Alcalde de Tangancícuaro, afiliado a Morena, involucrado en el fallecimiento de dos perritas; Fiscalía de Michoacán investiga el suceso

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ha iniciado una investigación en relación al alcalde morenista de Tangancícuaro, David Melgoza Montañez, debido a la muerte a balazos de Bubba y Canela, dos perritas que habitaban a poca distancia de su residencia.

Este viernes, durante el segundo informe de gobierno de David Melgoza, residentes de Tangancícuaro en la región occidental de Michoacán llevaron a cabo una protesta, interrumpiendo el evento y demandando su renuncia con un coro de “¡asesino, asesino!”.

El alcalde, con un trasfondo en formación militar, ha reconocido haber causado la muerte de Bubba y Canela, dos canes de raza labrador y pastor belga malinois, durante la noche del miércoles 9 de agosto. El incidente ocurrió en la calle Vicente Suárez, en la colonia Santa Anita, donde él reside. Melgoza argumenta que disparó su arma de calibre .9 milímetros en defensa propia, alegando que las perritas habían atacado a su propia mascota.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, también afiliado a Morena, ha pedido a la fiscalía estatal una investigación imparcial para esclarecer los hechos. Bedolla enfatizó la condena hacia el maltrato animal y la crueldad, especialmente cuando estos actos involucran a autoridades responsables de fomentar la cultura de la paz y el respeto a la vida.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha presentado una queja en contra del alcalde morenista, argumentando que la muerte de Bubba y Canela ha afectado el equilibrio del ecosistema donde compartían espacio con seres humanos.

La Fiscalía General del Estado está llevando a cabo una evaluación de los cuerpos de las perritas y de los casquillos percutidos encontrados en las cercanías de la residencia de Melgoza. Grupos de defensores de los derechos de los animales planean una marcha en el Centro Histórico de Morelia el próximo domingo para exigir justicia por Bubba y Canela. En caso de ser declarado culpable, el alcalde podría enfrentar una pena de hasta dos años de prisión.

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