El Senado aprobó ayer la reforma a la Ley de Amparo que prohíbe las suspensiones con efectos generales contra leyes. Es decir: para que los jueces no detengan obras o normas de forma cautelar ante posibles violaciones de derechos humanos.
Con 69 votos a favor, 42 en contra y cero abstenciones, el ajuste se dio en los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, la cual limita a los juzgadores conceder suspensiones provisionales o definitivas con efectos generales cuando conozcan de amparos contra leyes expedidas por el Congreso de la Unión o los Congresos estatales.
En el dictamen avalado en la Cámara alta se destaca que se trata de una medida que permitirá garantizar “el respeto irrestricto a la separación de poderes” y, fundamentalmente, el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes.
También se subraya que el juicio de amparo es un medio de control constitucional contra los actos emitidos con motivo del ejercicio de poder.
Sin embargo, el proyecto acota que “no debe ser utilizada como un mecanismo que limite el actuar y la función de un Poder constituido en detrimento de otro”.
Ante esto, los senadores de los partidos de oposición señalaron que se busca blindar las polémicas megaobras del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Aseguraron que impugnarán los cambios.
Los legisladores de Morena cuestionaron a jueces por frenar obras polémicas como el Tren Maya o reformas como la Ley de la Industria Eléctrica, ante juicios de amparo que han presentado agrupaciones de ambientalistas, indígenas y empresarios.
La reforma, precisó el Senado de la República en un comunicado, adiciona un último párrafo al artículo 148 y deroga el último párrafo del artículo 129 de dicho ordenamiento para eliminar el amparo, “en aquellos casos que excepcionalmente concedía la suspensión, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pudiera causarse mayor afectación al interés social”.
En la discusión, el senador Julen Rementería, del PAN, presentó una moción suspensiva al dictamen con proyecto de decreto, la cual fue rechazada por el pleno.
El legislador argumentó que la aprobación de esta reforma es “un abuso”, ya que elimina la posibilidad de que los ciudadanos puedan recibir el amparo de la justicia federal, respecto a cualquier acción de la autoridad que los afecte.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la aprobación de este producto legislativo refrenda el compromiso de que las leyes reglamentarias estén acorde con la Constitución. “No estamos afectando derechos, ni haciendo una regresión en las garantías”, sostuvo.
Por Morena, Ricardo Monreal Ávila aseveró que esta reforma tiene el objetivo de evitar “el abuso de la dictadura de la toga”, que, según su opinión, genera una gran discrecionalidad en sus asuntos y vulnera el principio de legalidad al que deben estar sujetos.
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del grupo parlamentario del PAN, denunció que, con esta reforma, Morena elimina el derecho de los ciudadanos a protegerse ante las decisiones de las autoridades.
Nancy de la Sierra, del PRI, acusó a Morena de no prestarle atención a los asuntos y leyes urgentes y sólo darle prioridad “a lo que el Presidente ordena”.
“Estas ocurrencias absurdas afectarán a los grupos más vulnerables”, declaró De la Sierra, quien aseguró que la reforma responde al “rencor del Presidente contra los miembros del Poder Judicial”.
López Obrador ha acusado en reiteradas ocasiones a los jueces de ser “corruptos” y “trabajar para la oligarquía” por suspender sus reformas legales y obras públicas al analizar o conceder amparos.
Para Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien funge como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la reforma pretende privilegiar el interés de la “facción en el poder” por encima de las posibles afectaciones a los derechos humanos de los ciudadanos.
“Se busca acotar las facultades de las juezas y los jueces… bajo el argumento de que los proyectos de infraestructura tienen la suficiente relevancia como para hacer a un lado los intereses de la misma población”, advirtió el ministro.
La Cámara alta también aprobó anoche reformar la Ley de Amnistía para establecer que el Presidente podrá “dar amnistía a quien aporte información comprobable para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano”.
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