Beatriz Paredes, aspirante a liderar la construcción del Frente Amplio Por México, ha expresado su opinión respecto a los lineamientos recientemente aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para regular las actividades de quienes participan en las contiendas internas de los bloques partidistas. Según Paredes, estas normativas llegan tarde y dejan en desventaja a la oposición, ya que, en su percepción, los miembros de Morena y sus aliados han gozado de libertad para actuar durante mucho tiempo.

La aspirante ha planteado que estas reglas del INE parecen ser una respuesta posterior a la extensa labor que Morena y otros partidos ya han realizado en el país. En sus propias palabras, “A las ‘corcholatas’ las dejaron trabajar cuando eran funcionarios públicos. Me parece que la cancha no ha estado pareja. Cuando la cancha ya está desnivelada, no es fácil con unas reglas como estas nivelarla”, señaló.

Paredes Rangel se muestra confiada en alcanzar las 150 mil firmas requeridas por el comité organizador del Frente Amplio para avanzar a la segunda fase del proceso de selección del candidato presidencial de oposición. Sin embargo, ha admitido que no ha sido un camino sencillo, especialmente porque gran parte de su base de apoyo se encuentra en el campo.

“Vamos bien, pero a muchos de mis simpatizantes les ha costado mucho trabajo porque, como saben, yo he sido dirigente campesina y tengo muchos simpatizantes en el medio rural, y no son conocidos por tener teléfonos inteligentes e iPads. Entonces, ha sido un triple esfuerzo para nosotros, pero vamos muy bien y vamos a llegar a la meta”, aseguró la priista.

Por su parte, el Consejo General del INE ha aprobado por unanimidad los lineamientos para regular y fiscalizar las giras realizadas por los aspirantes presidenciales de Morena y del Frente Amplio por México. Estas regulaciones buscan establecer un marco claro para las actividades políticas y asegurar un proceso electoral justo y transparente.

La discusión en torno a las reglas y la equidad en el proceso electoral es un tema de importancia crucial para el futuro político del país. A medida que avance el proceso de selección del candidato presidencial de oposición, se espera que las posturas y argumentos de los diferentes aspirantes continúen generando debate y análisis en la esfera pública.

Dania Ravel, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), ha levantado una solicitud de investigación a la Secretaría Ejecutiva tras recibir denuncias de diversos medios de comunicación acerca de un bloqueo en la puerta de la sala de prensa del INE. Este bloqueo habría tenido como objetivo impedir que los reporteros entrevistaran a los gobernadores que asistieron a la sede del organismo el pasado martes.

En sus redes sociales, Ravel expresó: “He solicitado a la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE que se realice una investigación y se entregue un informe a las y los Consejeros Electorales. La libertad de prensa es fundamental en una democracia”.

La fecha de la solicitud es del 25 de julio y se dirige a la Licenciada María Elena Cornejo Esparza, quien está a cargo del despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE. En el texto de la consejera se lee: “Le solicito se sirva girar sus instrucciones a las áreas técnicas correspondientes para que se investiguen los hechos denunciados públicamente por diversos medios de comunicación, en donde se hace referencia a que se encerró a personas periodistas en la sala de prensa del Instituto”.

La reunión convocada por el INE el martes contó con la presencia de gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores, pero únicamente asistieron mandatarios emanados de Morena. Durante la reunión, se abordaron temas relacionados con seguridad, presupuesto para los Organismos Públicos Locales Electorales y las reglas para el próximo proceso electoral federal, que incluye la renovación de la presidencia de la República.

En una entrevista para Latinus, la consejera Dania Ravel explicó que durante la reunión hablaron los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; Guerrero, Evelyn Salgado; Quintana Roo, Mara Lezama; Michoacán, Alfredo Ramírez; así como un representante del gobierno de Veracruz. En general, estos gobernadores pidieron al INE garantizar la imparcialidad en los próximos comicios y un mayor margen de libertad de expresión para ellos.

Sin embargo, antes de la llegada de los gobernadores, el personal del Instituto Nacional Electoral bloqueó una de las dos puertas de la sala de prensa donde se encontraban los representantes de los medios de comunicación. Este bloqueo tuvo como finalidad permitir a los gobernadores y funcionarios un acceso directo al lugar de la reunión.

El INE respondió a la situación diciendo: “La sala de prensa del INE siempre estuvo abierta para la libre entrada y salida de las y los periodistas, que nunca estuvieron encerrados. El lugar cuenta con dos accesos, y uno de ellos estuvo abierto sin ningún tipo de restricciones”.

La investigación solicitada por la consejera busca esclarecer lo ocurrido y asegurar el respeto a la libertad de prensa en el marco de la democracia del país. Se espera que el INE tome medidas adecuadas para garantizar la transparencia y la libertad informativa en sus futuras reuniones con funcionarios públicos.

La defensa de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), expresó el jueves su profunda decepción y sensación de engaño por parte de las instituciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto surge después de que el monto del acuerdo reparatorio se elevara a una asombrosa suma de 30 millones de dólares.

