Senado recibe renuncias de 8 ministros de la SCJN

Este miércoles 30 de octubre, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que se recibieron las cartas de renuncia de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ante los medios de comunicación, Fernández Noroña mostró las cartas de renuncia de los ministros. Aunque no se divulgaron los nombres, se sabe que son:

  • Norma Piña
  • Ana Margarita Ríos Farjat
  • Jorge Mario Pardo Rebolledo
  • Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
  • Javier Laynez Potisek
  • Juan Luis González Alcántara Carrancá
  • Alberto Pérez Dayán
  • Luis María Aguilar

Todos estos ministros se habían manifestado en contra de la reforma judicial que fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En sus cargos solo permanecen las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, afines a morena, y quienes desde el principio se pronunciaron a favor de participar en la elección de ministros que se plantea se realizará en julio de 2025.

Norma Piña renuncia a la presidencia de la SCJN

Este miércoles 30 de octubre, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, hizo pública su renuncia al cargo de ministra que asumió en 2015, en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, y declinó participar en la elección de ministros programada para 2025.

A través de una carta que envió a la Mesa Directiva del Senado, Piña Hernández dejó en claro que su dimisión “no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”.

Este 30 de octubre, en una carta dirigida al Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, presentó su renuncia ante el Máximo Tribunal como un “acto de congruencia”.

La ministra presidenta apuntó que su renuncia al cargo surtirá efecto hasta el 31 de agosto de 2025 para todos los efectos constitucionales y legales que correspondan y aseguró que “esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”.

Además, Piña Hernández precisó que declinará a la candidatura para participar en la elección extraordinaria de las personas juzgadoras que ocuparán, entre otros, los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2025.

Asimismo, recordó que “el 2 de enero de 2023, día que rendí protesta como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, asumí, con el más alto compromiso, con honor y convicción, la responsabilidad de representar al Poder Judicial de la Federación, del cual orgullosamente he formado parte los últimos 36 años de mi vida”.

Jueces y magistrados adelantan su jubilación por reforma judicial

Tras el debate y aprobación de la reforma judicial en México, más de 400 jueces y magistrados han solicitado su jubilación y se  acercaron al área de Recursos Humanos para concluir su relación laboral con el Poder Judicial de la Federación.

Antes de que el Congreso de la Unión aprobara la reforma, que contempla elegir a través del voto popular a jueces y magistrados, 200 servidores públicos habían solicitado la pensión complementaria por jubilación anticipada.

Sin embargo, después del 11 de septiembre, cuando se realizó la declaratoria de aprobación de la reforma, ya suman más de 400 servidores públicos que recurrieron a la jubilación anticipada.

A mediados de este año, de acuerdo con fuentes consultadas del Consejo de la Judicatura, ya se habían elevado al doble los jueces y magistrados que solicitaron sus jubilaciones en relación con el año pasado.

Además, este lunes, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó que el Consejo de la Judicatura Federal aprobó un acuerdo de su pleno que baja de 65 a 55 años la edad para el retiro voluntario con al menos 25 años de servicio, para que los juzgadores accedan a la pensión complementaria.

En 2015, el Consejo de la Judicatura Federal publicó un acuerdo en el DOF, en el que la edad mínima para la jubilación anticipada contemplaba 65 años, con 25 años de antigüedad; con el nuevo acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal que entra en vigor hoy queda establecida en 55 años como mínimo con 25 años de antigüedad.

Es decir, con una edad entre 55 a 64 años y 25 años de antigüedad corresponde 45% de pensión. Por ejemplo, si un servidor público tiene 64 años y una antigüedad de 35 años se hace acreedor a 78% de la pensión complementaria.

Establece como requisito indispensable para solicitar el retiro voluntario, contar con al menos 25 años de servicio en el PJF y haber sido ratificado.

Lo anterior es con la finalidad de fijar los requisitos mínimos para obtener el beneficio de la pensión complementaria.

El acuerdo que regula el Plan de Pensiones Complementarias, señala que los titulares que opten por el régimen pensionario del artículo décimo transitorio, la pensión total por jubilación estará integrada por la que otorgue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Esto conforme a la normatividad aplicable y la asignada por el Consejo de la Judicatura Federal como pensión complementaria.

