El Congreso de El Salvador aprobó, a primera hora del miércoles, una nueva extensión del estado de emergencia, que suspende derechos constitucionales, en respuesta a una solicitud del gabinete de Seguridad del gobierno. Esta medida forma parte de la política de mano dura del país contra las maras o pandillas, a las que se atribuye la mayoría de los crímenes en la nación.
Esta es la decimoquinta prórroga de la medida, que entró en vigor el 27 de marzo de 2022, luego de que las pandillas asesinaran a 62 personas en un solo día en todo el país.
A pesar de la notable disminución en la tasa de homicidios, el gabinete de Seguridad justifica esta nueva solicitud para evitar una reacción delictiva por parte de los grupos criminales. También se menciona el riesgo de mutación de las organizaciones delictivas debido a la presión ejercida para desplazarlos de las áreas que controlan. Según las autoridades, muchos pandilleros han buscado refugio en zonas rurales y otros han abandonado el país.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó: “No debemos olvidar de dónde venimos, ya que todavía hay tareas pendientes. La guerra contra las pandillas aún no ha terminado. A pesar de la oposición de ciertos grupos, seguiremos adelante”.
Eduardo Escobar, abogado de la ONG Acción Ciudadana, advirtió en una entrevista con The Associated Press que es probable que el régimen de excepción se extienda hasta las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 2024. Según él, el gobierno busca obtener votos en las elecciones utilizando esta acción como argumento.
Durante el debate parlamentario, Guillermo Gallegos, vicepresidente del Congreso y miembro del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), aliado del presidente Nayib Bukele, afirmó: “Desde la implementación del régimen de excepción, hemos transformado nuestro país para acabar con las pandillas. Por eso creemos que esta medida debe continuar”.
La prórroga fue aprobada con 67 votos a favor de los 84 diputados del Congreso unicameral. Hubo siete votos en contra, cinco abstenciones y cinco diputados que no se presentaron. La extensión entrará en vigor el 16 de junio y se extenderá hasta el 15 de julio, una vez que se publique en el Diario Oficial.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado violaciones y abusos de derechos en el marco del estado de excepción. Este suspende la libertad de asociación, el derecho a ser informado de los motivos de la detención, el derecho a contar con asistencia legal, amplía el plazo de detención preventiva de 72 horas a 15 días y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los dispositivos móviles de los sospechosos.
La ONG Cristosal informó recientemente que al menos 153 personas detenidas en El Salvador murieron bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción.
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