Casal, y otros miembros de la instancia se encuentran bajo citación en la fiscalía como parte de esta investigación.

La oposición, así como la ganadora de las primarias, María Corina Machado, han reiterado que la votación fue transparente y justa. Sin embargo, el gobierno alegó fraude desde la votación del 22 de octubre, que se organizó sin ayuda estatal y atrajo, según los organizadores, a más de 2.3 millones de votantes.

El recurso que condujo a esta decisión del TSJ provino de José Brito, un diputado de la Asamblea Nacional, que está dominada por el oficialismo y no participó en las elecciones de la oposición.

La decisión del TSJ suspende los efectos de las distintas fases del proceso electoral llevado a cabo por la Comisión Nacional de Primaria y exige que esta comisión presente los antecedentes del proceso, incluyendo las actas de las mesas de votación, los cuadernos electorales y las actas de escrutinios, entre otros documentos. También se debe aclarar la participación de candidatos, como María Machado, a quien se le prohíbe ocupar cargos públicos.

Este caso plantea interrogantes sobre el acuerdo electoral entre el gobierno y la oposición, que, además de establecer una fecha para las elecciones presidenciales en 2024, suponía que ambas partes podían elegir a sus candidatos siguiendo sus reglas internas, pero no derogó las prohibiciones a los opositores, incluida Machado.

Estados Unidos expresó su enfoque en garantizar que Maduro tome medidas concretas hacia elecciones libres, justas y competitivas, de acuerdo con lo estipulado en el acuerdo electoral. Hasta el momento, el Departamento de Estado de EE. UU. no ha emitido comentarios adicionales sobre esta situación.

En octubre, la oposición rechazó una oferta de ayuda del Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionada con una solicitud de posponer la votación hasta noviembre. Esto se debió a la tardía respuesta del CNE a la solicitud de asistencia de la oposición, formulada en junio.