La Secretaría de Agricultura ha anunciado un programa emergente con el objetivo de estabilizar el sector agrícola ante el bajo precio del trigo en el mercado global. El programa tiene como meta impulsar el desarrollo económico de los productores de trigo cristalino del Valle de Mexicali y fortalecer el sector agrícola mediante un aumento en los ingresos.

Durante una rueda de prensa convocada por la Secretaría de Agricultura, el secretario Juan Melendrez Espinoza y el subsecretario German Corrales Flores explicaron los detalles del programa. Se mencionó que se brindará apoyo tanto a los productores que cuentan con crédito o contrato con alguna industria como a aquellos que no tienen contrato y no comercializan su trigo.

Para acceder al apoyo, los productores que tienen crédito deberán presentar su identificación oficial, facturas del trigo entregado, recibo del apoyo otorgado y copia de liquidación de los productores del grano. Aquellos productores sin contrato podrán acudir a las ventanillas de la Secretaría de Agricultura presentando su identificación oficial, permiso único de siembra, documentos que amparen la legal propiedad del predio, carátula de estado de cuenta, boletas del peso del trigo y formato de solicitud de apoyo.

El pago será realizado por la Secretaría de Hacienda en un plazo máximo de cinco días, y se distribuirá en base a la cantidad de toneladas entregadas por cada agricultor. No se han planteado alternativas de cultivo en esta etapa, aunque el gobierno federal ha mantenido su posición de no incrementar el apoyo económico a los trigueros.

Durante la conferencia, los trigueros del Valle de Mexicali manifestaron su inconformidad con las acciones realizadas por el gobierno estatal, argumentando que no se han realizado suficientes esfuerzos para gestionar el precio del trigo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Horacio Gómez, tesorero del sistema producto trigo, criticó la falta de gestión y acompañamiento por parte del gobierno estatal, señalando que los precios han ido a la baja y requieren apoyo.

Este programa emergente busca ofrecer una solución a la problemática del precio del trigo a nivel mundial, brindando estabilidad al sector agrícola y apoyando a los productores en el Valle de Mexicali.

En respuesta a las múltiples deficiencias presentes en tres construcciones llevadas a cabo por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Balancán, Tabasco, el Ayuntamiento encabezado por la alcaldesa Luisa del Carmen Cámara anunció que tomará medidas extraordinarias para poner en funcionamiento un estadio de béisbol, un centro de desarrollo comunitario y un centro multimodal de transporte y comercio.

En un video difundido en redes sociales, el gobierno municipal reconoció que la Sedatu no cumplió con la calidad y las condiciones prometidas al entregar estas obras.

El pasado 13 de junio, un reportaje de Loret en Latinus reveló los problemas asociados a estas obras, las cuales tuvieron un costo superior a los 180 millones de pesos y presentaron deficiencias en el diseño, materiales de baja calidad y retrasos por parte de las empresas constructoras asignadas: Consorcio Constructor Industrial Transnacional del Golfo y Grupo Edificador Baesgo, esta última inhabilitada por el gobierno federal debido a incumplimientos en proyectos públicos.

En el video difundido recientemente, el Ayuntamiento de Balancán informó que se está llevando a cabo un proceso de licitación para corregir los defectos del centro de desarrollo comunitario con mirador al río Usumacinta, lo cual requerirá una inversión adicional de recursos públicos. Este edificio, que originalmente tenía como finalidad albergar talleres, biblioteca y auditorios, tuvo un costo de más de 20 millones de pesos y nunca pudo ser inaugurado debido a las numerosas fallas.

Además, el Ayuntamiento anunció que se realizará una renovación completa del campo de juego del estadio de béisbol de Balancán, el cual fue dejado inservible por la Sedatu a pesar de una inversión de más de 35 millones de pesos. El campo presenta desniveles, piedras, pasto inadecuado y un sistema de riego superficial. El gobierno municipal espera tenerlo listo próximamente, ya que es una obra muy esperada por los amantes del béisbol local.

Otra construcción abandonada es el centro multimodal de transporte y comercio, el cual fue entregado por la Sedatu al Ayuntamiento pero requiere “adecuaciones” debido a su estado de abandono. Este centro multimodal, por el cual el gobierno federal pagó más de 63 millones de pesos, ha sido considerado un engaño por parte de los vecinos y la presidenta del comité ciudadano de contraloría social encargado de supervisar la obra.

Si bien la publicación del Ayuntamiento expresó agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador por las obras realizadas en Balancán, no se proporcionaron detalles sobre los costos de las medidas extraordinarias ni las sanciones que se impondrán a las empresas constructoras responsables de los incumplimientos en la calidad y condiciones de los proyectos.

