El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que se harán tres encuestas ciudadanas para conocer la opinión popular respecto a la reforma al Poder Judicial. Las consultas serán casa por casa y las realizarán el partido y las dos casas encuestadoras que se acercaron más a los resultados de la elección del 2 de junio.
Delgado aclaró que Morena cubrirá el costo y que estos censos van a comenzar lo antes posible. “Serán dos empresas más la encuestadora de Morena. Y vamos a entregarle los resultados a la virtual ganadora de la Presidencia de la República en cuanto los tengamos”, dijo.
Añadió: “Lo vamos a hacer con encuestadoras serias para tener confianza de los resultados. Lo que queremos es conocer la opinión del pueblo de México sobre la reforma al Poder Judicial”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que el Poder Judicial se puede reformar con la participación de todos los ciudadanos, por eso no hay que tenerle miedo al pueblo. “No hay nada perfecto, nada. No se puede pensar que se viva en una sociedad perfecta, se aspira a vivir en una sociedad perfecta, esa es la bella utopía de convertir un ideal en realidad, pero esto es lo mejor”, dijo refiriéndose a la elección de ministros.
Mientras, Claudia Sheinbaum informó que mantiene su posición de la elección por el voto popular de los ministros, “no es novedad”, pero que es importante hacer un parlamento abierto sobre la reforma al Poder Judicial. “Esperamos que el lunes esté el resultado de esta encuesta de qué opina el pueblo de México de los jueces, magistrados, ministros, y también de la elección directa”, dijo.
Por su parte, el ministro Juan González Alcántara afirmó que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están dispuestos a entablar un diálogo sobre la reforma judicial, basado en la evidencia, en un diagnóstico real y en el que se intercambien ideas con los operadores y actores del sistema de justicia. “Reconocemos que el sistema de justicia federal es perfectible, sabemos y lo reconocemos, y en este punto, la autocrítica es indispensable para mejorar”, afirmó.
La senadora panista Lilly Téllez criticó la reforma judicial y presentó un proyecto que busca reformar el proceso de selección de ministros y eliminar la facultad del Presidente de la República para intervenir en dichos procedimientos. “Morena apuesta por la ‘obradorización’ del Poder Judicial: quieren ministros, magistrados y jueces sometidos al Presidente bajo la aparente elección por el voto popular directo. Los juzgadores tienen que ser los defensores de la Constitución, no empleados del Presidente”, expresó a través de sus redes sociales.
La consejera jurídica de la Presidencia de la República, María Estela Ríos González, afirmó que la reforma no sólo es necesaria sino es deseable, pues este Poder del Estado se ha convertido en una oligarquía. “Por qué razón ocho señores deciden, dizque democráticamente, echar abajo las decisiones de la mayoría del Congreso de la Unión”, cuestionó.
Aseguró, por otra parte, que lo que se va a garantizar es que los jueces sean elegidos por el pueblo, “entonces a quienes se deben son al pueblo, no a un pequeño grupo de personas poderosas, por eso decía que ahora prácticamente de aristocracia de los jueces estamos pasando a la oligarquía de unos cuantos que deciden el destino de nosotros”.
La reforma al Poder Judicial que propone el Presidente López Obrador promete transformar el sistema judicial, una nueva iniciativa con varias modificaciones sustanciales en la estructura y funcionamiento de la SCJN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Las propuestas abarcan desde la reducción del número de ministros hasta cambios en la forma de elección de los mismos.
Entre los cambios más relevantes para la SCJN se encuentra la reducción del número de integrantes de la SCJN de 11 a nueve, y el recorte del periodo de encargo de los ministros, que actualmente es de 15 años, a 12 años. Además, se busca eliminar la pensión vitalicia para los ministros actuales y futuros, y ajustar sus remuneraciones al tope máximo establecido para el Presidente de la República.
La iniciativa también propone una reestructuración significativa de la SCJN al eliminar la primera y segunda sala, permitiendo que sólo sesione el Pleno. Además, todas las sesiones del Pleno deberán ser públicas, promoviendo así la transparencia en el Máximo Tribunal de justicia.
En cuanto al TEPJF, las reformas propuestas incluyen la reducción del número de magistrados de siete a cinco, y un cambio en la duración del encargo de los magistrados del TEPJF, que será de seis años en lugar de los cinco actuales. Los magistrados serán reemplazados de manera escalonada y no podrán ser reelectos para un nuevo periodo. Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal deberá desaparecer y será sustituido por el Tribunal de Disciplina Judicial.
El punto más controvertido de la propuesta, y que ha generado confrontaciones entre los partidos políticos, es la elección de ministros, magistrados y jueces por voto directo de los ciudadanos, en lugar de ser designados como se hace actualmente.
