El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado la expropiación de 15 mil 47 hectáreas de terrenos en el ejido Plan de San Luis, municipio de Calakmul, Campeche, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Estos terrenos serán destinados a la construcción del Tren Maya y la edificación de instalaciones militares.

Según el decreto, 36 hectáreas serán utilizadas para la construcción de las vías férreas del proyecto Tren Maya, mientras que 5 mil 749 hectáreas serán destinadas a obras complementarias relacionadas con actividades castrenses en general. Además, se destinarán 9 mil 261 hectáreas para la conservación y mejora de la Reserva de la Biósfera de Calakmul.

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) será responsable de indemnizar a los propietarios de los terrenos, de acuerdo con la cantidad establecida en la evaluación realizada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que asciende a 602 millones 996 mil pesos.

El decreto también establece que en caso de que los terrenos expropiados se utilicen para un propósito diferente al señalado en el decreto o si, transcurrido un plazo de 5 años, no se cumple con la causa de utilidad pública, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal podrá tomar las medidas necesarias para solicitar la reversión parcial o total de los terrenos expropiados y su incorporación a su patrimonio.

Cabe mencionar que el pasado 12 de junio, López Obrador decretó la expropiación de más de 119 hectáreas en el ejido Juan Sarabia, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, para la construcción del Tramo 7 del Tren Maya. En este caso, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinó una indemnización de 136 millones 509 mil pesos para los afectados. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano llevará a cabo la expropiación una vez que Fonatur Tren Maya S.A. de C.V. haya efectuado el pago correspondiente.

Este anuncio ha generado debate y expectativas en relación a las implicaciones del Tren Maya y las compensaciones a los propietarios de los terrenos expropiados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha expresado su desaprobación hacia los corridos tumbados y la música que promueve el consumo de drogas, mencionando específicamente al artista Peso Pluma. Esta crítica surge debido a las canciones que hacen referencias a cárteles y narcotraficantes y que han alcanzado gran popularidad en los rankings.

En este sentido, el mandatario mexicano ha llamado a orientar a los jóvenes para que no consuman este tipo de música que promueve una cultura de las drogas. Sin mencionar directamente al famoso artista, AMLO señaló que existe un músico muy exitoso que es pintado de manera positiva y viril, cuando en realidad las drogas representan un grave peligro.

Es importante, según el presidente, brindar orientación a los jóvenes y evitar que se les presente una visión distorsionada de las drogas y su supuesto paraíso. El consumo de sustancias como el fentanilo puede llevar a consecuencias fatales en un corto período de tiempo. Por lo tanto, es fundamental transmitir el mensaje de que las drogas conducen al infierno, no a un lugar deseable.

En una entrevista para la BBC, Rafael Acosta, profesor de la Universidad de Kansas, ofreció una explicación sobre por qué las personas se sienten atraídas por los corridos, corridos tumbados o narcocorridos. Según Acosta, esta música atrae a aquellos que se sienten desatendidos por los aparatos estatales y económicos, buscando así una forma de rebelión y avance socioeconómico.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha firmado un decreto que establece un arancel del 50% para la importación y exportación de maíz blanco (harinero) hasta finales de este año. Esta decisión, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tiene como objetivo principal fortalecer la producción nacional y asegurar condiciones de mercado que permitan estabilizar el precio del grano.

El gobierno federal ha explicado que la exención del arancel a la importación del maíz blanco harinero, que estuvo vigente desde enero, no tuvo un impacto significativo en la disminución de los precios en el mercado nacional. Por lo tanto, se consideró pertinente eliminar esta exención y establecer un arancel para fomentar la producción nacional y el encadenamiento productivo del maíz blanco.

Según el “Panorama Agroalimentario 2022” presentado por el gobierno de López Obrador, el maíz blanco es de suma importancia en la dieta de los mexicanos, con un consumo anual per cápita de 346 kilos. Además, es el grano de mayor producción en el país, con una participación del 88.2% en la producción de granos a nivel nacional.

Cabe mencionar que el presidente López Obrador anunció previamente que firmaría un acuerdo para prohibir el uso de maíz transgénico en las tortillerías del país y establecer aranceles a las importaciones de maíz blanco. Esta medida busca proteger la producción nacional y garantizar que el maíz utilizado sea de origen nacional y no transgénico.

