Mediante votación popular ha sido considerada inviable por el ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío Díaz.
Durante un conversatorio con diputados de Morena, Cossío Díaz advirtió que esta propuesta podría caer dentro del ámbito electoral, lo cual presentaría dificultades.
Según Cossío Díaz, si se incluyen elementos como boletas con los nombres y fotografías de los candidatos, así como propuestas por parte de instituciones, la elección de ministros a través de una consulta popular entraría en el terreno electoral. Explicó que la consulta popular se rige por la Ley de Consulta Popular y se debe determinar si la elección o el mecanismo de designación de los ministros de la Suprema Corte caen o no dentro de la jurisdicción de esta ley, así como si la propia Suprema Corte de Justicia se encargaría de llevar a cabo la certificación.
El ministro en retiro destacó la importancia de considerar los criterios actuales de la Suprema Corte para definir el método de elección de los ministros. Además, señaló que es probable que la Suprema Corte rechace la pregunta sobre la elección de ministros por vía de consulta popular, lo que impediría llevar a cabo dicho ejercicio de esa forma.
Cossío Díaz resaltó que la independencia del Poder Judicial se basa en gran medida en la forma en que se eligen los miembros de la Corte, quienes son designados por el presidente y sujetos a la aprobación de los senadores.
Asimismo, el ministro en retiro instó a los legisladores de Morena a reflexionar sobre si la consulta popular para elegir al presidente de la Suprema Corte es un asunto de naturaleza electoral o no.
Además de los criterios de la Suprema Corte, Cossío Díaz mencionó la importancia de respetar los tratados internacionales firmados por México en relación con la materia y las restricciones impuestas por los derechos humanos, así como la Corte Interamericana.
El pasado 24 de mayo, el diputado morenista Alejandro Robles Gómez presentó un proyecto de ley en la Gaceta Parlamentaria con el objetivo de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante votación popular. Esta iniciativa propone reformar los artículos 96 y 97 de la Constitución Política de México.
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