El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma constitucional para ponerle un tope más bajo al aumento de las rentas en la Ciudad de México.
Con 50 votos a favor se aprobaron en lo general y en lo particular modificaciones al Código Civil y a la Ley de Vivienda para que el incremento de la renta nunca sea mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, “respecto de la cantidad pactada como renta mensual”.
Actualmente se estipulaba que el incremento no podrá exceder del 10% de la cantidad pactada como renta mensual.
Asimismo, estas reformas crean un registro digital de contratos de arrendamiento, de autorización inmediata, a cargo del Gobierno de la Ciudad de México y “para tales efectos el arrendador deberá registrar sus contratos en un plazo no mayor a 30 días de celebrado el contrato”.
De igual forma, este dictamen garantiza la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible para las personas de menores ingresos por parte del Gobierno de la Ciudad de México.
Esta producción pública de vivienda será aquella que realice la administración capitalina con recursos públicos, a fin de ofrecer acceso a la vivienda en arrendamiento con un criterio de asequibilidad para las personas de menores ingresos.
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