La protesta de los trabajadores de la Fiscalía Estatal de Justicia en Zacatecas ha alcanzado su decimocuarto día, manifestándose a través del cierre de importantes vías de comunicación que conectan la capital con otras ciudades del estado.
Vías como el Bulevar Metropolitano, la salida norte a Fresnillo y Jerez, la Calzada Solidaridad y Ciudad Gobierno amanecieron parcialmente cerradas por los manifestantes, en un esfuerzo por llamar la atención hacia sus demandas.
Hace tres semanas, estos trabajadores comenzaron su movilización exigiendo mejoras salariales y condiciones de trabajo adecuadas, en un contexto de inseguridad que caracteriza a la región. Durante las últimas dos semanas, el personal de la fiscalía ha estado en huelga parcial y realizando guardias, lo que ha impactado negativamente en el avance de investigaciones importantes.
Además de estas demandas, los empleados de Salud se han unido a las protestas, buscando una respuesta a sus solicitudes que han sido ignoradas durante dos meses. A pesar de la falta de mantenimiento y recursos en las instalaciones, estos trabajadores han seguido laborando en circunstancias difíciles.
Una trabajadora social enfatizó la crítica situación al mencionar la carencia de medicamentos esenciales, como el paracetamol, y situaciones angustiantes en las que se han tenido que posponer cirugías debido a la falta de equipos médicos necesarios.
La líder del sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud, Norma Castorena, convocó a una asamblea general extraordinaria para definir los próximos pasos de acción frente a la falta de respuesta de las autoridades a sus demandas.
En medio de este conflicto laboral, Arturo Nahle, presidente del Poder Judicial estatal, ha instado a un diálogo constructivo entre todas las partes involucradas, con el objetivo de evitar que las acciones de protesta afecten negativamente a terceros.
Esta situación pone de manifiesto la importancia de encontrar soluciones efectivas para atender las demandas de los trabajadores y garantizar que las instituciones de justicia y salud puedan operar de manera óptima para el bienestar de la población y el desarrollo del estado.
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