La creciente violencia perpetrada por la delincuencia está provocando un aumento significativo en el número de familias desplazadas en México, alcanzando niveles no vistos en más de siete años. Esta situación se convierte en una clara evidencia del fracaso de la política de seguridad pública implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El impacto de la violencia en las comunidades mexicanas es desgarrador. En el año 2021, cerca de 29,000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido al temor constante de convertirse en víctimas, incluso de perder la vida, a manos del crimen organizado que ha atacado implacablemente sus localidades. Estas familias, en busca de seguridad y protección, se ven forzadas a dejar atrás todo lo que conocen y aman, enfrentando el doloroso proceso de desplazamiento interno.
Recientemente, el equipo de Latinus realizó una visita a la Tierra Caliente de Michoacán, una región que ha sido profundamente afectada por la violencia y el control ejercido por el Cártel Jalisco Nueva Generación. En esta zona, algunos habitantes han intentado regresar a sus hogares después de haber abandonado todo hace casi dos años. Sin embargo, la sombra del miedo y la incertidumbre persisten, recordándoles los peligros que acechan en cada esquina.
El exilio forzado de estas familias es un testimonio conmovedor de las deficiencias en la estrategia de seguridad implementada por el gobierno actual. A pesar de los lemas y promesas de “abrazos, no balazos”, la realidad es que el asedio criminal continúa cobrando un precio humano devastador. La falta de una respuesta eficaz y contundente ante la violencia ha dejado a miles de personas vulnerables y desprotegidas, en constante peligro y sin opciones viables para reconstruir sus vidas en un entorno seguro.
Es imperativo que las autoridades mexicanas tomen medidas enérgicas para abordar esta crisis humanitaria que se está gestando en el país. Se requiere una estrategia integral que no solo se enfoque en la represión de los grupos delictivos, sino que también priorice la protección y el apoyo a las comunidades afectadas. La implementación de programas de prevención del delito, la mejora de las condiciones de vida en zonas vulnerables y el fortalecimiento del sistema de justicia son algunas de las medidas necesarias para brindar un ambiente seguro y pacífico para todas las familias mexicanas.
El exilio y la desesperanza no pueden ser el destino de aquellos que buscan una vida digna y tranquila en su propio país. Es hora de un cambio real y efectivo que garantice la seguridad y el bienestar de todas las personas en México. La protección de los derechos civiles y la construcción de una sociedad libre de violencia deben ser prioridades fundamentales para el gobierno y para la sociedad en su conjunto. Solo a través de un enfoque integral y comprometido se podrá superar esta crisis y ofrecer un futuro prometedor a las familias afectadas por el asedio criminal en México.”
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