El Senado de la República ha anunciado que 413 jueces y magistrados han decidido no participar en las elecciones de 2025, como lo establece la reciente reforma al Poder Judicial. Esta cifra incluye las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes también han declinado su candidatura.

Hasta el martes, un día antes del plazo final para presentar declinaciones, 157 jueces y 255 magistrados notificaron su decisión de no contender. Esta ola de renuncias se suma a la decisión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien también confirmó que no participará en el proceso electoral organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La fecha límite para que los miembros del Poder Judicial, incluidos los magistrados electorales de Sala Superior, Salas Regionales, magistrados de circuito y jueces de distrito, declaren su decisión es el 30 de octubre. La Mesa Directiva del Senado publicará el 31 de octubre un listado con los nombres de quienes han optado por participar o por desistirse.

El listado final de candidatos deberá ser enviado al INE a más tardar el 12 de febrero de 2025. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue el primero en anunciar su renuncia, en cumplimiento con la reforma que exige a los integrantes del máximo tribunal renunciar antes del cierre de la convocatoria para el proceso electoral extraordinario.

Gutiérrez Ortiz Mena afirmó que su renuncia no debe interpretarse como una aceptación de la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial.

Demandas de Legisladores

Senadores de oposición han instado a la presidenta Claudia Sheinbaum a respaldar con acciones su afirmación de que su gobierno no mantiene pactos con el crimen organizado. Mientras tanto, legisladores de Morena han asegurado que la Cuarta Transformación (4T) no negociará con la delincuencia y que los recientes actos violentos buscan desestabilizar al país.

El senador morenista Óscar Cantón Zetina reconoció los problemas de inseguridad en estados como Sinaloa, Chiapas, Guanajuato y Guerrero. Sin embargo, atribuyó la culpa al gobierno de Estados Unidos, alegando que no ha proporcionado información sobre el acuerdo que facilitó la entrega de Joaquín Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada. Además, indicó que las reacciones violentas de la delincuencia tienen como objetivo afectar al gobierno federal.

Violencia y Política

“Es evidente que hay violencia en varias regiones que impacta tanto al pueblo como al gobierno de la República. Sin embargo, como afirmó la presidenta, no existe ningún pacto con la delincuencia ni lo habrá. La 4T enfrentará a la delincuencia, y las reacciones violentas buscan desestabilizar el país. Confío en que esta ola de violencia disminuirá pronto”, afirmó Cantón Zetina.

También subrayó que la política interna de México se ve afectada por factores estadounidenses, especialmente por la falta de control sobre el armamento y la falta de información sobre posibles pactos con el crimen organizado en EE. UU.

Rechazo a la Minimización de la Violencia

El senador panista Ricardo Anaya cuestionó las afirmaciones de algunos miembros de Morena, quienes minimizan la violencia en el país, describiéndola como “un invento”. “No se puede ignorar la realidad. Ahí están los hechos, como el caso del alcalde decapitado y el sacerdote asesinado. Durante este sexenio, hemos cerrado con 200,000 homicidios”, enfatizó Anaya.

La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, también exigió que Claudia Sheinbaum respalde sus afirmaciones con hechos concretos. “Cualquier gobierno debería garantizar que no hay pactos con la delincuencia, pero es crucial que estas afirmaciones se acompañen de evidencias. Las acusaciones de vínculos entre algunos funcionarios y el crimen organizado son preocupantes y deben ser abordadas”, concluyó Barrales.

Expropiación de 38 hectáreas en 21 municipios

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha expropiado más de 38 hectáreas, que abarcan 60 propiedades privadas, en 21 municipios de cuatro estados: Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esta medida busca impulsar la construcción del Tren Maya, según un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Detalles de la Expropiación

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) detalló que estas hectáreas se destinarán a obras de infraestructura pública, aunque no especificaron los proyectos involucrados. En Palenque, Chiapas, se expropiaron seis inmuebles que suman 2.56 hectáreas. En Tabasco, se afectaron propiedades en Balancán y Tenosique, con un total de 9,004.03 metros cuadrados.

En Campeche, 20 inmuebles abarcan 21.0459 hectáreas en municipios como Candelaria y Escárcega. En Yucatán, se expropiaron 9.4978 hectáreas en nueve inmuebles de varios municipios, incluyendo Tixpéhual y Valladolid. Finalmente, en Quintana Roo, se expropiaron 19,679.939 metros cuadrados en Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad.

Urgencia en la Construcción

En los últimos dos meses, el gobierno ha llevado a cabo aproximadamente 50 expropiaciones en el sur del país, reforzando la prisa por finalizar el Tren Maya. Un día antes de concluir su mandato, el expresidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo que instruye a varias dependencias a acelerar los trámites del Tren Maya en un plazo de tres meses.

La administración actual debe completar diversos actos jurídicos antes de fin de año para asegurar la operación de los siete tramos del Tren Maya, garantizando que el proceso no exceda seis meses tras la publicación del acuerdo.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha decidido no sancionar a los superdelegados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de acumular 209 denuncias por diversas irregularidades, como el uso indebido de programas sociales y nepotismo. De estas quejas, un asombroso 92% han sido archivadas sin consecuencias.

