Un juez federal de Estados Unidos bloqueó la polémica política de asilo implementada por el presidente Joe Biden, lo que representa un importante golpe para el gobierno. El fallo, aunque suspendido temporalmente por 14 días para permitir una posible apelación, podría tener consecuencias significativas en la frontera entre Estados Unidos y México, donde la cantidad de cruces irregulares de inmigrantes ha disminuido desde la puesta en marcha de esta política, entre otras medidas.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, manifestó su total desacuerdo con el fallo, afirmando que, a pesar de la suspensión temporal, el fallo no limita la capacidad del gobierno para imponer consecuencias por la entrada ilegal. La política de asilo de Biden ha sido objeto de múltiples demandas por parte de estados republicanos y defensores de los inmigrantes, lo que representa un desafío para los planes fronterizos del gobierno.
El juez Jon Tigar, del Tribunal del Distrito Norte de California, ya había fallado en contra de una política similar de la administración del expresidente Trump. Durante una audiencia judicial previa, expresó su escepticismo sobre las posibles diferencias entre la política de Biden y la de la era Trump, aunque los funcionarios actuales han rechazado comparaciones con las reglas del gobierno anterior.
Biden ha implementado una serie de medidas para abordar el flujo migratorio y gestionar la situación en la frontera con México, pero sigue enfrentando múltiples desafíos legales. El fallo de Tigar se originó a partir de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de derechos de inmigrantes, contra una nueva regla que prohíbe en gran medida que los inmigrantes que pasaron por otro país en su camino a la frontera soliciten asilo en Estados Unidos, lo cual marca una desviación del protocolo de décadas.
Aunque la política de asilo de Biden recibió condenas de aliados, legisladores demócratas y defensores de los inmigrantes al ser implementada, el gobierno argumentó que no era su preferencia inicial y que la responsabilidad de aprobar reformas recae en el Congreso. La ACLU aplaudió el fallo del juez, señalando que cada día que el gobierno de Biden prolongue la lucha por esta prohibición ilegal, muchas personas que huyen de la persecución y buscan un puerto seguro para sus familias estarán en grave peligro.
El Departamento de Justicia tiene la intención de apelar el fallo, y en caso de hacerlo, el caso irá al Noveno Circuito, que ya confirmó en dos ocasiones fallos similares de Tigar sobre políticas implementadas por la administración de Trump.
La regulación en torno al asilo ha generado un debate complejo y polarizado, con argumentos sobre excepciones y vías legales disponibles para aquellos que buscan ingresar a Estados Unidos. Los cambios en las políticas fronterizas han sido un desafío para el gobierno de Biden, especialmente debido a los cambios en los patrones de migración, con un aumento de personas provenientes de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El fallo del juez Tigar también encontró que la implementación de la regla de asilo violó la Ley de Procedimientos Administrativos, lo que añade una dimensión legal adicional al debate en torno a las políticas migratorias del gobierno.