El número oficial de personas desaparecidas en México, que superó las 100 mil en 2021, podría ser mucho menor que la realidad debido a problemas sistemáticos en el registro de desapariciones en el país, según el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. Esta preocupante revelación ha suscitado críticas de activistas y familiares de las víctimas, quienes argumentan que el gobierno está retrocediendo en la lucha contra la desaparición forzada.

La falta de una metodología clara y transparente en el registro y la ausencia de datos desglosados sobre aspectos demográficos como orientación sexual, identidad de género y estatus socioeconómico y migratorio de las víctimas son algunas de las deficiencias señaladas por Naciones Unidas. Además, se denunciaron actos de revictimización por parte de las autoridades mexicanas, lo que agrava aún más la situación.

Activistas como María Luisa Aguilar han destacado los riesgos que enfrentan los familiares de las víctimas al intentar reportar una desaparición, ya que en algunos lugares de México las autoridades están involucradas con los perpetradores de estos crímenes. Además, el gobierno no ha involucrado adecuadamente a los familiares en el proceso y ha habido oposición por parte de ciertas autoridades para emitir reportes al registro centralizado.

El registro de personas desaparecidas, que en un principio fue recibido con esperanza en 2018, ahora se encuentra bajo ataque por parte del mismo gobierno que lo creó. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la cifra oficial y anunció un recuento de personas desaparecidas. Esta situación preocupa a los activistas, ya que temen que la revisión esté más enfocada en perspectivas políticas que en abordar el problema real de la crisis de desapariciones en México.

La falta de claridad y transparencia en el registro de desapariciones y la subestimación de la magnitud del problema representan desafíos significativos en la lucha contra la desaparición forzada en México.