En una entrevista radial, el abogado Miguel Ontiveros destacó que, aunque aún queda tiempo hasta el último día de agosto para firmar un acuerdo entre Lozoya y las autoridades federales, la defensa ya se está preparando para presentar amparos contra Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Emilio Lozoya se siente completamente decepcionado y traicionado por las instituciones de la República. Renunció a su defensa en España confiando en la política anticorrupción del presidente. Vino, denunció y aportó elementos, colaborando constantemente incluso desde prisión con las instituciones del gobierno. Ahora, se siente engañado y desilusionado”, afirmó el abogado.

El aumento del 200% en el monto para la reparación del daño lleva a creer que las autoridades buscan silenciar a Lozoya sobre la corrupción del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto. “El gobierno de México parece no querer que Emilio Lozoya revele información sobre los hechos de corrupción que denunció, relacionados con el sexenio pasado y un aparato organizado de poder corrupto. La estrategia para evitar que hable es imponerle una garantía impagable”, expresó Ontiveros.

El abogado relató que Lozoya ya manifestó ante el juez que el aumento del monto fue una forma de extorsión y engaño por parte del gobierno de López Obrador, después de haber generado expectativas de que Lozoya sería tratado como testigo colaborador.

“Creemos que la razón detrás de esta garantía impagable es silenciarlo y mantenerlo en prisión, pero nosotros lucharemos hasta el final para lograr su libertad”, reafirmó Ontiveros.

En una audiencia del 18 de julio pasado, el acuerdo entre el gobierno federal y Emilio Lozoya se desmoronó cuando las autoridades incrementaron el monto necesario para lograr el acuerdo reparatorio que permitiría la liberación del acusado. Tanto Pemex como la UIF fijaron en 30 millones de dólares el monto de indemnización, casi el triple de lo requerido anteriormente (10.7 millones de dólares).

Este revés ha generado una situación de incertidumbre en el caso Lozoya y ha dejado a su defensa luchando para esclarecer el panorama y buscar la libertad de su cliente. Las próximas semanas serán cruciales para conocer el desenlace de este importante caso de corrupción en México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este jueves las acusaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la supuesta ocultación de información por parte de las secretarías de Marina y Defensa Nacional en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014. AMLO aseguró que ambas dependencias están colaborando activamente en la investigación y que los avances obtenidos son resultado de esa colaboración.

“No existe impunidad y estamos tomando acciones. No es cierto que Marina y Defensa no estén cooperando. Respeto el punto de vista del GIEI, pero no lo comparto. Los avances se deben precisamente a la colaboración de Marina y Defensa, y también a nuestra decisión de no permitir la impunidad”, afirmó durante su rueda de prensa matutina.

El mandatario destacó la diferencia entre las instituciones y los funcionarios o servidores públicos, señalando que no se puede manchar toda una institución por el mal comportamiento de unos pocos. También recalcó que la ocultación de información afecta negativamente a las instituciones y que es importante erradicar la impunidad.

El GIEI presentó sus conclusiones esta semana, señalando que el Estado mexicano tuvo información desde el principio del caso que fue manipulada o ocultada deliberadamente al grupo. Los expertos del GIEI expresaron su preocupación por la falta de transparencia y la necesidad de acceder a la información para avanzar en la investigación.

“El Estado tenía presencia y actuó, pero no protegió. Saben y sabían lo que sucedió. La ocultación de información es una responsabilidad del Estado”, acusó Carlos Beristain, experto del GIEI, en una conferencia.

El Frente Amplio por México dio a conocer el miércoles la instalación de los 32 comités estatales que desempeñarán un papel fundamental en la realización de la encuesta para seleccionar a la persona que encabezará el proyecto político integrado por el Partido de Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) en el proceso electoral de 2024.

“Estos comités servirán para llevar a cabo, en pleno cumplimiento de la ley y de los criterios establecidos por las autoridades electorales, la selección de la persona que coordinará los esfuerzos de este proyecto que busca ofrecer alternativas para el país”, declaró Marco Baños, exconsejero electoral.

El arranque oficial de las actividades de los comités se llevó a cabo este miércoles y estarán conformados por un total de 224 personas. Cada comité estará compuesto por tres representantes ciudadanos, una persona con experiencia electoral y un representante de cada uno de los partidos.

Entre las funciones asignadas a estas organizaciones locales, se encuentra la orientación a la ciudadanía y el apoyo logístico para identificar los centros de participación ciudadana. Los comités inician sus labores en medio del proceso de recolección de firmas de los 12 aspirantes a representar al proyecto de oposición, por lo que desempeñarán un papel clave en las etapas sucesivas.

El anuncio contó con la presencia de exconsejeros electorales y representantes de los tres partidos políticos. Durante el evento, tomaron la palabra Raymundo Bolaños del PAN, Rolando Zapata del PRI y Claudia Castello del PRD, quienes expresaron su respaldo al proceso de selección del candidato.