Por otra parte, conforme al régimen denominado cuentas individuales, la pensión total por jubilación estará integrada por una aportación base de 10 veces el valor mensual de la unidad de medida y actualización (UMA) al día del retiro y la asignada como pensión complementaria.

¿Cuándo se elegirían los jueces, según la nueva reforma?

El Senado de la República aprobó reformas a la Constitución para transformar al Poder Judicial. Básicamente, modifican 18 artículos, adicionan seos y deroga diversas fracciones de cinco artículos. Aun aprobada, la reforma judicial es polémica.

La legislación establece la elección ciudadana de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados, magistradas, juezas y jueces, “mediante mecanismos públicos abiertos e inclusivos”, asegura el Senado.

Pese a las fuertes protestas, tanto dentro como fuera de la cámara, la propuesta logró el voto a favor de 86 senadores, incluido uno de la oposición, frente a 41 en contra.

Una vez aprobados por las dos cámaras del Congreso, los cambios constitucionales necesitan la ratificación de 17 de los 32 congresos estatales y la del primero llegó sólo un par de horas después.

La proposición plantea la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.

En total, mil 688 cargos se someterían a votación, de los que 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados.

En cuanto a las fechas previstas, en 2025 se elegirían ministros de la Suprema Corte y la mitad de los jueces y magistrados de distrito, y la otra mitad sería elegida en 2027.

Cambios en la Suprema Corte

  • La propuesta prevé una reducción en la cantidad de ministros (integrantes) de la SCJN, que pasarían a ser nueve en lugar de los 11 actuales y cuyo cargo mantendrían por 12 años, tres menos que en la actualidad.
  • También eliminaría las dos salas que funcionan en el presente y la Corte solo sesionaría en pleno.
  • Para optar al puesto sería necesario ser mayor de 35 años, tener una década de antigüedad como abogado y no haber ocupado cargos el año previo a su elección.
  • No habría posibilidad de pensión vitalicia en caso de jubilación, como ahora, y la remuneración de los miembros de la Corte nunca podrá superar a la del jefe del Ejecutivo.

Los cinco puntos clave para entender la Reforma Judicial

La controversial Reforma Judicial para elegir por voto popular a los elementos del Poder Judicial que planteó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (quien entregará su puesto el próximo 01 de octubre a Claudia Sheinbaum), dio un paso clave el día de hoy luego de que se aprobara en el Senado de la República, esto una vez superó el trámite en la Cámara de Diputados la pasada semana.

El día de hoy te compartimos cuáles son los puntos clave del proyecto que genera controversias en la opinión pública mexicana, incertidumbre en los mercados e inquietud en socios clave como Estados Unidos.

Elección popular de jueces 

La proposición plantea la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.

En total, mil 688 cargos se someterían a votación, de los que 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados. 

En cuanto a las fechas previstas, en 2025 se elegirían ministros de la Suprema Corte (SCJN) y la mitad de los jueces y magistrados de distrito, y la otra mitad sería elegida en 2027. 

Cambios en la Suprema Corte 

La Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial en México. La propuesta prevé una reducción en la cantidad de ministros (integrantes) de la SCJN, que pasarían a ser nueve en lugar de los 11 actuales y cuyo cargo mantendrían por 12 años, tres menos que en la actualidad. 

También eliminaría las dos salas que funcionan en el presente y la Corte solo sesionaría en pleno.

Para optar al puesto sería necesario ser mayor de 35 años, tener una década de antigüedad como abogado y no haber ocupado cargos el año previo a su elección.

No habría posibilidad de pensión vitalicia en caso de jubilación, como ahora, y la remuneración de los miembros de la Corte nunca podrá superar a la del jefe del Ejecutivo. 

Un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial 

Es otra novedad, pues sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial.

Podría recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley.

De los siete miembros del CJF pasaría a solo cinco, de los que el Ejecutivo nombraría uno, el Senado otro y el resto la SCJN, con un periodo de seis años cada uno. 

Jueces sin rostro 

La reforma contempla la posibilidad de incorporar la persona de “jueces sin rostro”, figuras que impartirían justicia en casos de narcotráfico y alta violencia de forma anónima con el objetivo de preservar su seguridad e independencia frente a extorsiones y amenazas.

