Sady Arturo Loaiza Escalona, director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos y encargado de elaborar los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP, ha hecho públicos sus antecedentes laborales tras revelarse que había ocultado su estancia de 6 años como funcionario en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.
En su declaración patrimonial de 2023, Loaiza Escalona detalla que trabajó como gerente de fomento pesquero y acuícola en el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca) desde enero de 2012 hasta junio de 2013. Posteriormente, se convirtió en director general de proyectos en el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, involucrándose en la formación y capacitación de movimientos sociales.
En octubre de 2014, asumió el cargo de director de la Biblioteca Nacional de Venezuela, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Durante su tiempo en la biblioteca, Loaiza Escalona fue parte de la difusión de los ideales chavistas y la propaganda del gobierno de Nicolás Maduro.
El actual director de Materiales Educativos de la SEP recibió el nombramiento de director de la Biblioteca Nacional mediante una resolución emitida en noviembre de 2014. Sin embargo, solo reportó este último empleo en su declaración patrimonial de 2022, omitiendo el resto de su historial laboral.
Además, en su más reciente declaración, se revela que trabajó simultáneamente en Grupo de Difusión Científica y en la SEP desde enero de 2019 hasta marzo de 2022.
Loaiza Escalona, junto con Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos de la SEP, están rediseñando los libros de texto de primaria y secundaria de acuerdo con los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana, que busca cambios en los materiales educativos para alejarse del modelo “neoliberal”.
La SEP tiene previsto entregar los nuevos libros en todas las escuelas del país para el ciclo escolar 2023-2024 que comienza en agosto. Sin embargo, organizaciones y especialistas en educación han recurrido a instancias judiciales para impedirlo, argumentando falta de consulta con maestros y padres de familia, y señalando errores y carencias en los libros.
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