Irregularidades y Denuncias

Según información obtenida a través de la Ley de Transparencia, 181 expedientes fueron cerrados al no encontrarse elementos suficientes para acreditar las faltas administrativas. Además, 11 casos fueron desestimados por falta de competencia de la SFP, y 16 siguen bajo investigación en el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Bienestar.

El único caso en el que se reportó una sanción se relaciona con un exdelegado en la extinta Secretaría de Desarrollo Social, antes de 2018.

Quejas Regionales

Las denuncias abarcan todas las entidades del país, con Aguascalientes liderando la lista con 17 quejas entre octubre de 2019 y marzo de 2022. Los superdelegados han sido acusados de desvío de recursos, abuso de autoridad y tráfico de influencias, entre otros delitos.

Un aspecto preocupante es que muchas de las denuncias provienen de los propios servidores de la nación, quienes han denunciado irregularidades en el manejo de los programas sociales. Por ejemplo, un empleado relató haber renunciado tras un acuerdo no cumplido con un superdelegado en Guanajuato.

Archivos y Desestimaciones

Las quejas no solo han sido archivadas, sino que a menudo se desestiman con argumentos como la “naturaleza laboral” de los incidentes, lo que limita la acción de la SFP. En Puebla, varios superdelegados enfrentaron acusaciones de enriquecimiento oculto y abuso de autoridad, pero también terminaron en acuerdos de archivo.

La situación refleja un ambiente en el que la SFP ha cerrado los ojos ante múltiples denuncias, provocando que estos funcionarios sean considerados intocables.

Contexto Político

Los superdelegados comenzaron a acumular quejas poco después de asumir sus cargos en marzo de 2019. En varias ocasiones, la entonces titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, informó sobre las denuncias y la situación crítica que enfrentaban, sin embargo, la respuesta ha sido insuficiente.

La impunidad parece ser un sello distintivo de la administración actual, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la eficacia del sistema de supervisión del gobierno. La falta de acciones concretas para abordar estas irregularidades pone en duda el compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas.

Este lunes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México enfrenta fallas significativas que han resultado en la revocación masiva de firmas electrónicas de personas físicas y morales. Hasta el momento, la autoridad fiscal no ha emitido ningún comunicado oficial sobre esta situación.

Impacto en Facturación y Declaraciones

Contadores y fiscalistas han advertido que, mientras no se resuelva este problema, los contribuyentes pueden enfrentar dificultades para presentar declaraciones, emitir y cancelar facturas, entre otros trámites fiscales. Durante las primeras horas de la mañana, muchos usuarios reportaron la imposibilidad de facturar utilizando la Firma Electrónica Avanzada (FIEL).

La revocación de las e.firmas se registra con fecha del 23 de octubre a las 12:00 horas, lo que ha causado preocupación entre los usuarios afectados.

Recomendaciones para los Contribuyentes

Los especialistas señalaron que, para revocar la e.firma, es necesario acudir físicamente a las oficinas del SAT, a diferencia de la renovación, que se puede realizar en línea. Ante la situación, recomendaron a los contribuyentes esperar una actualización del sistema del SAT antes de intentar solicitar citas para obtener una nueva e.firma, evitando así generar pánico innecesario.

Importadores de vehículos usados en los estados fronterizos de México han manifestado su preocupación porque el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha renovado el decreto de 2008 que regula la importación de vehículos usados. Este decreto, originalmente emitido por Felipe Calderón, ha sido prorrogado por sus sucesores, pero la actual administración dejó que expirara sin emitir una nueva extensión.

Impacto en Importadores y Pérdidas Económicas

Desde la expiración del decreto en diciembre de 2020, miles de vehículos permanecen varados en la frontera. La Asociación de Importadores de Automóviles de Reynosa reportó en una conferencia de prensa, el pasado 18 de octubre, que tienen mil vehículos pendientes de importación. En todo Tamaulipas, se estima que alrededor de 3 mil autos enfrentan la misma situación, lo que representa pérdidas millonarias para los importadores.

Hugo Jofre Chávez, portavoz de los importadores, advirtió que aproximadamente 50 empresarios en Reynosa se ven gravemente afectados por la falta de acción de Sheinbaum y la Secretaría de Economía. Sin una respuesta rápida, muchos podrían perder sus empleos.

Un Decreto que Ha Sobrevivido a Varias Administraciones

El decreto de importación, que permite a los vehículos usados tener una estancia legal en México, originalmente debía expirar en junio de 2011. Sin embargo, los expresidentes Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador lo renovaron en diversas ocasiones. La última prórroga extendió su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024.

Demandas de la Cámara de Comercio y el PAN

Miembros de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Tijuana habían planeado solicitar a Sheinbaum que renovara el decreto durante su visita a la región, aunque este encuentro no se concretó. Además, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Chihuahua presentó una propuesta para instar a la presidenta a emitir lineamientos claros para la importación de vehículos usados.