Estas medidas, implementadas en otros países como Brasil, Perú, Colombia o El Salvador, suscita grandes recelos por la opacidad que implica, ya que estos jueces no obedecerían a ningún tipo de rendición de cuentas públicamente y tendrían un poder casi absoluto otorgado por la propia Constitución.

El apoyo de Sheinbaum y las críticas internacionales 

Pese a que en un primer momento se especuló con que Sheinbaum podría defender una versión más moderada de la reforma, finalmente la presidenta electa, que asume el gobierno el próximo 1 de octubre, respaldó completamente la iniciativa presentada por López Obrador.

En el plano internacional, el embajador estadounidense Ken Salazar quien aludió a “riesgos para la democracia y la economía”, y agencias calificadoras como Fitch, mostraron su preocupación por el impacto que pudiera tener la reforma en la inversión y la seguridad jurídica.

A ello se suma la depreciación del peso, que ha sido continuada desde que se conociese la victoria electoral de Sheinbaum, con una caída hasta las 20 unidades por dólar, nivel no visto desde 2022. 

Poder Judicial no se debe invadir de populismo: Palacios

Para el ex gobernador de Querétaro, Mariano Palacios Alcocer, la reforma al Poder Judicial que está por ser votada por el Senado de la República es inviable, principalmente porque no está de acuerdo con el principio de elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros.

El ex funcionario comentó que se deben respetar valores fundamentales para el Poder Judicial y que se debe evitar que se invada del populismo que tiene el Ejecutivo federal.

“No comparto el principio de la elección directa de jueces constitucionales. Los valores sustantivos son la independencia, el profesionalismo, la inamovilidad judicial, la no politización de la justicia y el no volver al Poder Judicial un poder que se invada del populismo que hoy tiene el Ejecutivo”.

Por lo tanto, consideró que los jueces deben ceñirse al cumplimiento de la ley y no a las simpatías populares, por lo que descarta que funcione el populismo judicial.

Palacios Alcocer también se pronunció en contra de la desaparición de los organismos autónomos, al asegurar son derechos fundamentales para la ciudadanía.

“Los organismos constitucionales autónomos han sido una conquista ciudadana. En muchos países, los derechos fundamentales de acceso a la información, por ejemplo o de tener acceso a los espacios o de las frecuencias públicas tienen que ser discutidos por la sociedad, no decisiones de los gobiernos o de la administración porque hay que evitar la discrecionalidad de la autoridad en el otorgamiento de concesiones de las frecuencias de radio y televisión. Deben ser criterios técnicos con la sociedad civil”, opinó.

Cuestionó lo que llamó la “domesticación de los organismos autónomos” y afirmó que son importantes sus voces para la defensa de derechos de la ciudadanía en amparo de la Constitución.

“Es indeseable la domesticación de los organismos autónomos. Representan voces imparciales en defensa de derechos al amparo de la Constitución y los Gobiernos obedecen a programas con base en plataformas electorales que registran ante la autoridad electoral y no necesariamente para el cumplimiento de sus fines colectivos y no de sus clientelas electorales” e insistió en que debe haber diálogo entre las partes.

Votar a jueces sube riesgo de más influencias: las ONG

Unas 60 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de la sociedad civil de América señalaron que la reforma al Poder Judicial en México, para elegir por voto popular a jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte, aprobada el pasado 4 de septiembre de la Cámara de Diputados “aumenta la influencia política en los nombramientos de personas juzgadoras, socavando gravemente la independencia judicial en el país”.

Para que esta iniciativa se convierta en ley, aún es necesaria su votación y aprobación en el Senado, que es posible se concrete la próxima semana.

En un comunicado, emitido ayer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), una de las ONG firmantes, recordó que la reforma propone que todas las personas juzgadoras, incluyendo a ministros de la Suprema Corte, sean elegidas por voto popular directo, a partir de nominaciones impulsadas por los tres poderes.

“Esto incrementa el riesgo de influencias indebidas sobre la judicatura por parte de actores políticos, pero también del crimen organizado, degradando la profesionalización judicial”, dijo.

Además, “se prevé el cese masivo de aproximadamente mil 800 personas juzgadoras, lo cual vulnera la garantía de inamovilidad, con un impacto directo en el acceso a la justicia de la ciudadanía”.