A pesar de esta decisión, México recibió una solicitud de consulta por parte de la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y Canadá también se unió a las consultas. Ambos países expresaron preocupación por la falta de respaldo científico de las medidas mexicanas y su potencial impacto en el comercio en el mercado norteamericano.

El presidente López Obrador ha reafirmado la postura de su gobierno y ha destacado la importancia de fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre México y Estados Unidos. Asimismo, ha enfatizado que no se debe temer a las controversias y que la medida busca ordenar y proteger la economía nacional.

La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Claudia Zavala, enfatizó la importancia de que los aspirantes a la Presidencia se adhieran estrictamente a la ley para evitar incurrir en actos anticipados de campaña. En caso de confirmarse dichos actos, podrían perder el registro de su candidatura.

Durante la sesión celebrada este viernes, se rechazaron las medidas en contra de Claudia Sheinbaum, senadora del PRI, Beatriz Paredes, diputado del PAN, Santiago Creel, y Movimiento Ciudadano, quienes fueron señalados por presuntos actos anticipados de campaña.

“Actuar al límite de las normas a menudo implica actos que constituyen simulación. Estos adelantos tienen una sanción establecida en la propia ley, una consecuencia severa. Cuando se emite una sentencia firme por un acto anticipado, la consecuencia es que no se puede registrar como precandidato o candidata”, afirmó Zavala.

La consejera electoral advirtió que no es momento para manifestar aspiraciones a cargos de elección popular a través de los medios de comunicación ni para que los actores políticos hablen sobre propuestas de gobierno, dado que el proceso electoral no comienza hasta septiembre.

“Es sumamente importante, tanto para México como para la democracia, que todos los actores políticos se ajusten a la ley, especialmente aquellos que aspiran a gobernar o representar a ciertos niveles. De lo contrario, ¿qué ejemplo estamos dando?”, cuestionó la consejera electoral.

En uno de los casos analizados, legisladores de Movimiento Ciudadano denunciaron a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por presuntos actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y vulneración del principio de imparcialidad, debido a un evento realizado en el Monumento a la Revolución el 15 de junio.

La comisión determinó que las medidas cautelares eran improcedentes, ya que los actos ya se habían consumado y eran irreparables. Además, la funcionaria se había separado del cargo desde el 16 de junio.

Respecto a este caso, la consejera Claudia Zavala señaló que corresponderá a la Sala Especializada del Tribunal Electoral analizar los elementos para determinar si hubo una campaña anticipada durante el mitin de la exjefa de Gobierno.

Por otro lado, Morena presentó una denuncia contra la senadora del PRI, Beatriz Paredes, por supuesta campaña anticipada debido a sus manifestaciones sobre sus aspiraciones a la Presidencia en diversos medios de comunicación.

Sin embargo, la comisión decidió no implementar medidas cautelares, pero instó a la senadora a actuar de acuerdo con los principios de “legalidad y equidad”.

En otro acontecimiento, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia ante el INE contra los aspirantes presidenciales de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. La denuncia alega el uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de precampaña y campaña en sus eventos promocionales, que dieron inicio en distintas partes del país el pasado 19 de junio.

La denuncia incluye a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco, Morena y aquellos que resulten responsables.

Álvarez Máynez afirmó: “Si ellos no se cansan de violar la ley, nosotros no nos cansaremos de defender la democracia. Hoy presentamos una denuncia por los eventos de campaña en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Sinaloa y Estado de México”.

La creciente violencia perpetrada por la delincuencia está provocando un aumento significativo en el número de familias desplazadas en México, alcanzando niveles no vistos en más de siete años. Esta situación se convierte en una clara evidencia del fracaso de la política de seguridad pública implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El impacto de la violencia en las comunidades mexicanas es desgarrador. En el año 2021, cerca de 29,000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido al temor constante de convertirse en víctimas, incluso de perder la vida, a manos del crimen organizado que ha atacado implacablemente sus localidades. Estas familias, en busca de seguridad y protección, se ven forzadas a dejar atrás todo lo que conocen y aman, enfrentando el doloroso proceso de desplazamiento interno.

