El Tren Maya, considerado la obra insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido objeto de controversia debido a las denuncias de violación de los derechos de la naturaleza y de la comunidad maya en el sur del país. Según el veredicto del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, esta megaobra constituye un ecocidio y un etnocidio.
El Tribunal, compuesto por juristas, economistas y ambientalistas internacionales, ha determinado que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos vitales sin alteraciones humanas. Asimismo, se violan derechos fundamentales como el acceso al agua como fuente de vida, el derecho a la salud integral y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos, todos ellos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
La obra, que contempla la construcción de 1.554 kilómetros de vías para un tren turístico, de carga y pasajeros locales en los estados del sureste de México, ha sido objeto de denuncias por la destrucción de la biodiversidad en la región, que incluye humedales, cenotes, ríos subterráneos y selva, así como del patrimonio cultural.
Ante los amparos presentados por organizaciones ambientalistas, el presidente López Obrador declaró el Tren Maya como un proyecto de seguridad nacional e interés público, lo que ha obstaculizado la obtención de información y las investigaciones sobre posibles irregularidades.
Entre las principales afectaciones señaladas en el veredicto destacan la contaminación de acuíferos, la deforestación que ha llevado a la tala de hasta 10 millones de árboles, la extinción de flora y fauna, y la destrucción de cenotes.
En relación con los derechos de las comunidades indígenas, el Tribunal denuncia la falta de consulta para que el Tren Maya atraviese sus territorios y la militarización de la región para supervisar el proyecto.
Ante esta situación, el Tribunal exige al gobierno mexicano llevar a cabo una auditoría independiente en colaboración con las comunidades afectadas para evaluar los impactos de la obra. Además, se solicita reparar y restaurar los ecosistemas afectados, y suspender la expropiación de tierras ejidales.
El veredicto será entregado al presidente López Obrador y a instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Con este fallo, el Tribunal Internacional busca proteger los derechos de la naturaleza y las comunidades afectadas por esta controvertida obra.
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