También dijo, se introduce la figura de los “jueces sin rostro”, ampliamente rechazada por organismos internacionales de derechos humanos por vulnerar la imparcialidad e independencia judicial, así como el derecho de defensa.

Ante ello, las ONG hicieron un llamado a las autoridades mexicanas, especialmente al Senado mexicano “para que analicen con cautela la propuesta y sus implicaciones en la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, tomando en cuenta lo advertido por organismos internacionales de derechos humanos”.

Recordaron que el papel de la judicatura como garante de derechos y libertades y como contrapeso en un Estado democrático de derecho debe ser premisa fundamental y “cualquier reforma requiere un diagnóstico objetivo, con soluciones acordes a los problemas identificados, sustentadas con evidencia”.

¿Por qué el paro de labores del Poder Judicial es ilegal, según López Obrador?

Jueces y magistrados de México se unirán y, a partir de mañana, iniciarán el paro indefinido de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ante la iniciativa de ley que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena. Pero ¿Qué piensa el Mandatario sobre la protesta?

López Obrador aseguró que es ilegal el paro de labores que llevan a cabo trabajadores del Poder Judicial como protesta en contra de la reforma constitucional a este poder.

El Mandatario federal minimizó la protesta al afirmar que “no va a suceder nada” y que a la mayoría de los mexicanos no les importa este paro de labores.

Señaló que este paro de actividades “hasta nos va a ayudar” al manifestar de forma sarcástica que los jueces, magistrados y ministros no van a dejar en libertad a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco.

En Palacio Nacional, el Presidente López Obrador garantizó respeto a esta protesta, y señaló que a su gobierno no le corresponde sancionar a los trabajadores que se sumen al paro, sino al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Han decidido irse los del Poder Judicial a una huelga, a la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Yo les diría con toda franqueza y también respeto de que hasta nos va a ayudar a que si no están los jueces, no están los magistrados, no están ministros en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado y como no van a estar trabajado los juzgados tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco”.
“La única cosa que me preocupa es que tiene ahí un expediente guardado de 25 mil millones de pesos, ese sí quisiera yo que le diera curso, pero por lo demás no va a suceder nada, no pasa nada y en lo que a nosotros nos corresponde respeto absoluto a su huelga, liberad, establece la ley ellos lo saben que es ilegal, lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar, le corresponde al Consejo de la Judicatura, es decir al mismo Poder Judicial, pero si aún nos correspondiera a nosotros se garantiza el derecho a disentir y el derecho a la huelga. Nosotros no tenemos ningún problema”, dijo.

Magistrados y jueces federales aprueban paro nacional en protesta contra reforma judicial

En una votación virtual y ante notario público, jueces y magistrados, quienes integran el Poder Judicial de la Federación aprobaron el paro nacional indefinido de labores que inició la madrugada de este lunes en, al menos, 29 estados del país en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), informó que, de un universo de mil 403 juzgadores, mil 202 votaron por SI realizar la suspensión de las actividades jurisdiccionales y 201 por el NO.

En el transcurso del día, los juzgadores y magistrados efectuaron la votación tras recibir una liga de internet donde ingresaron el correo electrónico institucional para ejercer el voto a través de un dispositivo electrónico.

Esta acción estuvo a cargo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), la semana pasada el organismo lanzó la convocatoria, se diseñó una plataforma para votar donde participaron juezas, jueces, magistradas y magistrados, así como asociados o jubilados. El paro a este nivel arrancará el próximo miércoles.

En un comunicado la Jufed señaló que del ejercicio democrático llevado a cabo a los juzgadores en la consulta de: “Como titular del Poder Judicial de la Federación ¿Estás de acuerdo con la suspensión de actividades jurisdiccionales quedando solamente guardias para la atención de casos urgentes? Se obtuvo el siguiente resultado.

¿Cómo se eligen los ministros de la Corte y cómo sería con la reforma?

Una reforma al Poder Judicial viene y eso podría cambiar por completo la forma en la que se eligen los ministros de la Suprema Corte. Pero ¿En qué consiste esta iniciativa? Aquí te contamos.

El cargo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido mencionado de manera constante en los últimos meses debido a la reforma al Poder Judicial que planteó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿De qué se encargan los ministros?

De acuerdo con el Reglamento Interior de la SCJN, el Artículo 64 explica que los ministros tienen los siguientes derechos y obligaciones: