La defensa de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), expresó el jueves su profunda decepción y sensación de engaño por parte de las instituciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto surge después de que el monto del acuerdo reparatorio se elevara a una asombrosa suma de 30 millones de dólares.
En una entrevista radial, el abogado Miguel Ontiveros destacó que, aunque aún queda tiempo hasta el último día de agosto para firmar un acuerdo entre Lozoya y las autoridades federales, la defensa ya se está preparando para presentar amparos contra Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Emilio Lozoya se siente completamente decepcionado y traicionado por las instituciones de la República. Renunció a su defensa en España confiando en la política anticorrupción del presidente. Vino, denunció y aportó elementos, colaborando constantemente incluso desde prisión con las instituciones del gobierno. Ahora, se siente engañado y desilusionado”, afirmó el abogado.
El aumento del 200% en el monto para la reparación del daño lleva a creer que las autoridades buscan silenciar a Lozoya sobre la corrupción del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto. “El gobierno de México parece no querer que Emilio Lozoya revele información sobre los hechos de corrupción que denunció, relacionados con el sexenio pasado y un aparato organizado de poder corrupto. La estrategia para evitar que hable es imponerle una garantía impagable”, expresó Ontiveros.
El abogado relató que Lozoya ya manifestó ante el juez que el aumento del monto fue una forma de extorsión y engaño por parte del gobierno de López Obrador, después de haber generado expectativas de que Lozoya sería tratado como testigo colaborador.
“Creemos que la razón detrás de esta garantía impagable es silenciarlo y mantenerlo en prisión, pero nosotros lucharemos hasta el final para lograr su libertad”, reafirmó Ontiveros.
En una audiencia del 18 de julio pasado, el acuerdo entre el gobierno federal y Emilio Lozoya se desmoronó cuando las autoridades incrementaron el monto necesario para lograr el acuerdo reparatorio que permitiría la liberación del acusado. Tanto Pemex como la UIF fijaron en 30 millones de dólares el monto de indemnización, casi el triple de lo requerido anteriormente (10.7 millones de dólares).
Este revés ha generado una situación de incertidumbre en el caso Lozoya y ha dejado a su defensa luchando para esclarecer el panorama y buscar la libertad de su cliente. Las próximas semanas serán cruciales para conocer el desenlace de este importante caso de corrupción en México.
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