El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó el caso de fraude que afectó a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y enfatizó la importancia de esclarecer completamente la situación. A su vez, reiteró su posición de que Ignacio Ovalle, ex titular de Segalmex, fue “engañado” por funcionarios corruptos en los que confió.
“Lamentablemente, el caso de fraude en Segalmex es sumamente doloroso. Es el caso de corrupción más escandaloso que hemos enfrentado durante nuestro gobierno. No toleramos la corrupción ni la impunidad, somos diferentes y no queremos que este caso quede sin total claridad”, expresó el mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
López Obrador manifestó su pesar por el fraude, destacando que dio la instrucción de presentar la denuncia correspondiente ante la fiscalía desde el inicio. El presidente resaltó que Segalmex fue creado para establecer precios de garantía y el hecho de que se haya visto afectado por estas prácticas fraudulentas representa una mancha que busca ser remediada.
En relación a Ignacio Ovalle, quien fue designado como titular de Segalmex en 2018, el presidente señaló que cometió el error de involucrar a personas con antecedentes de corrupción y fue engañado por funcionarios que llevaron a cabo compras y emitieron bonos fraudulentos.
“Estos funcionarios, como en el pasado, comenzaron a destinar fondos públicos en bonos ofrecidos por supuestas casas de bolsa, donde aparentemente se ofrecían mayores intereses. En realidad, estas eran empresas creadas con el propósito de robar”, afirmó el presidente.
López Obrador informó que se ha logrado recuperar parte de los recursos desviados mediante el sistema bancario financiero, pero aún se encuentran en proceso otros casos, denuncias, detenciones y personas prófugas relacionadas con este fraude. El presidente reiteró su compromiso de no dejar el tema sin resolver.
Por su parte, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Félix Medina Padilla, anunció en una conferencia que se han presentado denuncias contra 87 personas, incluyendo 41 exservidores públicos y 46 propietarios, socios, representantes y abogados vinculados a los delitos cometidos. Estas denuncias, presentadas por el grupo intersecretarial creado a petición del presidente, se dividen en 55 casos relacionados con Segalmex, Diconsa y Liconsa, cuatro casos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, nueve casos de la Unidad de Inteligencia Financiera y uno de la Secretaría de la Función Pública.
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