Recortes presupuestarios a la Comar y al INM limitan capacidad para enfrentar deportaciones

Recortes presupuestarios a la Comar y al INM limitan capacidad para enfrentar deportaciones masivas

Para el año 2025, el gobierno mexicano tiene previsto un recorte del 10% en los presupuestos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), lo que dificultará la gestión de las deportaciones masivas que el presidente electo Donald Trump podría implementar, según señalaron fuentes del gobierno mexicano.

Recorte presupuestario afecta la capacidad de respuesta

El recorte presupuestario pone en una posición difícil a las instituciones migratorias de México, que se verían incapaces de gestionar un aumento drástico de deportaciones desde Estados Unidos, especialmente si el gobierno de Trump decide expandir las deportaciones a gran escala. Aunque aún no está claro cuántos migrantes serán deportados, México ya representa una parte significativa de los migrantes indocumentados en EE.UU. A principios de 2022, casi la mitad de los 11 millones de migrantes indocumentados en EE.UU. eran mexicanos, según el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

Uno de los funcionarios que habló bajo condición de anonimato destacó que, con un presupuesto tan ajustado, será difícil manejar el flujo masivo de deportados, que podría superar el número de deportaciones de los últimos años, que rondan los 200,000 mexicanos anuales.

Deportaciones de migrantes de terceros países también podrían aumentar

Además, se teme que la administración de Trump presione a México para que reciba a migrantes de otros países, como Venezuela, Haití y Nicaragua, cuyos deportados Estados Unidos ha tenido dificultades para repatriar. Esto pondría una presión adicional sobre las instituciones migratorias mexicanas.

Sheinbaum prepara un plan, pero con pocos detalles

La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que México tiene un plan para recibir a los deportados mexicanos, aunque aún no ha dado detalles específicos sobre cómo se implementará ni cómo se financiará. En una reciente declaración, Sheinbaum mencionó que este plan involucra consultorías consulares y trabajo dentro del país. “Esperamos que no ocurra, pero si llegara a suceder, estamos preparados para recibirlos”, aseguró.

Déficit presupuestario y recortes en todo el gobierno

Sheinbaum heredó un déficit presupuestario cercano al 6%, el más alto desde la década de 1980, lo que ha obligado al gobierno a hacer recortes en varios sectores. Según el proyecto de presupuesto para 2025, el INM y la Comar recibirán 1,747 millones de pesos (aproximadamente 86 millones de dólares), un 10% menos que el presupuesto de este año.

Impacto de los recortes en la gestión de migración

Este recorte presupuestario es particularmente preocupante para el INM, que ha gastado casi 68 millones de dólares solo en el traslado de migrantes no mexicanos fuera de la frontera con EE.UU. como parte de una estrategia para frenar el flujo migratorio.

Además, otros organismos clave, como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Guardia Nacional, también enfrentarán recortes significativos. La Guardia Nacional, que ha jugado un papel crucial en la vigilancia de migrantes, verá su presupuesto reducido a la mitad.

Preocupación por el impacto en los deportados y la infraestructura de apoyo

Los funcionarios del gobierno mexicano han señalado que los recortes podrían afectar el sistema de recepción y apoyo a los deportados, que incluyen albergues temporales y programas para ayudar a los migrantes a encontrar empleo en México. A pesar de las preocupaciones, las autoridades mexicanas confían en que las deportaciones masivas se implementarán gradualmente, lo que daría tiempo a preparar un plan más detallado.

Reacciones de expertos sobre los recortes

Rafael Hernández, experto en migración del Colegio de la Frontera Norte (Colef), calificó de “muy preocupante” la reducción del presupuesto para la Comar, que recibirá solo 47.8 millones de pesos (aproximadamente 2.3 millones de dólares) en 2025, lo que representa una disminución del 10% con respecto al año anterior. Esto pone en duda la capacidad de la institución para gestionar los posibles aumentos en la cantidad de refugiados y solicitantes de asilo.