En una declaración emitida este jueves, la Presidencia de la República expresó su crítica hacia los legisladores de oposición que han impulsado una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma de la Ley Minera, argumentando que dicha acción está motivada por intereses económicos particulares.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal señaló que, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inválida la reforma, se perpetuaría una situación injusta que beneficia únicamente a ciertos grupos de interés privado que evitan asumir sus responsabilidades sociales.
La Consejería subrayó que la reforma en cuestión reconoce el derecho constitucional de las comunidades indígenas a ser consultadas en relación con proyectos mineros y garantiza que el impacto socioeconómico contribuya al desarrollo de la población.
En este contexto, la Consejería expresó su preocupación por la postura de los legisladores de oposición que apoyan la acción de inconstitucionalidad, ya que parecen oponerse a que la Ley de Minería garantice estas consultas a las comunidades indígenas y a la compensación que los concesionarios deben proporcionar a dichas comunidades por la utilización de sus tierras y recursos acuíferos.
Además, la Consejería resaltó que los diputados de la oposición parecen negar la capacidad técnica y científica del Estado para llevar a cabo actividades de exploración para la obtención de recursos minerales.
El pasado 7 de junio, un grupo de diputados de la oposición presentó dos acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN en relación con las reformas a la Ley General en Materia de Humanidad, Ciencias, Tecnologías e Innovación, así como la Ley Minera. Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, manifestó en redes sociales que estas reformas fueron impugnadas debido a irregularidades tanto en el proceso como en el contenido de las mismas.
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