Recientemente, se han registrado eventos preocupantes relacionados con la base social del narcotráfico en México. Un grupo presuntamente vinculado a la organización criminal “Los Ardillos” bloqueó la Autopista del Sol y realizó actos de vandalismo en el estado de Guerrero. La versión oficial apunta a que los pobladores fueron forzados a manifestarse para exigir la liberación de líderes delictivos. Sin embargo, las interpretaciones simplistas y esquemáticas de este fenómeno pueden llevarnos a malentender la complejidad del problema y plantear soluciones inadecuadas. En este artículo, exploraremos cómo las fronteras entre el crimen organizado, la sociedad y el gobierno se entrelazan, y cómo estos campos interactúan y se influyen mutuamente.
Es común imaginar a los cárteles de la droga como entes monolíticos y fácilmente identificables, ejerciendo su dominio territorial mediante el miedo y la violencia. Aunque ciertas premisas son ciertas, existen factores adicionales que explican por qué estas bandas se convierten en agentes reguladores del orden social y complementan, o incluso compiten con, el Estado. Los gobiernos recientes no han logrado reconstruir o reemplazar las redes de arreglos políticos y mecanismos de intermediación que antes brindaban estabilidad y gobernabilidad al país. Como resultado, las organizaciones criminales han ganado poder y se han vuelto más violentas en regiones donde las redes de acuerdos locales se han quebrado.
Investigaciones valiosas han demostrado que el dominio social y territorial de los grupos criminales va más allá del mero uso del terror. Estos actores ejercen un papel regulador en la vida comunitaria de muchas regiones del país, empleando recursos más allá de la violencia, como la legitimidad. Las bandas se integran a la vida cotidiana de algunas comunidades, adaptando su modus operandi a las costumbres y particularidades locales. Reconocer esta compleja realidad es crucial para abordar efectivamente el problema y encontrar soluciones adecuadas.
La base social del narcotráfico en México representa un desafío significativo para la próxima administración. Las redes informales y no estatales, a menudo criminales, se han convertido en agentes reguladores de la vida social en vastas regiones del país. La comprensión de esta realidad es esencial para gobernar adecuadamente y encontrar soluciones efectivas. En lugar de promesas simplistas, los candidatos deben enfrentar la realidad y buscar estrategias realistas para abordar esta compleja problemática.
