El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido señalado por el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAP), Arturo Pueblita, por violar artículos clave de la Constitución al dar a conocer información fiscal de Xóchitl Gálvez, incluyendo su domicilio fiscal y registro federal de causantes. Según Pueblita, esto infringe los derechos humanos de la política y ciudadana.
Desde el pasado 14 de julio, el presidente difundió un documento en formato PDF que detalla presuntos contratos otorgados por entidades públicas a empresas de Gálvez, junto con sus direcciones y RFC. También incluyó el nombre de empresas privadas que la han contratado, sin especificar posibles irregularidades.
Ante la insistencia de López Obrador de dar a conocer estos datos, argumentando su lucha contra la corrupción, Pueblita criticó el uso faccioso de información obtenida por las autoridades fiscales para atacar a opositores, calificándolo propio de regímenes dictatoriales.
La divulgación de esta información ha sido cuestionada por el INCAP, que considera que se vulneraron derechos fundamentales protegidos en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos. En particular, el artículo 16 constitucional resguarda el derecho a la protección de datos personales y el acceso, rectificación y cancelación de los mismos. Asimismo, se ha señalado una violación al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que establece la obligación de mantener en reserva los datos fiscales.
Esta controversia ha puesto de manifiesto la importancia de respetar la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos, independientemente de su posición política, y ha generado un debate en torno al uso adecuado de la información gubernamental.
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