México, EE. UU. y Canadá Impulsarán a las Mipymes como la ‘Columna Vertebral’ del TMEC

Funcionarios de México, Estados Unidos y Canadá se reunieron en el segundo “Diálogo Pyme TMEC” en la Ciudad de México, donde coincidieron en que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son fundamentales para el comercio y el crecimiento en Norteamérica y se comprometieron a impulsarlas dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

El subsecretario de Comercio Exterior de México, Alejandro Encinas, enfatizó la importancia estratégica de trabajar con las mipymes, que representan el 99% de las empresas en México, de las cuales el 95% son microempresas. Estas empresas son los principales generadores de empleo en el país, siendo responsables de 7 de cada 10 empleos.

Encinas describió una política de inclusión con tres ejes: facilitación de trámites, formalización sin cargas tributarias excesivas y digitalización para ampliar el alcance de los consumidores potenciales. También destacó la importancia de acercar el financiamiento a las mipymes a través de la banca de desarrollo nacional.

El viceministro de Comercio Internacional de Canadá, Rob Stewart, subrayó la importancia del comercio en Norteamérica en el contexto de la reubicación de las cadenas de suministro o nearshoring. Destacó que el TMEC ha impulsado el comercio entre los tres países, generando 2,000 millones de dólares y mejorando la calidad de vida.

Stewart enfatizó que las mipymes pueden desempeñar un papel crucial en este contexto y señaló la necesidad de proporcionarles las herramientas necesarias para ser competitivas, especialmente aquellas propiedad de mujeres y minorías.

El compromiso de impulsar las mipymes es fundamental para fortalecer la cooperación económica y el crecimiento sostenible en la región de Norteamérica bajo el TMEC.

Países Líderes Urge Regulación Internacional para Inteligencia Artificial (IA)

Delegados de Estados Unidos, España, Reino Unido, Japón e India han destacado la importancia de la inteligencia artificial (IA) para abordar desafíos globales como la crisis climática, la salud y la educación. Sin embargo, instan a la creación de regulaciones tanto a nivel nacional como internacional.

“Hace tres años, nadie pensaba en la regulación de la IA, solo Europa. Europa era la tercera vía entre dos modelos muy establecidos: el modelo estadounidense, donde los datos son propiedad de las grandes empresas, y el modelo chino, donde los datos son propiedad de los Gobiernos. Nosotros defendemos que los datos tienen que estar en manos de los ciudadanos”, resaltó Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España.

La Unión Europea inició la regulación de la IA en 2019 y está en la “fase final”. Sin embargo, el auge del chatbot de IA generativa de OpenAI, ChatGPT, el año pasado cambió la percepción global.

Artigas enfatizó que estas regulaciones tienen implicaciones morales, definiendo lo que la sociedad desea que la IA haga y lo que no. Por ejemplo, la protección de la privacidad y la prevención de la vigilancia masiva que pueda privar a las personas de sus derechos.

También se destaca la importancia de garantizar que las regulaciones no “maten la innovación” y se busca la colaboración con empresas líderes en el sector de la IA, como Google y Microsoft, que apoyan estas regulaciones para generar confianza en la seguridad de la tecnología.

Un punto en el que todos los participantes coinciden es que la IA debe ser universal y imparcial. Se señala que aún existen desafíos en la accesibilidad a Internet para 2,700 millones de personas en todo el mundo. Además, se destaca el desequilibrio de género en la industria de la IA, donde a pesar de que la mayoría de los directores ejecutivos son hombres, las voces de los asistentes inteligentes suelen ser femeninas, lo que refleja la necesidad de abordar la igualdad de género en este campo.

El gobierno de Biden sufre un revés con la bloqueada política de asilo según dictamen de juez federal

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó la polémica política de asilo implementada por el presidente Joe Biden, lo que representa un importante golpe para el gobierno. El fallo, aunque suspendido temporalmente por 14 días para permitir una posible apelación, podría tener consecuencias significativas en la frontera entre Estados Unidos y México, donde la cantidad de cruces irregulares de inmigrantes ha disminuido desde la puesta en marcha de esta política, entre otras medidas.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, manifestó su total desacuerdo con el fallo, afirmando que, a pesar de la suspensión temporal, el fallo no limita la capacidad del gobierno para imponer consecuencias por la entrada ilegal. La política de asilo de Biden ha sido objeto de múltiples demandas por parte de estados republicanos y defensores de los inmigrantes, lo que representa un desafío para los planes fronterizos del gobierno.

El juez Jon Tigar, del Tribunal del Distrito Norte de California, ya había fallado en contra de una política similar de la administración del expresidente Trump. Durante una audiencia judicial previa, expresó su escepticismo sobre las posibles diferencias entre la política de Biden y la de la era Trump, aunque los funcionarios actuales han rechazado comparaciones con las reglas del gobierno anterior.

Biden ha implementado una serie de medidas para abordar el flujo migratorio y gestionar la situación en la frontera con México, pero sigue enfrentando múltiples desafíos legales. El fallo de Tigar se originó a partir de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de derechos de inmigrantes, contra una nueva regla que prohíbe en gran medida que los inmigrantes que pasaron por otro país en su camino a la frontera soliciten asilo en Estados Unidos, lo cual marca una desviación del protocolo de décadas.

Aunque la política de asilo de Biden recibió condenas de aliados, legisladores demócratas y defensores de los inmigrantes al ser implementada, el gobierno argumentó que no era su preferencia inicial y que la responsabilidad de aprobar reformas recae en el Congreso. La ACLU aplaudió el fallo del juez, señalando que cada día que el gobierno de Biden prolongue la lucha por esta prohibición ilegal, muchas personas que huyen de la persecución y buscan un puerto seguro para sus familias estarán en grave peligro.

El Departamento de Justicia tiene la intención de apelar el fallo, y en caso de hacerlo, el caso irá al Noveno Circuito, que ya confirmó en dos ocasiones fallos similares de Tigar sobre políticas implementadas por la administración de Trump.

La regulación en torno al asilo ha generado un debate complejo y polarizado, con argumentos sobre excepciones y vías legales disponibles para aquellos que buscan ingresar a Estados Unidos. Los cambios en las políticas fronterizas han sido un desafío para el gobierno de Biden, especialmente debido a los cambios en los patrones de migración, con un aumento de personas provenientes de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El fallo del juez Tigar también encontró que la implementación de la regla de asilo violó la Ley de Procedimientos Administrativos, lo que añade una dimensión legal adicional al debate en torno a las políticas migratorias del gobierno.