Recientemente, el equipo de Latinus realizó una visita a la Tierra Caliente de Michoacán, una región que ha sido profundamente afectada por la violencia y el control ejercido por el Cártel Jalisco Nueva Generación. En esta zona, algunos habitantes han intentado regresar a sus hogares después de haber abandonado todo hace casi dos años. Sin embargo, la sombra del miedo y la incertidumbre persisten, recordándoles los peligros que acechan en cada esquina.

El exilio forzado de estas familias es un testimonio conmovedor de las deficiencias en la estrategia de seguridad implementada por el gobierno actual. A pesar de los lemas y promesas de “abrazos, no balazos”, la realidad es que el asedio criminal continúa cobrando un precio humano devastador. La falta de una respuesta eficaz y contundente ante la violencia ha dejado a miles de personas vulnerables y desprotegidas, en constante peligro y sin opciones viables para reconstruir sus vidas en un entorno seguro.

Es imperativo que las autoridades mexicanas tomen medidas enérgicas para abordar esta crisis humanitaria que se está gestando en el país. Se requiere una estrategia integral que no solo se enfoque en la represión de los grupos delictivos, sino que también priorice la protección y el apoyo a las comunidades afectadas. La implementación de programas de prevención del delito, la mejora de las condiciones de vida en zonas vulnerables y el fortalecimiento del sistema de justicia son algunas de las medidas necesarias para brindar un ambiente seguro y pacífico para todas las familias mexicanas.

El exilio y la desesperanza no pueden ser el destino de aquellos que buscan una vida digna y tranquila en su propio país. Es hora de un cambio real y efectivo que garantice la seguridad y el bienestar de todas las personas en México. La protección de los derechos civiles y la construcción de una sociedad libre de violencia deben ser prioridades fundamentales para el gobierno y para la sociedad en su conjunto. Solo a través de un enfoque integral y comprometido se podrá superar esta crisis y ofrecer un futuro prometedor a las familias afectadas por el asedio criminal en México.”

Un grupo de activistas dedicados a la defensa de los derechos civiles ha presentado una demanda este viernes contra las autoridades de Estados Unidos con el objetivo de invalidar las recientes reglas migratorias implementadas tras el fin del Título 42.

En su demanda, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) critica al gobierno estadounidense por “restringir el acceso al asilo en la frontera sur para la mayoría de las personas sujetas a procesos de expulsión acelerada”.

Después de la finalización del Título 42, una normativa sanitaria que permitía la expulsión inmediata de migrantes debido a la pandemia, a mediados de mayo las autoridades establecieron nuevas reglas para los solicitantes de asilo y aplicaron castigos más severos para aquellos migrantes que ingresan de manera irregular.

Estas regulaciones clasifican como “no aptos” para solicitar asilo a los migrantes que cruzan la frontera de manera irregular y no han solicitado protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos.

La principal opción legal para solicitar asilo en el país, disponible para las personas que llegan a la frontera, es a través de la aplicación móvil CBP One, que permite a los migrantes programar citas con las autoridades para presentar sus casos.

Además, Estados Unidos ha aumentado el número de vuelos de deportación a países de la región y ha llegado a un acuerdo con México para que el país vecino reciba hasta 30,000 migrantes deportados al mes procedentes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba.

Como resultado, las detenciones en la frontera han disminuido considerablemente desde que se levantó la normativa sanitaria y se implementaron las nuevas restricciones migratorias.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), las detenciones de migrantes entre puntos de entrada en la frontera sur disminuyeron un 25% en mayo en comparación con el mismo mes del año pasado, y más de la mitad de estas detenciones ocurrieron antes de que se dejara de aplicar el Título 42 el 12 de mayo.

Esta semana también se reveló que menos de la mitad de los migrantes adultos que fueron detenidos al cruzar la frontera de manera irregular en el último mes lograron solicitar asilo, según datos presentados por el gobierno ante un tribunal federal en California.

En contraste, antes de la pandemia (entre 2014 y 2019), el 83% de los adultos detenidos en cruces irregulares lograban solicitar esta protección.

En su demanda, la ACLU solicita la eliminación de todas estas medidas migratorias y que a los migrantes que han sido expulsados se les permita regresar a Estados Unidos mientras se procesan sus solicitudes de asilo.”