A dos días de conmemorarse el primer aniversario del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara, la Iglesia católica destaca que la violencia en México “no es un fenómeno nuevo” y lamentablemente parece intensificarse en lugar de disminuir.

En un editorial publicado en el semanario “Desde la Fe”, la Arquidiócesis Primada de México hace referencia al asesinato de los religiosos Javier Campos y Joaquín Mora, ocurrido el 20 de junio del año pasado en el altar de la comunidad de Cerocahui, Chihuahua. Este trágico suceso conmocionó a la sociedad mexicana y aumentó el clamor por justicia y el fin de la impunidad.

La publicación destaca que este acto de violencia unió a las víctimas y generó un llamado a trabajar por la paz social basada en el diálogo y el encuentro, en lugar de silenciar las voces o buscar consensos superficiales. La paz que se busca y construye es aquella que se basa en el encuentro y el diálogo (Fratelli Tutti 217).

La arquidiócesis enfatiza que el compromiso con la construcción de la paz no es algo nuevo en la Iglesia, sino una vocación arraigada en su identidad cristiana. La jerarquía católica manifiesta estar del lado de las víctimas como parte de su vocación, reconociendo que las causas de la violencia en el país son diversas y complejas, por lo que su solución también requiere acciones complejas.

Ante el aumento de la violencia, la arquidiócesis exige acciones que brinden seguridad y ayuden a la población a no sentirse constantemente amenazada, permitiéndoles avanzar hacia la paz.

Además, se menciona que este domingo se llevará a cabo una misa en memoria de todas las víctimas de la violencia en México como parte del camino hacia la construcción de la paz.

Finalmente, se informa que el 20 de junio, a las tres de la tarde, las campanas de todos los templos del país repicarán durante un minuto en recuerdo de la hora en que los padres Javier y Joaquín, así como el guía de turistas Pedro Palma, fueron arrebatados de la vida en el altar de Cerocahui a manos del criminal José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, quien meses después fue encontrado sin vida en el municipio de Choix, Sinaloa.

El Congreso de El Salvador aprobó, a primera hora del miércoles, una nueva extensión del estado de emergencia, que suspende derechos constitucionales, en respuesta a una solicitud del gabinete de Seguridad del gobierno. Esta medida forma parte de la política de mano dura del país contra las maras o pandillas, a las que se atribuye la mayoría de los crímenes en la nación.

Esta es la decimoquinta prórroga de la medida, que entró en vigor el 27 de marzo de 2022, luego de que las pandillas asesinaran a 62 personas en un solo día en todo el país.

A pesar de la notable disminución en la tasa de homicidios, el gabinete de Seguridad justifica esta nueva solicitud para evitar una reacción delictiva por parte de los grupos criminales. También se menciona el riesgo de mutación de las organizaciones delictivas debido a la presión ejercida para desplazarlos de las áreas que controlan. Según las autoridades, muchos pandilleros han buscado refugio en zonas rurales y otros han abandonado el país.

El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó: “No debemos olvidar de dónde venimos, ya que todavía hay tareas pendientes. La guerra contra las pandillas aún no ha terminado. A pesar de la oposición de ciertos grupos, seguiremos adelante”.

Eduardo Escobar, abogado de la ONG Acción Ciudadana, advirtió en una entrevista con The Associated Press que es probable que el régimen de excepción se extienda hasta las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 2024. Según él, el gobierno busca obtener votos en las elecciones utilizando esta acción como argumento.

Durante el debate parlamentario, Guillermo Gallegos, vicepresidente del Congreso y miembro del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), aliado del presidente Nayib Bukele, afirmó: “Desde la implementación del régimen de excepción, hemos transformado nuestro país para acabar con las pandillas. Por eso creemos que esta medida debe continuar”.

La prórroga fue aprobada con 67 votos a favor de los 84 diputados del Congreso unicameral. Hubo siete votos en contra, cinco abstenciones y cinco diputados que no se presentaron. La extensión entrará en vigor el 16 de junio y se extenderá hasta el 15 de julio, una vez que se publique en el Diario Oficial.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado violaciones y abusos de derechos en el marco del estado de excepción. Este suspende la libertad de asociación, el derecho a ser informado de los motivos de la detención, el derecho a contar con asistencia legal, amplía el plazo de detención preventiva de 72 horas a 15 días y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los dispositivos móviles de los sospechosos.

La ONG Cristosal informó recientemente que al menos 153 personas detenidas en El Salvador murieron bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción.